La Defensa y el presupuesto: un debate pendiente, una oportunidad de consenso

Hace pocas semanas, se llevó a cabo el lanzamiento del Libro Blanco de la Defensa Argentina 2023. “Es una oportunidad para pensar lo que hacemos”, expresó Héctor Mazzei, Jefe de Gabinete del Ministerio de Defensa, en la presentación de esta obra que tuvo lugar en en el Salón Almirante Brown de la Universidad de la Defensa Nacional (UNDEF).

Múltiples oradores ponderaron este lanzamiento, ya que la publicación persigue plasmar los principales lineamientos relativos a la generación de confianza con Fuerzas Armadas de otros países, así como también promover el conocimiento e involucramiento de nuestra sociedad, en función de las transformaciones y avances del proceso de modernización del sistema de defensa.

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En ese marco, el ministro de Defensa, Jorge Taiana, destacó los acuerdos derivados de dos amplios debates, que parecieran materializarse en procura de dar solución a problemas de larga data:

♦ Hacer realidad la promesa de jerarquización salarial de los miembros de las Fuerzas Armadas (FFAA).

♦ La promulgación de la Ley del Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF) como política de recuperación, modernización y adquisición de capacidades para las Fuerzas.

No cabe duda que dicho esfuerzo presupuestario debe ser destacado. Sin embargo, consideramos que subyace aún otro debate de importancia que permita dar continuidad a nuevos acuerdos:

♦ Para el mediano y largo plazo, definir el horizonte de financiamiento para la Defensa como política de Estado.

♦ Para el corto plazo, dar respuesta a necesidades urgentes en materia de recursos destinados al adiestramiento, alistamiento y sostenimiento de las Fuerzas (funcionamiento), que demandan gastos relativos al empleo del material, infraestructura, recursos humanos, logística, administración, etc.

Con el ánimo de afianzar y complementar las reflexiones y perspectivas planteadas, creemos oportuno aportar algunas consideraciones de naturaleza presupuestaria, que podrían nutrir a dicho debate.

En los primeros años de este siglo, el Poder Ejecutivo y el Ministerio de Defensa establecieron las bases del modelo de Planeamiento Estratégico, actualmente en vigencia, hecho que dio inicio al primer ciclo de planeamiento, estableciendo la pauta económica para mejorar y perfeccionar el sistema de Defensa argentino.

A través de un amplio debate que dio lugar al Libro Blanco de la Defensa 2010, se publicó el Horizonte Financiero (orientación tangible): “alcanzar en el año 2020, llevando la inversión en Defensa al 1,5% del PBI y mantenerla hasta el año 2040″.

Dicho horizonte, con diez años de anticipación, vislumbraba lo que en la actualidad es el gasto promedio de los países de la región en Defensa, 1,6% del PBI.

Cabe señalar que el modelo de planeamiento mencionado, guarda similitud con los lineamientos del sistema de planeamiento adoptado por España. En tal sentido, es oportuno traer a colación lo expresado por Antonio Fonfría Mesa, profesor de economía aplicada en la Universidad Complutense de Madrid, licenciado y doctor en Ciencias Económicas y Empresariales en la presentación del libro Evolución y desarrollo de la política de Defensa de España 1978-2020, en la Academia de las Ciencias y las Artes Militares.

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En primer lugar, cita textualmente al General Jesús Argumosa Pía: “La única solución capaz de hacer frente con rigor a las amenazas y desafíos, pasa por mantener las capacidades militares adecuadas, lo que exige disponer del presupuesto apropiado”.

Para finalizar su exposición, Fonfría Mesa agrega: “(…) los economistas hablamos en términos de restricción presupuestaria, es decir ¿cuál es el presupuesto que tengo y que puedo hacer con él? Y eso es lo que se está haciendo efectivamente, pero yo creo que, en algunos ámbitos como el de la Defensa y la Seguridad para el conjunto de la sociedad española, hay que cambiar esa posición,. Es decir ¿cuál es el nivel de seguridad que se desea alcanzar y cuanto me va a costar? y a partir de ahí empezar a poner los ladrillos necesarios para alcanzar el nivel de seguridad que queramos tener como país”.

El siguiente gráfico representa, en % de PBI, la evolución del Presupuesto devengado de Defensa a partir del año 2008 y la comparación con el horizonte presupuestario planificado oportunamente.

En la línea punteada se grafica el aporte del FONDEF, en base a lo informado por el Ministerio de Defensa para el año 2021 ($34.000 millones) y los valores estimados, para los años 2022 ($60.000 millones) y 2023 ($124.000 millones).

El desvío, entre lo programado y lo otorgado, es tan significativo que no se encuentran registros que reflejen un guarismo de esfuerzo presupuestario nacional para la Defensa tan reducido, aun considerando el aporte destinado al Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF).

Este desfinanciamiento, impacta principalmente sobre los gastos corrientes (bienes de consumo y servicios), imprescindibles para costear las actividades asociadas al alistamiento, adiestramiento y sostenimiento (funcionamiento) de las Fuerzas, las cuales constituyen el pilar fundamental para el desarrollo de las capacidades militares específicas, conjuntas y combinadas.

Decididamente, el desafío a materializar –de manera prioritaria– debiera estar orientado especialmente hacia los gastos corrientes, aquellos recursos que derraman mayoritariamente en la industria nacional, en diversas regiones del país y en moneda argentina.

En tal sentido, en el siguiente gráfico puede apreciarse la evolución de los créditos otorgados en bienes de consumo y servicios no personales para las jurisdicciones Educación, Salud, Seguridad y Defensa, desagregados del resto de la Administración Pública Nacional (APN), durante los periodos 2017 (último año del periodo en el que los recursos otorgados a la Defensa alcanzaron el 0,95% del PBI) y 2023.

En él, se puede apreciar que el Ministerio de Defensa recibió una asignación de créditos, en estos conceptos, tan solo 3,75 veces superior a los que contaba en el año 2017, cuando el total del crédito de la APN, en los mismos rubros, se multiplicó por 9,13 veces.

Cabe destacar que, para la Jurisdicción Defensa, los créditos asignados en el Presupuesto Nacional representan el único aporte que recibe para sostener la totalidad de su matriz de costos, diferenciándose del resto de las jurisdicciones, que cuentan además con aportes de los Estados provinciales y municipales, así como también del sector privado contribuyendo con servicios de Educación, Salud y Seguridad.

Para cuantificar en ordenes de magnitud lo indicado, podríamos afirmar que hoy, por cada 100 pesos que eroga la APN, 0,18 centavos corresponden a gastos de funcionamiento en Defensa, cuando en el año 2017 fue de 0,47 centavos.

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En tal sentido, equiparar el recurso otorgado en 2023 para este rubro por un monto de $53.244 millones (semejante a decir 0,18 centavos por cada 100 pesos que eroga la APN) con el gasto devengado en 2017, implicaría contar en el corriente año con créditos de funcionamiento por un valor de $136.000 millones (equivalente a 0,47 centavos por cada 100 pesos que eroga la APN).

Realizar un esfuerzo posible, similar al del año 2017, atemperaría el impacto que causa un muy bajo presupuesto para el funcionamiento de las Fuerzas Armadas y el Estado Mayor Conjunto. Además, este incremento representaría menos del 15 % de la subejecución presupuestaria de la APN en el año 2022.

Una oportunidad de consenso

Es imprescindible enfocarnos en los debates pendientes, con el propósito de revertir la situación de desinversión por la que atraviesa la Defensa Nacional, particularmente en créditos que hacen al funcionamiento de las Fuerzas Armadas y al Estado Mayor Conjunto, con la finalidad de recuperar los niveles de alistamiento y adiestramiento mínimos/aceptables, que permitan asegurar las capacidades correspondientes a los niveles de riesgos actuales y futuros.

Los problemas derivados de postergar debates y acuerdos indispensables, podrían producir consecuencias irreversibles para nuestra Nación.

El Poder Ejecutivo y el Congreso de la Nación formulan, debaten y, por lo general, aprueban todos los años el Presupuesto Nacional. Este proceso de formulación presupuestaria comenzó en el mes de marzo y concluye con la presentación del proyecto de ley de Presupuesto (año 2024) en el mes de septiembre del corriente año.

La oportunidad para la Defensa, es ahora: la realidad nos lo revela. Está en manos de nuestros funcionarios y dirigentes políticos establecer para dicho proyecto un techo presupuestario razonable, con el propósito que las Fuerzas puedan planificar –mediante un presupuesto viable– los gastos y actividades que llevaran a cabo en el próximo ejercicio, para iniciar el tan anhelado ciclo de recuperación y optimización sustentable.

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