Maíz: más que prohibir exportar, habría que prohibirle al Estado otorgar privilegios

Con las nuevas limitaciones a la exportación de maíz, el gobierno volvió a sumarle una nueva capa a la ya conocida maraña de restricciones que se le impone al sector agropecuario. Sin embargo, este nuevo control demuestra que no toda la cadena agroalimentaria soporta el mismo nivel de intervención. Hay dentro de ella algunos grupos o subsectores que tienen ciertos “privilegios,” derivados de las conexiones políticas de las que disponen.

En simples términos, el Ministerio de Agricultura de la Nación resolvió que se ha llegado a un límite de lo que se puede exportar de maíz este año. De ahora en adelante, las compañías exportadoras se verán obligadas a reducir las compras de este cereal. Esto deja a las empresas locales que utilizan el maíz como insumo como las únicas compradoras del resto de la producción. Obviamente, al reducirse forzosamente la demanda, los precios del maíz en Argentina se derrumbaron. A pesar de que no existe en los hechos un decreto que dictamine la prohibición a exportar, lo que sí parece haber es un acuerdo implícito entre la exportación, las empresas locales y el gobierno, en detrimento de los productores agropecuarios.

De esta manera, todas aquellas empresas locales aceiteras, fábricas de bioetanol, roductores de pollos, criadores de ganado a corral y demás compañías que usen maíz en Argentina han sido beneficiadas con el privilegio de disponer de cierta cantidad asegurada de este producto y de no tener que competir por él contra consumidores del resto del mundo.

Existen entonces en la cadena agroalimentaria sectores privilegiados a costas de otros. Las empresas locales que compran maíz, siendo que no son demasiadas, tienen un fuerte incentivo por agruparse y hacer lobby por este cierre implícito de la exportación pues les significa un gran beneficio: comprar su materia prima mucho más barata de lo que tendrían que pagarla de otra manera. Por otro lado, el costo que sufren los productores agropecuarios (reducción del precio del maíz) se dispersa más fácilmente dado que hay más de 200.000 en todo el país con lo cual les resulta más complejo congregarse. He aquí la lógica del juego político: concentrar beneficios en algunos pocos con habilidad para agruparse y hacer lobby, y dispersar los costos en una gran mayoría sin esa capacidad.

Costos para todos

Sin embargo, los costos de estas medidas políticas no son solo intra-cadena agroalimentaria. Existen, a su vez, dos perjuicios fundamentales que afectan a toda la sociedad.

En primer lugar, siempre y cuando les sea posible, los empresarios analizarán si es más rentable asignar su tiempo y recursos en producir más o mejorar sus productos, o bien en conseguir privilegios del gobierno. Si se da el caso de que esto último es más conveniente que lo primero entonces habrá consecuentemente menor producción y de peor calidad puesto que el tiempo y dinero empresarial será empleado en actividades improductivas como conseguir esos privilegios y no en aquellas más productivas como aumentar la producción y/o desarrollar mejores productos.

Segundo, el hecho de que se puedan otorgar determinados beneficios a grupos que hacen lobby distorsiona la composición estructural de la economía. Gracias al privilegio concedido por el gobierno, todas las empresas locales cuya materia prima es el maíz serán de pronto más rentables ante los ojos de los empresarios de lo que deberían ser. Por ende, los recursos de la economía fluirán hacia este sector, sustrayéndose de otras actividades que quizás sí tenían una demanda genuina.

A su vez, el mercado de maíz no es el único que sufre estos problemas. Privilegios, y por ende mala asignación de recursos y distorsiones se dan en todos los sectores de la economía argentina. Pero sin ir más lejos, dentro de la misma cadena agroalimentaria existen otros ejemplos. Algunos llaman más la atención, como el caso del cierre de exportaciones de carne. Otros no tanto, como la suspensión de exportaciones de trigo a principios de este año. En este último caso, el mecanismo fue exactamente el mismo que en el maíz. Se llegó al límite de exportación establecido, las empresas exportadoras se retiraron del mercado y a los molinos harineros se les otorgó el privilegio de poder comprar el resto del trigo sin competir con el resto del mundo. Como era de esperar, luego de este cierre implícito de exportaciones, el precio del trigo también disminuyó fuertemente en Argentina.

El problema central es entonces la posibilidad que tiene el gobierno de concentrar beneficios en ciertos grupos a la vez que dispersa los costos en todos los demás. No son sólo los productores agropecuarios los que sufren una reducción del valor del maíz, la carne o el trigo, sino que el resto de la sociedad también tiene que padecer productos finales con precios más altos y de menor calidad por la simple razón de que se quiere beneficiar a un grupo de empresas hábiles para sortear el juego político.

Lamentablemente, la sociedad ya está acostumbrada al otorgamiento de privilegios a ciertos grupos a expensas de otros, por lo cual, luego de unos días, la mayoría de estos hechos son totalmente pasados por alto. Sin embargo, como se puede ver, esta discrecionalidad gubernamental termina siendo muy costosa para todos. Por lo tanto, se debe hacer un esfuerzo por parte de la sociedad para pensar y concebir un gobierno que tenga completamente restringida su capacidad de otorgar privilegios y que solo sea un mero árbitro de las leyes y reglas que la población se impone a sí misma, para todos por igual. Que el gobierno sea aquél al que se le prohíba otorgar privilegios y que no sean los productores aquellos a los que se les prohíba exportar.

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