La tarifa eléctrica también es política

Hace más de un año que el Congreso de la República aprobó una ley, la 32249, que modifica la forma en que se compra la energía eléctrica, con el objetivo de conseguir, a través de nuevos mecanismos de competencia, que el sistema acceda a energía renovable más barata en el momento en que está disponible, por ejemplo, energía solar durante el día, y así obtener mejores tarifas para millones de usuarios.

Aquí es necesario agregar que el Perú es una potencia solar, tiene una de las mejores radiaciones del mundo. De acuerdo con información del Ministerio de Energía y Minas, en zonas del sur del país, como Arequipa, Moquegua y Tacna, se registran niveles de radiación superiores a 7 kWh/m² por día, valores entre los más altos del planeta y que permiten producir electricidad en condiciones excepcionalmente competitivas.

Sin embargo, a la fecha, esa ley no ha sido reglamentada y, por lo tanto, es como si nunca se hubiera aprobado. Han pasado varios ministros de Energía, viceministros de Electricidad y directores de Electricidad, y la mayoría se ha justificado o escondido, en mi opinión, diciendo que se trata de un tema muy técnico y que, por ello, hasta el momento no han cumplido con su deber. Aunque eso también puede definirse como incompetencia.

Y responden con esa simplicidad a pesar de que se trata de un asunto de interés público y de que lo que logrará esta ley, si se reglamenta correctamente, es garantizar tarifas eléctricas accesibles para millones de usuarios, llevar energía limpia a lugares que aún no la tienen y ofrecer una regulación que atraerá miles de millones de dólares en inversión privada para afianzar nuestra seguridad energética.

No se trata supuestos, porque existe una cartera de proyectos de generación renovable a lo largo de todo el país que supera los 20 mil millones de dólares. Diversas empresas nacionales e internacionales han manifestado su interés en desarrollar centrales solares y eólicas, así como sistemas de almacenamiento energético, pero requieren que existan reglas claras y previsibles para invertir.

La tarifa eléctrica también es política, y voy a citar un ejemplo para que se entienda por qué.

Esta ley fue presentada por el Poder Ejecutivo en 2022, esa fue la primera decisión política. El Congreso de la República la debatió durante casi dos años y, finalmente a pesar de los intentos por detenerla, en 2024 la aprobó, y esa fue la segunda decisión política. La ley fue promulgada en enero de 2025, el tercer acto político.

Entonces, cuando el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) evade cumplir con su deber de reglamentar la ley, también está tomando una decisión política. No importa bajo qué argumentos técnicos imaginarios se esconda porque claramente, la decisión política es no hacer nada, ningún esfuerzo para garantizarle a los peruanos tarifas eléctricas que reflejen los beneficios de la competencia.

Pero este no es un caso aislado, porque el MINEM también ha postergado sin ninguna explicación, la reglamentación de las leyes de generación distribuida. Esa decisión política de impedir el desarrollo de este sector le roba a la gente la oportunidad de producir su propia electricidad con energía solar con la que podría cubrir hasta el 40% de su consumo diario y la posibilidad de vender sus excedentes al sistema, como ocurre en otros países.

Brasil superó recientemente los 40 GW de generación distribuida instalada, principalmente solar. Chile y Colombia cuentan con mecanismos que permiten a los usuarios inyectar excedentes a la red eléctrica.

Muchas veces, quienes gobiernan exponen excusas lamentables y vergonzosas para culpar a terceros por no cumplir con sus obligaciones, pero cuando una ley no se reglamenta, la responsabilidad es plena y exclusiva del Poder Ejecutivo, porque actuar en contra del interés públicos es también una decisión política.

Cada año que pasa sin que estas leyes entren en vigencia real significa un año más sin competencia adicional, sin nuevas señales de inversión, sin oportunidades para los consumidores y sin herramientas modernas para reducir costos en el sistema eléctrico.

El nuevo gobierno debe incluir entre sus prioridades la reglamentación de estas leyes, desarrollando plenamente sus objetivos para obtener los beneficios esperados y hacerlo en los 100 primeros días.

Adicionalmente el próximo Congreso de la República haría bien en crear mecanismos legales que impidan que se bloqueen leyes de interés público simplemente congelando su reglamentación, sin ninguna explicación y sin ninguna consecuencia, como ocurre hasta hoy. El problema está claramente identificado y ahora necesitamos implementar una solución para que la política del avestruz deje de atentar contra los intereses de millones de ciudadanos.