
Cada 20 de noviembre conmemoramos el Día Universal del Niño, una fecha que recuerda la adopción de la declaración de los derechos del Niño, en 1959, y nos invita a renovar nuestro compromiso con la protección integral de las infancias. Sin embargo, bajo el lema de 2026, Mi día, mis derechos, mi futuro", esta conmemoración debe trascender la celebración y convertirse en una oportunidad para visibilizar y cuestionar las profundas desigualdades que todavía impiden el ejercicio pleno de sus derechos.
Las cifras mundiales evidencian la magnitud de estos desafíos: 13,5 millones de bebés continúan sin recibir sus vacunas básicas OMS y UNICEF, 2026; 273 millones de niños, niñas y jóvenes están fuera del sistema educativo UNESCO, 2026, y cientos de millones de personas, entre ellas millones de niños y niñas, carecen de acceso a agua potable y saneamiento básico OMS y UNICEF, 2026.
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Detrás de estas cifras existen vidas atravesadas por la pobreza, la inclusión, los conflictos armados, las guerras y las crisis climáticas. Como educadoras, investigadores, responsable de políticas públicas y ciudadanos, no podemos permanecer indiferentes ante realidades que comprometen el presenten y condicionan el futuro de las nuevas generaciones.

Frente a este panorama global, en América Latina la defensa de los derechos de las infancias ha estado históricamente vinculada a las luchas por la justicia social, la igualdad y la universalidad de las políticas públicas. Desde esta perspectiva, la protección de las niñas y niños desde el nacimiento no puede reducirse a respuestas asistencialistas ni entenderse como una responsabilidad exclusiva de las familias. Por el contrario, se trata de una obligación colectiva y estatal que exige reconocer a las infancias como sujetos plenos de derechos.
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En esta trayectoria, la Organización Mundial para la Educación Preescolar OMEP ha sostenido una defensa histórica e inclaudicable de los derechos de la primera infancia. Su posicionamiento reafirma que el derecho a vivir en paz, jugar, a participar y a recibir Educación y Atención de la Primera Infancia EAPI integral y de calidad no constituye un servicio destinado únicamente a facilitar la organización laboral de los adultos, sino una condición fundamental para el desarrollo, el bienestar y el ejercicio de la ciudadanía desde los primeros años de vida. Desde esta concepción, la educación y el cuidado son dimensiones inseparables de una misma responsabilidad pública: garantizar el desarrollo integral de cada niño y niña, respetando su dignidad, su identidad y sus derechos.
Por ello, el llamado a la acción debe traducirse en responsabilidades concretas y compartidas. A los gobiernos les corresponde cumplir los compromisos asumidos, incrementar y proteger la inversión pública y garantizar políticas integrales que aseguren el ejercicio efectivo de los derechos desde el nacimiento. A las instituciones educativas y a quienes trabajan en ellas, les corresponde construir espacios inclusivos, participativos y respetuosos de las diversidades, donde el juego, el aprendizaje, el bienestar y la educación ambiental sean componentes fundamentales de la experiencia cotidiana. A las organizaciones de la sociedad civil y a la ciudadanía les compete fortalecer la participación, la incidencia y el seguimiento de las políticas públicas, para exigir transparencia y verificar que los compromisos se traduzcan en recursos y resultados concretos.
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De este modo, en este 20 de noviembre de 2026, conmemorar el Día Universal del Niño significa, ante todo, reafirmar que los derechos de las infancias no son promesas para el futuro: son obligaciones que deben cumplirse en el presente. El presupuesto que se asigna —o se niega—, las políticas que se implementan y las decisiones que se postergan tienen consecuencias directas en sus vidas. Si aspiramos a un futuro más justo, debemos comenzar por garantizar que cada niño y cada niña pueda vivir, jugar, aprender, participar y desarrollarse en condiciones de dignidad e igualdad. Las infancias tienen derecho a ese futuro, pero también tienen derecho a un presente en el que sus voces sean escuchadas y sus derechos plenamente respetados. Es responsabilidad del mundo adulto pasar del compromiso declarativo a la acción política, educativa y presupuestaria.

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