Atacar a las pymes es atacar el futuro

Es preocupante y poco estratégico para nuestro futuro que el Gobierno elija como blanco de ataque a un sector tan dinámico, productivo y generador de riqueza como los sectores de pequeños y medianos emprendedores

En medio de una pandemia inédita y una gravísima crisis económica es inexplicable que el gobierno nacional avance contra las pequeñas y medianas empresas complicándoles la vida a las Sociedades por Acciones Simplificadas. Esta semana vimos cómo en el marco de la Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados se avanzó en crear trabas, burocracias y mayores costos para los emprendedores y establecer nuevos requisitos para las SAS que quedarán al arbitrio de funcionarios de turno.

A los obstáculos para la creación de SAS (claro ataque a los emprendedores que fomentará más informalidad) se suman otras medidas inexplicables que viene tomando el Gobierno como el aumento de retenciones a exportaciones, la obligación de liquidar divisas, el giro de dividendos con previa aprobación del BCRA, las trabas a la Ley de Economía del Conocimiento con disminución de incentivos, los cepos al dólar, la aprobación de una Ley de Teletrabajo que establece las mismas cargas a las grandes empresas y a las pequeñas y el aumento de la presión impositiva en general.

La idea del Gobierno es tan sencilla como mediocre: extraer impuestos sin medir las consecuencias económicas y sociales que esto pueda conllevar. Más costos, burocracia, trabas y papelerío para los emprendimientos. A cortísimo plazo posiblemente se recaude más dinero, a mediano plazo fundirá a las empresas que se verán obligadas a emigrar -sobre todo en un tipo de sector tan dinámico y sensible que poco necesita del arraigo territorial- y la recaudación será cada vez más baja.

Toda esta política que comenzó antes de la pandemia del Covid-19 parece profundizarse sin tomar en consideración la inusitada gravedad que viven miles de MiPymes. las personas que conforman este sector necesitan progresar y esperan que el Estado las ayude en estos momentos, no que se vuelva contra ellas con simples fines recaudatorios.

El Gobierno de Cambiemos entendió que la promoción de la economía del conocimiento y los emprendedores debía ser una política de Estado. Por eso resulta inaudito que la administración actual por el simple hecho de recaudar y montar un relato que contraste con Juntos por el Cambio se lleve puesto a miles de emprendedores que trabajaron duramente y hoy hacen grandes esfuerzos paras sostener sus pequeñas empresas o emprendimientos.

El senador Oscar Parrilli y el titular de la Inspección General de Justicia, Ricardo Nissen, presentan un proyecto que propone la vuelta a los libros en soporte papel, facilitando la opacidad y falta de transparencia. Recordemos que Nissen, ex abogado de la familia Kirchner en la causa Hotesur, fue sancionado por presentar libros societarios adulterados a la Justicia. Todo indica que hay una intención de suspender a las SAS y esto significa un ataque directo contra miles de emprendedores micro, pequeños y medianos en medio de una pandemia y crisis económica sin precedentes.

Es preocupante y poco estratégico para nuestro futuro que el Gobierno elija como blanco de ataque a un sector tan dinámico, productivo y generador de riqueza como los sectores de pequeños y medianos emprendedores. Es urgente frenar el daño sistemático y planificado de varias áreas del gobierno a la iniciativa privada emprendedora, más con las consecuencias de la cuarentena a la vista.

Apostar a la creación de empresas y a la economía del conocimiento tiene muchos beneficios económicos, educativos, sociales, tecnológicos y hasta ambientales (aquí podemos mencionar la desmaterialización y despapelización que, en plena crisis climática, implica una industria ambientalmente sustentable y más limpia).

Asimismo, desde el punto de vista constitucional nuestro art. 75 inciso 19 establece un mandato preciso y concreto al Congreso: deberá proveer lo conducente a la investigación y al desarrollo científico y tecnológico, su difusión y aprovechamiento. Como diputados y miembros del Congreso de la Nación tenemos la obligación de procurar el desarrollo tecnológico como derecho humano. No podemos dejar a nuestro pueblo afuera de los progresos del siglo XXI para que los números le cierren a quienes negocian con bonistas extranjeros.

El camino a seguir debería ser el opuesto completamente: tomar como ejemplo el parque de la innovación en CABA, crear ecosistemas startup, incubadoras, promover las investigaciones público-privadas, dar estabilidad fiscal, facilitar la formación de empresas con instrumentos baratos, ágiles y transparentes como las SAS y, en definitiva, dar previsión para aquellos que quieren innovar.

El sueño de tener un modelo de país exitoso y pujante se nos escapa una y otra vez. Es necesario poner en claro qué modelo queremos.

Los países que más triunfan son aquellos que tienen éxito en diferentes campos, y que son capaces de reinventarse a sí mismos continuamente. La versatilidad y la capacidad de innovación son claves en el desarrollo humano en el siglo XXI.

La cultura emprendedora y su fuerza creativa debe ser guiada por un Estado eficiente y leyes basadas en la razón del bien común. No podemos continuar por el camino que propone el Gobierno Nacional porque perder más tiempo y oportunidades es ir contra los sueños y posibilidades de progreso que queremos los argentinos de todos los colores políticos.

El autor es diputado nacional, jefe de Bloque CC ARI


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