Malvinas, Hamburgo y la información estratégica

El proceso judicial ante el tribunal marítimo combina argumentos legales, intereses energéticos y una lección sobre formación de cuadros técnicos propios

Una plataforma petrolera flotante con el cartel Sea Lion en la torre central sobre el mar abierto bajo un cielo nublado.
La plataforma petrolera Sea Lion opera en las aguas del océano Atlántico cerca del archipiélago de las islas Malvinas. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El 28 de noviembre, fecha todavía tentativa, veintiún jueces se expedirán en Hamburgo sobre el pedido argentino de frenar Sea Lion, el proyecto petrolero que Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration están desarrollando al norte de Malvinas. El canciller Pablo Quirno explicó la estrategia del Gobierno: un arbitraje bajo la Convención sobre el Derecho del Mar y un pedido de medidas urgentes al Tribunal Internacional del Derecho del Mar mientras ese arbitraje se constituye. La apuesta es seria y está bien planteada. Falta mirar algo que en la Argentina casi nadie examina, quiénes van a firmar la orden.

El planteo argentino deja la soberanía afuera a propósito. Marcelo Kohen, uno de los abogados de la Argentina, sostuvo que el Tribunal puede proteger derechos plausibles sobre la plataforma continental sin resolver antes a quién pertenecen las islas. La fiscal y abogada general británica, Ellie Reeves, respondió que no hay competencia porque, a su criterio, el reclamo es de soberanía. Ese es el nudo del caso, aunque también deberán acreditarse la urgencia y el riesgo de un daño irreparable.

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La historia del Tribunal da algunas pistas. En 2012 ordenó por unanimidad a Ghana liberar la Fragata Libertad, retenida en el puerto de Tema a pedido de un fondo acreedor. En 2001, cuando Irlanda pidió frenar la planta de combustible nuclear de Sellafield, los jueces no la suspendieron, pero obligaron a Londres a consultar e intercambiar información con Dublín. En 2015 una sala especial le negó a Costa de Marfil la suspensión total de la actividad petrolera de Ghana en una zona disputada y ordenó, en cambio, que no se perforaran pozos nuevos. Ese mismo año, en un procedimiento distinto, un tribunal arbitral bajo la misma Convención se declaró incompetente para decidir sobre la soberanía de Chagos, pero determinó que el Reino Unido había vulnerado derechos de Mauricio al crear un área marina protegida.

Esos antecedentes muestran que los tribunales suelen disponer medidas más acotadas que las solicitadas. El pedido argentino de frenar nuevas perforaciones tiene un precedente útil en Ghana, aunque allí se discutía una delimitación marítima y no la soberanía de un archipiélago.

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Entre los diecinueve jueces permanentes que intervienen no hay argentinos ni británicos. Se apartaron la vicepresidenta argentina Frida María Armas Pfirter y el islandés Tomas Heidar. Cada parte designó un juez ad hoc. La Argentina eligió a Raúl Vinuesa, único disidente frente al rechazo de la cautelar argentina por las papeleras en 2006.

La elección británica tiene un costado que merece más atención. Londres designó como juez ad hoc a Vaughan Lowe, que en 2001 defendió a Irlanda contra el Reino Unido en la causa de Sellafield, por la planta MOX. Enfrente estaban Michael Wood y Samuel Wordsworth, los mismos abogados que hoy representan a Londres en Hamburgo. Veinticinco años después vuelven a encontrarse, aunque en funciones distintas. Quien entonces cuestionaba la posición británica ahora deberá juzgar sus argumentos, elegido por el mismo Estado al que había enfrentado.

El antecedente demuestra lo que Londres evaluó para elegirlo. Lowe es reconocido por presentar argumentos de alta complejidad técnica con gran solidez académica y con una ganada reputación de ser uno de los principales litigantes en derecho del mar. Para la Argentina, esa experiencia debería reforzar la importancia de contar con equipos propios que estudien las trayectorias, los criterios jurídicos y las relaciones profesionales de quienes pueden decidir sobre nuestros intereses. La fuerza de un reclamo no reemplaza ese trabajo, y menos aún el voluntarismo.

El dato que más llama la atención está entre los permanentes. La ghanesa Sylvia Ama Adusu juró como jueza el 1 de octubre. Según su propio currículum, integró el equipo de Ghana que enfrentó a la Argentina en la causa de la Fragata Libertad. Entre 2014 y 2017 representó a Ghana frente a Costa de Marfil, en un caso donde su país defendía la continuidad de sus operaciones petroleras, y su gobierno la condecoró por ese trabajo. Menos de dos meses después de asumir le toca votar sobre perforaciones en aguas disputadas, ante un pedido del mismo Estado que enfrentó como abogada en Hamburgo.

La vietnamita Nguyen Thi Lan Anh, que también asumió en octubre, cursó una maestría en la Universidad de Sheffield y fue becaria Chevening, el programa del Gobierno británico. Años después fue mentora de su red en Vietnam. El vínculo con el programa continuó más allá de sus estudios, que es en definitiva su objetivo estratégico.

Ninguno de estos antecedentes demuestra parcialidad ni inhabilita a nadie. Los jueces juran imparcialidad y el Estatuto les impide intervenir en un caso en el que hayan actuado antes, además de contemplar otras razones de apartamiento. Aun así, la Argentina hace bien en saber con precisión quién decide. Evaluar las vías judiciales disponibles, sus riesgos y las trayectorias de quienes pueden resolver debe ser parte de la preparación de cualquier litigio de esta importancia. Es razonable suponer que la Cancillería lo hizo. El país necesita servicios de inteligencia y equipos diplomáticos y jurídicos capaces de sostenerlo como una tarea permanente.

Considero que la Argentina tiene chances razonables de obtener una orden parcial que frene nuevas perforaciones sin desarmar lo ya hecho. Sería un resultado valioso. El riesgo principal está en la competencia. Si no se reconoce, siquiera de manera preliminar, la competencia del tribunal arbitral, la cautelar no podrá prosperar, por plausibles que sean nuestros derechos. Y aun con una orden favorable quedan otros frentes. Londres ya anunció medidas para proteger a sus empresas frente a las sanciones argentinas, una iniciativa que también debe formar parte del análisis de la Cancillería.

El caso deja una enseñanza que excede a Malvinas. Las becas Chevening funciona desde 1983 y en 2018 alcanzó los cincuenta mil exbecarios. Londres invierte en construir vínculos con quienes después ocupan cancillerías, ministerios, tribunales y universidades. Es diplomacia de largo plazo, legítima y sostenida durante décadas. El problema aparece cuando del otro lado se mira cada beca o cada invitación como un hecho aislado y se pierde de vista la política que les da continuidad.

La misma atención merecen los vínculos con RUSI, el instituto británico de estudios de defensa y seguridad, cuyas autoridades, en más de una oportunidad, han sido los máximos responsables del MI6. En el programa de su conferencia latinoamericana de 2025 figuraban altos funcionarios argentinos de Defensa y Seguridad que también eran exbecarios Chevening y, en algún caso, contaban con antecedentes profesionales en RUSI Europe. Participar de esos espacios puede ser útil para el país. Lo que el Estado debe conocer es el alcance de esas relaciones y su relevancia para las responsabilidades de cada funcionario.

La Argentina tiene que tomarse en serio la gestión de sus propios cuadros. Eso empieza por revisar con rigor los antecedentes de quienes acceden a información sensible en la Cancillería, en Defensa, en las Fuerzas Armadas y en el sistema de inteligencia. Ni hablar de a quienes enviamos a nuestras embajadas. Haber estudiado afuera no descalifica a nadie. El Estado tiene que saberlo, registrarlo y ponderarlo, y la contrainteligencia necesita medios, controles y profesionalismo para hacerlo sin caer en la persecución.

La otra mitad del trabajo es construir. Kohen, Vinuesa y Armas Pfirter prueban que el país tiene juristas de primer nivel, pero esa capacidad necesita continuidad y nuevas generaciones. Una política de Estado sobre Malvinas y el Atlántico Sur exige formar especialistas en derecho del mar, analistas de inteligencia estratégica y diplomáticos de carrera que puedan trabajar más allá de cada gobierno. Hamburgo es una batalla dentro de una disputa que va a durar décadas, y en esa disputa pesan los profesionales que un país forma y la atención con que estudia a los que tiene enfrente.