Un resultado electoral que despeja el horizonte de corto plazo

Javier Milei llegó a las elecciones del domingo atravesando diversos obstáculos. El golpe previo en la provincia de Buenos Aires, con una amplia ventaja del kirchnerismo, hacía prever dificultades para revertir esa diferencia. A esto se sumó el caso José Luis Espert, cuyo impacto, más allá de lo judicial, fue contundente en el terreno político.

En el plano económico, la desconfianza del mercado era evidente, con un dólar en constante ascenso. Ni las intervenciones del BCRA ni las del Tesoro lograron contener la suba, por lo que el gobierno debió solicitar al Tesoro de Estados Unidos que vendiera divisas en el mercado oficial para frenar la escalada. Paralelamente, el Estimador Mensual de Actividad Económica mostraba estancamiento desde diciembre y una tendencia descendente desde mayo.

El sector privado formal no recuperaba puestos de trabajo y la inflación, lejos de consolidar la baja, comenzó a repuntar. Los precios mayoristas aumentaron 3,7% en septiembre respecto de agosto, reforzando el deterioro de expectativas.

A pesar de los problemas económicos y políticos, Milei logró dar un giro y alcanzó una victoria electoral que le permitiría avanzar en reformas estructurales consideradas claves para iniciar una etapa de crecimiento.

Una de las primeras medidas a abordar sería la política cambiaria. Con un aval renovado del electorado y mejores condiciones en el Congreso, liberar el mercado de cambios permitiría conocer el valor real del tipo de cambio, así como derogar la ley penal cambiaria.

El tipo de cambio está sujeto a valoraciones de mercado, donde el contexto político resulta determinante. La simple presencia o ausencia de emisión monetaria no basta para explicar el éxodo del peso hacia el dólar: las expectativas políticas son fundamentales. Separar la economía de la política y de las instituciones conduce a errores en el diagnóstico y las soluciones.

Con el respaldo de las urnas, el Gobierno puede modificar esas expectativas. Una liberación del tipo de cambio evitaría el atraso, pondría fin al subsidio a las importaciones y al castigo a las exportaciones.

Sin embargo, resolver la cuestión cambiaria solo significa corregir precios relativos. Luego es indispensable encarar reformas estructurales, comenzando por cambios en la legislación laboral. En la actualidad, el marco normativo protege a quienes tienen empleo, pero margina a quienes buscan ingresar al mercado: las empresas, especialmente las pyme, evitan contratar por temor a las rigideces para ajustar su plantel ante eventuales crisis.

En segundo término, urge avanzar en una reforma impositiva que transfiera a las provincias la responsabilidad de generar recursos propios. En la Constitución Nacional de 1853, no existía coparticipación federal; cada provincia debía sostenerse con sus ingresos. La reforma constitucional de 1994 incluyó la coparticipación, lo que generó distorsiones. Se debería, al menos, reducir los impuestos coparticipables, de manera que el costo político y fiscal recaiga en los gobernadores que deciden incrementar su gasto.

Esta transformación tributaria insumirá tiempo, pero resulta factible dar un estímulo inmediato a la actividad apostando a la curva de Laffer: bajar derechos de exportación dinamizaría el sector exportador, que integra el núcleo inicial para impulsar una economía estancada.

Otra reforma central implicaría dotar al BCRA de una carta orgánica que lo independice del poder político. Dado que la opción de dolarizar el sistema monetario luce inviable—salvo un improbable préstamo de USD 28.000 millones por parte de Donald Trump -una alternativa sería eliminar el curso forzoso del peso, habilitar la competencia de monedas y permitir al BCRA enfocarse en calidad y estabilidad, sin injerencias gubernamentales-.

El sistema previsional también demanda una reestructuración urgente, ya que absorbe una porción considerable del presupuesto nacional, sin ofrecer jubilaciones dignas.

Generar inversiones para reactivar la economía, crear empleo y mejorar ingresos no será inmediato. Resulta poco probable observar un flujo masivo de capitales en el corto plazo. Si bien el nuevo escenario despierta mayor interés entre inversores tras el mal desempeño del kirchnerismo, este sector logró cerca del 32% de los votos y, al polarizarse la elección, no surgió una tercera fuerza no populista capaz de sostener la agenda reformista más allá de los gobiernos de turno.

Si el kirchnerismo hubiera sido reemplazado por una fuerza liberal de centro, la economía argentina hubiera ganado previsibilidad, acortando los plazos para la llegada de inversiones.

La permanencia de la dicotomía entre alineamiento con Estados Unidos o con el chavismo, en vez de alternativas modernas de desarrollo, limita el crecimiento económico y mantiene la incertidumbre sobre reglas de juego y derechos de propiedad.

Rememoro una experiencia propia al producirse la caída de Fernando De la Rúa: en una cena con economistas de gran trayectoria, concluimos que las reformas de Carlos Menem impedían revertir los avances. Un error, porque el kirchnerismo sumió al país en un largo ciclo de retroceso económico.

Sería valioso que la polarización actual diera paso a una competencia entre proyectos pro-mercado, con diferencias en matices pero sin alterar el rumbo esencial ante un cambio de gobierno. Así creció Argentina a fines del siglo XIX y principios del XX: a pesar de los conflictos internos, existía el consenso de atraer inversiones e integrarse al mundo.

El resultado electoral es positivo porque habilita reformas estructurales, pero negativo porque la polarización persiste, sin que emerja una tercera opción capaz de garantizar continuidad y progreso sin regresiones ante cada alternancia.

El desafío será transformar la oportunidad en avances sustentables, superando la lógica pendular y apuntando a consensos de largo plazo.