
Hay costos que no aparecen directamente en las estadísticas de inflación, pero que terminan impactando en los precios, la rentabilidad de las empresas y la capacidad de crecimiento de un país. El deterioro de las rutas nacionales y provinciales es uno de ellos. Cada kilómetro sin mantenimiento, cada bache, cada desvío y cada demora en el transporte de cargas representan recursos que la economía pierde y que terminan pagando productores, transportistas, comerciantes y consumidores.
Un relevamiento de Focus Market, realizado junto con la Primera Asociación de Empresarios de Transporte Automotor de Carga (Paetac), expone la dimensión del problema: los transportistas identificaron 37 tramos en mal estado distribuidos en 21 provincias, que representan aproximadamente 4.625 kilómetros afectados. De ese total, 4.540 kilómetros corresponden a rutas nacionales y 85 kilómetros a rutas provinciales.
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Los casos relevados muestran situaciones críticas. La Ruta Nacional 40 (RN 40), entre Perito Moreno y Gobernador Gregores, registra una demora estimada de hasta 4 horas y 8 minutos. La RN 151 presenta sectores muy deteriorados entre Puelén y Cipolletti, mientras que la RN 152 fue señalada por sus condiciones prácticamente intransitables. También aparecen tramos críticos de las rutas nacionales 3, 14, 16 y 25.

El dato de las cuatro horas adicionales no es simplemente una anécdota del transporte. Es tiempo de trabajo improductivo, mayor consumo de combustible, desgaste de neumáticos, reparaciones mecánicas, mayores costos salariales y dificultades para cumplir con los plazos de entrega.
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En una economía donde la logística constituye un componente central de la estructura de costos, cada demora termina trasladándose a toda la cadena productiva.
El costo económico de circular por rutas deterioradas
La infraestructura vial es un factor de productividad. Una ruta en condiciones permite transportar más mercadería en menos tiempo, reducir el consumo energético, optimizar la utilización de los camiones y mejorar la previsibilidad de las entregas. Por el contrario, una red deteriorada obliga a utilizar más recursos para obtener exactamente el mismo resultado económico.
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El impacto tiene varias dimensiones:
- Aumenta el costo operativo directo de las empresas de transporte.
- Se incrementan los inventarios y las necesidades de capital de trabajo, porque las empresas deben contemplar mayores tiempos de traslado e incertidumbre en sus abastecimientos.
- Disminuye la competitividad de los productores que deben trasladar sus bienes hacia los centros de consumo, puertos y pasos fronterizos.
La producción agropecuaria, la industria, la minería y las economías regionales necesitan rutas transitables para conectar sus establecimientos con los mercados
Esto resulta especialmente relevante para la Argentina, cuya matriz productiva tiene una fuerte dependencia del transporte automotor. La producción agropecuaria, la industria, la minería y las economías regionales necesitan rutas transitables para conectar sus establecimientos con los mercados.
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El problema también tiene una dimensión territorial. Según el Plan Estratégico de Infraestructura 2024-2035 de la provincia de Buenos Aires, el 55% de las cargas transportadas en el país circula por territorio de la provincia de Buenos Aires y el 32% de las toneladas producidas a nivel nacional tiene origen en esa jurisdicción. La conectividad vial bonaerense, por lo tanto, no es un asunto exclusivamente provincial: tiene consecuencias directas sobre la economía federal.
Argentina frente a sus vecinos: una brecha de competitividad
La comparación internacional permite dimensionar el desafío. Según el indicador de calidad de las carreteras del Foro Económico Mundial, organización internacional con sede en Ginebra, correspondiente a 2019, Chile alcanzaba 5,2 puntos sobre 7, Uruguay 3,7 y Argentina 3,6. Brasil registraba 3 puntos. Aunque se trata de una medición histórica basada en percepciones empresariales y no de una auditoría actual de pavimentos, muestra que Argentina se encontraba por debajo de Chile y ligeramente por debajo de Uruguay.
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La comparación con Chile es relevante. Su infraestructura vial y sus corredores logísticos constituyen un componente importante de su inserción comercial internacional. Para Argentina, mejorar la conectividad implica reducir las desventajas que enfrentan sus exportadores al trasladar productos desde los centros productivos hasta los puertos.

A su vez, el informe Panorama Económico de América Latina 2026 de la OCDE, Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos, advierte que las deficiencias de infraestructura y logística siguen debilitando la competitividad regional. La inversión en infraestructura de América Latina y el Caribe representó apenas el 1,5% del PBI en 2023, frente a necesidades estimadas cercanas al 3,1% anual hasta 2030. El organismo muestra, además, que cerrar la mitad de la brecha de infraestructura respecto de las economías avanzadas podría incrementar las exportaciones hasta un 30 por ciento.
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La infraestructura no es un gasto accesorio, sino una condición para competir internacionalmente.
El costo de no invertir y el valor del mantenimiento
Existe otro aspecto económico que suele quedar relegado: reparar tarde cuesta más que mantener a tiempo. El deterioro progresivo de una ruta transforma intervenciones preventivas relativamente económicas en obras de rehabilitación mucho más costosas.
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Cerrar la mitad de la brecha de infraestructura respecto de las economías avanzadas podría incrementar las exportaciones hasta un 30 por ciento (OCDE)
El propio Plan Estratégico de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires advierte que la falta de mantenimiento sostenido puede elevar en un 50% la inversión total requerida por kilómetro. Es decir, postergar una reparación no necesariamente significa ahorrar recursos: muchas veces significa multiplicar el costo futuro.
Por eso, la política vial debería contemplar presupuestos plurianuales, mantenimiento preventivo, prioridades definidas por volumen de tránsito y relevancia productiva, controles de cargas y mecanismos transparentes de ejecución. También resulta necesario coordinar las responsabilidades entre Nación y provincias para evitar que los corredores estratégicos queden atrapados en disputas jurisdiccionales.
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El desafío no consiste solamente en construir nuevas rutas. También consiste en conservar las existentes, mejorar los accesos a los parques industriales, asegurar la transitabilidad de los caminos rurales y garantizar conexiones eficientes con puertos, ferrocarriles y pasos internacionales.
Argentina necesita discutir su infraestructura desde una perspectiva económica integral. Una ruta destruida no solo afecta al camionero que debe circular por ella: afecta al productor que paga más por transportar su cosecha, a la industria que recibe tarde sus insumos, al comercio que enfrenta mayores costos de reposición y al consumidor que termina pagando parte de esa ineficiencia.
El deterioro vial funciona como un impuesto indirecto sobre la producción nacional. No figura en una factura tributaria, pero reduce márgenes, absorbe tiempo, consume combustible y resta competitividad.
El deterioro vial funciona como un impuesto indirecto sobre la producción nacional
En un país que necesita aumentar sus exportaciones, atraer inversiones y recuperar productividad, no alcanza con producir más: también hay que poder transportar mejor. La infraestructura vial es parte de esa ecuación.
Mantener las rutas nacionales y provinciales en condiciones no debería ser una discusión circunstancial del presupuesto público, sino una política económica estratégica de largo plazo. Porque una economía que no puede trasladar eficientemente lo que produce termina perdiendo una parte de su capacidad de crecer.
El autor es analista económico y director de la consultora Focus Market
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