Vacunas VIP: cuando la corrupción se paga con vidas

El proceso de vacunación ha constituido un reto sin precedentes a nivel mundial. Sin embargo, el gobierno nacional no estuvo a la altura del desafío

El presidente Alberto Fernandez junto al ahora ex ministro Gines Gonzalez Garcia y la ahora titular de la cartera de Salud, Carla Vizzotti, durante el anuncio de la produccion de la vacuna contra el coronavirus en Olivos. (NA)
El presidente Alberto Fernandez junto al ahora ex ministro Gines Gonzalez Garcia y la ahora titular de la cartera de Salud, Carla Vizzotti, durante el anuncio de la produccion de la vacuna contra el coronavirus en Olivos. (NA)

El caso de las vacunas VIP es un escándalo de corrupción que ha profundizado el sentimiento de decepción de gran parte de nuestro país. La defensa pública del presidente Fernández de quienes se saltaron la fila, cuando solo en los últimos 10 días han muerto casi 1500 argentinos y argentinas es repudiable.

La plana mayor del oficialismo decidió que familiares, amigos y entenados recibieran primero que nadie las pocas vacunas que consiguió. Mientras tanto, el personal de salud o las personas en mayor riesgo por edad quedan expuestos a la muerte.

El proceso de vacunación ha constituido un reto sin precedentes a nivel mundial. Sin embargo, el gobierno nacional no estuvo a la altura del desafío. A pesar de las frecuentes invocaciones a un marco ético, a una base técnica sólida y a una estrategia coordinada, la reacción del gobierno fue lenta y demasiado opaca. La concatenación de malas decisiones a lo largo de todo el proceso ha costado la vida, la salud mental y el bienestar económico de millones de argentinos y argentinas. El gobierno podría haber actuado de manera transparente, profesional y efectiva: no lo hizo. No hace falta ir lejos para encontrar casos exitosos. Chile es un ejemplo a proponer.

Incluso en medio de una extendida crisis política, en el país vecino las vacunas fueron negociadas en forma oportuna. Gracias al uso inteligente de las herramientas diplomáticas y su profesional gestión administrativa, firmó acuerdos con distintas desarrolladoras de vacunas ya en el primer trimestre del año 2020.

Optaron por una estrategia de diversificación en la compra de vacunas, lo cual resultó clave, dado que el mercado estaba muy distorsionado, con una oferta limitada. Había que adelantarse y prever. Para marzo de 2020, en cambio, el gobierno nacional minimizaba el coronavirus y recomendaba tratarlo bebiendo té caliente.

Luego de conseguir las vacunas, Chile está llevando un proceso de vacunación eficaz, gestionado por la administración pública, no por organizaciones de militantes como La Cámpora. Al 21 de febrero de 2021 Chile había aplicado 15.43 vacunas cada 100 personas. Esto implica casi 10 veces más que Argentina, que a la misma fecha había aplicado 1,59 vacunas cada 100 personas.

Así, Chile demostró tener la capacidad institucional y la coordinación necesaria para optimizar los recursos materiales y humanos necesarios para la vacunación.

La realidad argentina es, penosamente, muy diferente. El gobierno nunca tuvo una estrategia de política pública clara y congruente en este sentido. Más aún, el oficialismo tomó la pandemia como una oportunidad de disputa partidaria, castigando en todo momento a las provincias gobernadas por la oposición. Al impedir el ejercicio de un federalismo real dejó cercadas a muchas provincias que, aún contando con los recursos para comprar las dosis y diseñar los planes de vacunación en sus respectivas jurisdicciones, se vieron impedidas de hacerlo.

Lo había hecho antes, como pasó con Mendoza cuando la Aduana retuvo respiradores comprados por la provincia. Así el gobierno nacional actuó con una peligrosa mezquindad, que puso y pone en riesgo a las personas.

Necesitamos un Estado inteligente y profesional, no uno militante y partidario. Debemos sacar a la administración pública de la disputa política. Ver a familiares de líderes del oficialismo en las listas de vacunados VIP, o a jóvenes militantes exhibiendo con orgullo su privilegio de vacunación mientras todos los días mueren 150 personas muestra un proceso de vacunación que se rige por criterios partidarios.

Necesitamos que el presidente deje de culpar a los medios o a la oposición por el escándalo. Frente a la crisis causada por la propia corrupción, el gobierno debe salir con transparencia, no con ataques sin sentido.

El relato no alcanza. Hay que solucionar los problemas. Con la gestión de Alberto Fernandez el país llega a marzo de 2021 con 51.000 muertos, una feroz caída del PBI, un nivel de pobreza desconocida y un altísimo desempleo encubierto.

Durante la pandemia el gobierno concentró el poder y lo utilizó de manera arbitraria. Por ineptitud y por corrupción, está generando consecuencias que serán irreparables para el país.

Es preciso dar una vuelta de página, con total transparencia. Mal que le pese al presidente, las vidas de todos los argentinos tiene el mismo e inconmensurable valor.

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