Los reclamos por mayores empleos formales están asociados a una más elevada protección de los trabajadores y a empleos de mayor productividad. La Argentina ha logrado registrar un gran número de trabajadores. La cuestión es si mayor registración es menor informalidad.
Cuando se aborda el tema de la informalidad en el empleo, la visión se centra, por un lado, en que los trabajadores en esa condición están fuera de la legislación laboral y del sistema de seguridad social, es decir no están cubiertos por el sistema de salud contributivo y al momento del retiro no tienen acceso al sistema jubilatorio; y por otro lado, en que la informalidad reduce los recursos tributarios. Dado que la cobertura de los trabajadores no es “gratis”, se asocia a la formalidad laboral con empleos productivos.
Una de las formas más utilizadas para medir la informalidad laboral es en qué medida el trabajo está registrado en el sistema de seguridad social. En este sentido, ¿Qué ha pasado entonces con la informalidad en la Argentina en los últimos años?
El empleo asalariado formal, que se había mantenido prácticamente constante en términos absolutos en los 20 años previos, a partir del 2003 comenzó a crecer, principalmente como consecuencia de la expansión económica, etapa que abarcó hasta el 2011; en ese lapso, el empleo informal creció un par de años y después se retrajo para ubicarse en 2011 apenas un 2% por encima de 2003. A partir de allí la economía se estanca, el crecimiento del empleo asalariado se desacelera y el empleo informal comienza a crecer nuevamente.
Durante el primer período, la tasa de informalidad asalariada cayó desde un 41,6% en 2003 -luego de un pico de 43,6% dos años antes- hasta el 32,7% en el 2011. A partir de allí, la tasa cae 1,8 puntos porcentuales en los siguientes ocho años. Si bien la reducción de la informalidad entre los trabajadores asalariados se debe básicamente al crecimiento del empleo privado, en el segundo lapso el principal aporte fue el empleo público.
Formal o informal, lo que moviliza la economía es el empleo privado y en este sentido la proporción de empleo formal dentro del empleo privado creció entre 2003 y 2011 (de 55,2% a 41,5%) y a partir de ahí osciló levemente alrededor del mismo número.
Entre los trabajadores por cuenta propia, el proceso de formalización fue mucho más marcado. La instrumentación del monotributo apuntó a la inclusión en el sistema formal de muchos trabajadores para los cuales los costos del régimen general -autónomos- resultaba alto.
Entre 2003 y 2011, los cuenta propia formales pasaron de 770 mil a 1,7 millones -aunque, cabe aclarar, que previo a la crisis de 2001 llegaban a casi 1 millón-, sumando 600 mil más hasta 2019, de los cuales poco más de la mitad corresponden a trabajadores de le economía popular registrados sin ningún aporte al sistema.
Esta inclusión hizo que el porcentaje de trabajadores por cuenta propia informales pasara del 80% a 64% entre 2003 y 2011, y se redujera hasta el 51,4% en 2019 y que, en promedio, la totalidad de trabajadores informales (asalariados y no asalariados) disminuyera de 53,6% a 37,7% a lo largo de todo el período.
Sin embargo, mientras cada vez más trabajadores acceden a cobertura de la seguridad social, la productividad no muestra un crecimiento sostenido, no sólo considerando el nivel de informalidad total, sino ni siquiera con la informalidad asalariada, sector asociado a empleos más productivos.
Si bien es cierto que la mayor formalidad ha derivado en mayor cobertura de la seguridad social para los trabajadores, aparentemente la formalidad no ha sido consecuencia de una mayor productividad sino simplemente de facilidades introducidas desde el sector público que, además, a futuro redundan en mayores déficits, dado que los aportes de los nuevos formales no compensan los beneficios que reciben y van a recibir.
Mirar la informalidad desde el punto de la registración es una mirada corta sobre el problema.
Esta nota es un anticipo de la publicación Indicadores de Coyuntura N° 634 que elabora la Fundación FIEL
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