La Fiscalía Anticorrupción de Panamá solicitó una sentencia condenatoria contra el exministro de Obras Públicas, Federico Suárez, que ejerció el cargo entre 2009 y 2012, al considerarlo autor del delito de peculado doloso agravado dentro del proceso judicial relacionado con supuestos sobrecostos en proyectos viales ejecutados durante ese período.
El Ministerio Público también pidió condena para un consultor que participó en la elaboración del precio de referencia de las obras investigadas. Según la acusación fiscal, las irregularidades habrían generado perjuicios millonarios al Estado en la ejecución de proyectos del Plan de Reordenamiento Vial de la ciudad de Panamá.
La solicitud fue presentada durante la fase final del juicio ordinario que se desarrolló en el Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales, donde las fiscales Ruth Morcillo, Jenisbeth Malek y Thalia Palacios sostuvieron que existen elementos probatorios suficientes para responsabilizar penalmente a los acusados.
Las investigaciones se concentran en los proyectos de rehabilitación del Patrimonio Histórico del Casco Antiguo y en la ampliación de la avenida José Domingo Díaz, obras ejecutadas como parte de las intervenciones viales impulsadas por el gobierno del expresidente, Ricardo Martinelli, entre 2009 y 2014.
De acuerdo con los informes de auditoría de la Contraloría General de la República, el presunto perjuicio económico al Estado se relaciona con sobrecostos en ambas obras, los cuales superarían los 90 millones de dólares.
El informe de auditoría n.° 03-009-2017 DIAF, fechado el 24 de abril de 2017, determinó que en la fase precontractual del proyecto de estudio, diseño, construcción y financiamiento para el ensanche de la avenida Domingo Díaz se habría producido un sobreprecio de $47,388,002.
Adicionalmente, el proyecto vinculado al Patrimonio Histórico registraría irregularidades por $51,496,740, según los documentos presentados por el Ministerio Público durante el proceso judicial.
La acusación fiscal sostiene que el exministro del MOP, durante su gestión, contrató servicios de consultoría con empresas privadas para la elaboración de los costos estimados de las obras, en el marco de procesos de licitación por mejor valor con evaluación separada.
Cada contrato de consultoría fue suscrito por $29,900, pero posteriormente se habrían aprobado precios estimados que derivaron en sobrecostos en la construcción de pasos elevados peatonales dentro del proyecto de ampliación de la avenida Domingo Díaz.
Según la investigación, estas decisiones habrían provocado un sobreprecio adicional de $5,694,482.78 en esa infraestructura específica.
El expediente judicial también incluye información bancaria y financiera recopilada durante las investigaciones iniciadas en mayo de 2017, cuando el Ministerio Público abrió el proceso por la presunta comisión de delitos contra la administración pública y blanqueo de capitales.
Las autoridades analizaron movimientos bancarios de empresas y particulares con el objetivo de establecer la trazabilidad del dinero vinculado a los contratos investigados.
Además, el caso incorpora declaraciones juradas de funcionarios y exfuncionarios del Ministerio de Obras Públicas, del Ministerio de Economía y Finanzas y de la Contraloría General, así como testimonios de representantes de entidades financieras.
Durante la audiencia, la Fiscalía también solicitó la absolución de cuatro personas que formaron parte de la Comisión Técnica Evaluadora en los procesos de licitación.
Según la acusación, no se pudo determinar que estos funcionarios hubieran participado en un esquema para favorecer a un contratista específico al fijar los precios de referencia de las obras.
El Ministerio Público indicó que las evidencias disponibles no permitieron establecer responsabilidad penal directa en relación con estas personas, por lo que pidió su absolución dentro del proceso.
Los proyectos investigados fueron ejecutados por consorcios integrados por empresas internacionales que participaron en las licitaciones públicas. La rehabilitación del Patrimonio Histórico del Casco Antiguo fue adjudicada a Odebrecht y a Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), mientras que la ampliación de la avenida José Domingo Díaz fue ejecutada por el consorcio ICA-MECO.
De acuerdo con la teoría del Ministerio Público, varias compañías habrían coordinado previamente las ofertas económicas para repartirse los contratos, estableciendo márgenes destinados al pago de sobornos dentro de las estructuras de contratación pública.
La audiencia ordinaria concluyó el miércoles 11 de marzo de 2026, luego de más de una semana de alegatos por parte de la Fiscalía, la querella y los abogados defensores.
El proceso judicial comenzó el 2 de marzo y el expediente acumulado de los casos “Patrimonio Histórico” y “Avenida Domingo Díaz” supera los 60 tomos de documentación. Durante la jornada final, los defensores cuestionaron los informes periciales elaborados por auditores de la Contraloría, argumentando que las metodologías utilizadas para calcular los precios de referencia no reflejaban necesariamente irregularidades en las licitaciones.
Al cierre de la audiencia, la jueza Águeda Rentería anunció que se acogerá al término que establece la ley para emitir su decisión sobre el caso. El tribunal deberá evaluar las pruebas presentadas por las partes y determinar si existió responsabilidad penal en la fijación de los precios de las obras.
La sentencia definirá el futuro judicial de los acusados en uno de los procesos vinculados a supuestos sobrecostos en proyectos de infraestructura pública desarrollados en Panamá durante la última década.
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