
El Instituto de Políticas Progresistas (PPI) de los Estados Unidos, vinculado al Partido Demócrata, publicó una nota de su fundador Will Marshall donde señala las coincidencias de la derecha MAGA y los socialistas de izquierda criticando la manipulación de las elecciones que se ha convertido en una diatriba habitual para generar desconfianza en el sistema. El artículo señala que las acusaciones son vagas y difíciles de comprobar, pero tienen el objetivo de emplazar a sus seguidores incitándolos a la violencia. Esta reflexión sobre la posición de los extremismos para desvirtuar los resultados de los procesos electorales se ha convertido también en una práctica extendida en América Latina.
Los hechos que han tenido más repercusión en la prensa fueron las movilizaciones del 6 de enero de 2021 en Washington y del 8 del mismo mes de 2023 en Brasilia. En el primero, los manifestantes asaltaron el Capitolio para impedir la confirmación de la victoria de Joe Biden en las elecciones de diciembre de 2020, y en la segunda tomaron por la fuerza el Congreso Nacional, el Palacio de Planalto y el Tribunal Supremo Federal reclamando la anulación de las elecciones que consagraron a Lula da Silva como presidente de Brasil.
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La propaganda de MAGA enfatiza que el sistema se encuentra controlado por un “grupo de globalistas billonarios” que constituyen una elite que facilita la inmigración, permiten a otros países apoderarse de las fábricas y puestos de trabajo industriales y firman acuerdos de libre comercio. La nota sostiene que el Senador Bernie Sanders y Zoharan Mamdani, recientemente electo alcalde de la ciudad de Nueva York, recurren a frases similares acusando a los billonarios y a los CEO de las corporaciones de haber secuestrado el Estado “para enriquecerse a costa de los salarios de los trabajadores”. La persistencia de estas afirmaciones en ambos extremos termina por alentar el escepticismo entre los votantes que, según una encuesta, se inclinarían a buscar un cambio radical del régimen; agrega también que a medida que crece la desconfianza más se abre la posibilidad de que aparezcan “demagogos prometiendo eliminar a los manipuladores” u otras alternativas más drásticas.
América Latina también atraviesa por una situación donde la deslegitimación de los actos electorales recurriendo al latiguillo del fraude han devenido moneda corriente. Las revueltas en Bolivia contra el gobierno de Rodrigo Paz, ungido en el balotaje de octubre 2025, o las afirmaciones del candidato Roberto Sánchez de no avalar los resultados de las elecciones en Perú que confirmaron a Keiko Fujimori o las acusaciones de Carlos Correa y Luisa González sobre el triunfo de Daniel Noboa en las elecciones de abril del 2025 en Ecuador. Pero el caso más paradigmático ha sido la actitud del presidente de Colombia, Gustavo Petro, que además de invocar el fraude acusó a los Estados Unidos e Israel de interferir en los resultados electorales para lograr la victoria del candidato de “extrema derecha” Abelardo de la Espriella. Todas estas teorías conspirativas persiguen el objetivo de cuestionar el sistema electoral para instaurar incertidumbre, zozobra y crear condiciones para eventuales operaciones destituyentes como sucediera en Chile en 2019. En todos estos casos ha sido la izquierda la que disputa los resultados y pone en duda la vía de las elecciones para concretar sus propuestas.
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El gobierno de Brasil ha sido el único en formular una acusación de golpe de Estado contra el candidato opositor Jair Bolsonaro quien fuera condenado a 27 años y 3 meses de prisión por el Supremo Tribunal de Justicia. El Tribunal dio por comprobado la intención del candidato perdedor de crear dudas sobre el sistema electoral y de efectuar gestiones ante mandos militares para impedir la asunción de Lula da Silva que finalmente no se llevaron a cabo.
La única excepción a este mosaico de controversias es Uruguay donde los perdedores de derecha aceptaron el veredicto de las urnas que consagraron a Yamandú Orsi, líder de una coalición de izquierda, como presidente en las elecciones de marzo de 2025.
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Estos cuestionamientos a los actos electorales con las excusas de fraude, manipulaciones, injerencias externas, poder de billonarios globalistas o explotadores constituyen un peligro porque debilitan la aceptación de la democracia como vehículo para el progreso dejando abierta la puerta para otras propuestas de corte autoritario de izquierda o derecha muy presentes en el mundo actual.
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