Inflación: un mal que no puede durar 100 años

Argentina se debate con sus mismos problemas económicos desde hace décadas. En materia de inflación hemos batido todos los récords. Más aún, si se analiza en particular los países de nuestra región sin distinción del perfil de sus gobiernos, tienen hoy un dígito en el incremento del nivel general de precios (3,5% es el promedio de inflación de Latinoamérica excluyendo Venezuela y Argentina).

Nuestro país probó toda clase de instrumentos: tipo de cambio fijo, flotante, control de la cantidad de dinero, controles de precios, déficit cero, ley de responsabilidad fiscal, por sólo mencionar algunos, y ninguna dio resultado. Lo único que hasta ahora no se hizo fue establecer un programa de convergencia de todas las variables macroeconómicas dentro de un plan de estabilización. Para problemas complejos y multicausales, como la inflación argentina, deben implementarse soluciones que involucren una diversidad de instrumentos de política económica que apunten en un mismo sentido.

En todos estos años hemos caído en soluciones "mágicas". Este Gobierno descansó en un esquema de metas de inflación, que mediante la fijación de una tasa de interés elevada (real positiva), el Banco Central "anclara" las expectativas de precios del sector privado. Este enfoque no tuvo en cuenta la realidad de nuestro país: tenemos una economía en transición que aún presenta muchas distorsiones de precios relativos. En efecto, la tasa de interés es un instrumento muy débil para impactar en la reducción del ritmo de la tasa de inflación. El canal de comunicación del Banco Central con la economía real es el crédito y éste representa sólo el 14% de nuestra economía. En consecuencia, este enfoque implicó una tasa de interés muy elevada, que derivó en el ingreso de capitales cortoplacistas, apreciando nuestra moneda.

En definitiva, el resultado fue un marcado atraso cambiario, que marcó la génesis de la devaluación del segundo cuatrimestre. Así, se pagaron los errores de haber permitido el ingreso de capitales de corto plazo, logrando que los tenedores del exterior cambiaran rápidamente sus carteras, generando un exceso de demanda y una devaluación en nuestra moneda.
Asimismo, frente a ese contexto hubo una crisis cambiaria mal manejada.

En efecto, desde febrero hasta abril de 2018 se tuvo una política confusa, con un Banco Central que ensayó una intervención tímida y contradictoria, incentivando a los ahorristas a "pulsearlo". Las crisis cambiarias se resuelven con determinación y capacidad de sorpresa, de forma que el mercado sienta que puede perder. Así, la devaluación tuvo su correlato en los precios, en particular en alimentos y manufacturas industriales, dónde el impacto es hasta el 50%. El dato de diciembre (2,6% mensual) es todavía superior a la inflación promedio del primer trimestre del 2018 (2,2% promedio). Aún más, la inflación promedio del año fue de 3,3% mensual, muy por encima de la exhibida en 2017 (1,9% mensual).

Hacia adelante, los primeros seis meses del año nos marcan una significativa inflación. Los nuevos aumentos estipulados para los servicios públicos continuarán ejerciendo presión en los primeros meses y no se descartan alzas adicionales. En efecto, los incrementos en transporte público, gas, agua y electricidad le aportarían 3 puntos adicionales a la inflación, aunque podría resultar en 6 puntos si se le adicionan más aumentos.

La inflación nos aqueja desde 1945. Para que este mal no dure 100 años, es necesario que el próximo gobierno tenga un plan con un enfoque abarcativo que integre las herramientas necesarias para combatir la inflación. En países emergentes con características semejantes al nuestro, este desafío se encaró en forma conjunta por todas las áreas de la política económica. Aquí, el elemento principal es la convergencia hacia un mismo objetivo en la política fiscal, salarial y de ingresos, junto a la política monetaria y cambiaria, para dar una orientación certera al sendero de precios. Así, estas variables deben crecer en niveles que sean compatibles entre sí, ampliando el horizonte en la toma de decisiones del sector privado, mediante un "sistema de balizas" que permita parametrizar las expectativas. En el nuevo período 2019-2023, estas variables deberán mostrar una nominalidad decreciente y simultánea desde un 20% en el año 2020 para llegar a una inflación de un dígito al finalizar la próxima presidencia.

La solución operativa a este problema pasa por establecer una "Ley de Metas de Inflación" que institucionalice un objetivo anual mediante un Comité ad-hoc compuesto por los siguientes ministerios: Hacienda, Finanzas, Trabajo, Energía, Transporte y el Banco Central, bajo la coordinación de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Sus representantes serán los responsables de fijar un objetivo de tasa de inflación común. Cada ministerio deberá informar en forma trimestral acerca del cumplimiento de lo establecido y, si existieran desvíos, estos tendrán que plantear a la Comisión de Presupuesto y de Finanzas del Congreso Nacional las correcciones necesarias. De esta forma, el compromiso es efectivo por parte de todo el gobierno y, junto a un mecanismo legislativo de rendición de cuentas, permite llevar la credibilidad de las metas y su permanencia en el tiempo.

Argentina debe enfrentar este mal sin atajos. Sólo con un plan como el descripto con el respaldo legislativo necesario, nuestro país podrá dejar atrás la triste historia de ser por varias décadas líder en materia de inflación.

El autor es economista. Director de Fundación Capital. Ex director del Banco Central de la República Argentina