20 años de ESI: solo la ley no garantiza el derecho

Se cumplen veinte años de la sanción de la Ley de Educación Sexual Integral (ESI). Hay mucho para celebrar. Pero ¿de qué sirve un aniversario redondo si ese derecho no llega a cada chico y cada chica en cada escuela del país?

Empiezo por una obviedad: la educación sexual es inevitable. No es posible no educar sexualmente. Educamos con lo que hacemos y con lo que decimos pero, sobre todo, con lo que callamos. Una escuela que no habla de sexualidad también enseña algo: que es un tema vergonzante, peligroso o que se resuelve solo. La pregunta nunca fue si educar o no. La pregunta es si lo hacemos con información, con cuidado y con derechos, o a ciegas.

La ESI no “empezó” con la ley. Los embarazos no intencionales, las infecciones de transmisión sexual, los abusos en la infancia, las distintas formas de vivir la sexualidad y las identidades de género existían mucho antes de 2006. Lo que la ley hizo fue algo más modesto, pero más importante: dejó de mirar para otro lado. Reconoció que la sexualidad, en toda su integralidad, forma parte de nuestras vidas desde la niñez y que el Estado tiene la obligación de acompañar. Y si hay que abordar estos temas en algún lugar, ¿qué otra institución, si no la escuela, podría ser el lugar ideal? ¿Quién mejor que la comunidad educativa: docentes, directivos, familias?

Integral quiere decir, justamente, eso: mucho más que genitalidad. Es el respeto por el propio cuerpo y por el de los demás, la valoración de la diversidad, la equidad de género. Es aprender a vincularnos sin violencia, a pedir y dar consentimiento, a decir que no, a cuidarnos y a cuidar.

Esto se ve con claridad en el nivel inicial, donde la ESI genera más resistencia y donde más falta hace. Enseñarles a las niñas y a los niños a conocer y cuidar su cuerpo, a respetar el cuerpo y el deseo de otros, es darles palabras para que puedan contar cuando alguien los lastima. Y sabemos desde dónde llega esa amenaza: alrededor del 70% de los abusos en la infancia ocurre en el ámbito intrafamiliar. Para muchos chicos, la escuela es el único lugar donde alguien les dice que su cuerpo les pertenece y que lo que les pasa se puede decir sin miedo. Y los datos lo confirman. Según el Ministerio Público Tutelar de la Ciudad de Buenos Aires, el 80% de las niñas, niños y adolescentes de 12 a 14 años que denunciaron abusos pudieron identificarlo después de recibir clases de ESI.

A los y las adolescentes les pasa algo parecido: no necesitan la ESI para tener relaciones sexuales. Quienes así lo decidan, las van a tener, con o sin clases. Necesitan la ESI para que esas relaciones sean consentidas, cuidadas y seguras. La diferencia entre tener o no información se mide en embarazos no planificados, en infecciones evitables, en vínculos libres de violencia. Negar la información no posterga nada: solo deja a los chicos y chicas más solos.

Nada de esto funciona si solo lo dejamos librado a la buena voluntad de los docentes. Todos tenemos un rol: directivos, docentes, preceptores, auxiliares, administrativos, estudiantes, equipos de salud de cada zona y, por supuesto, las familias. La ESI es una tarea comunitaria, y por eso es importante que nos metamos con ella. Una encuesta que realizamos Fundación Huésped y Pulsar UBA pronto a publicarse revela que el 87% de los chicos y chicas encuestados a nivel nacional afirma estar de acuerdo con la importancia y la necesidad de implementar la ESI en las escuelas.

Pero un derecho no se garantiza solo con una ley. Para que una política pública exista, no alcanza con que esté escrita: tiene que tener presupuesto, objetivos claros y mecanismos que permitan saber qué se hizo, qué falta y dónde están las brechas.

Hoy, el proyecto de Presupuesto Nacional 2027 prevé, en términos reales, una caída de aproximadamente el 98,5% en los fondos para el fortalecimiento de la ESI respecto de lo ejecutado en 2023. Otro problema, menos visible pero igual de grave, es que -aunque en los proyectos 2026 y 2027 aparece una partida para fortalecer la ESI- dejaron de figurar las metas físicas específicas que permitían monitorear su implementación. Sin metas no hay forma de saber cuántos docentes se capacitaron, cuántas escuelas recibieron materiales, qué jurisdicciones quedaron atrás. Lo que no se mide es muy fácil de recortar y muy difícil de reclamar.

La ESI tiene que ser una prioridad: ninguna política de protección de la infancia es más barata ni más efectiva. Cada peso que se invierte en que un chico o una chica pueda reconocer un abuso o en que un adolescente llegue informado a su primera relación sexual es dinero que el Estado no tendrá que gastar en reparar daños evitables. Recortar la ESI no ahorra: traslada el costo.

Nadie tiene todas las respuestas, pero eso no es motivo para evitar hacer o que nos hagan todas las preguntas. Reprimir o condicionar el acceso de niñas, niños y adolescentes a información basada en evidencia o a aprendizajes que ayudan a vivir mejor con otros, solo para que los adultos estemos cómodos, es exponer a riesgos a quienes decimos querer proteger.

A veinte años de la ley, necesitamos una ESI que se enseñe, se implemente y se financie.