Pocas veces el programa macroeconómico del Gobierno ha estado tan bien definido en sus metas e instrumentos.

Tiene pocos precedentes en cuanto a la magnitud del ajuste fiscal (balance primario neutro en 2019) y monetario (congelamiento de la base monetaria hasta mediados de 2019) y la adopción de un esquema cambiario de flotación libre dentro de una banda cambiaria de aproximadamente +/-15% (respecto del centro) y con topes de intervención de 150 millones de dólares diarios en los extremos.

El modelo adoptado plantea interrogantes asociados a la incertidumbre que genera la política doméstica y estará afectado también por los escenarios internacionales.

El riesgo político interno es evidente, dado que un recambio de administración adverso a Cambiemos a fines de 2019 podría echar por tierra el ajuste fiscal y monetario comprometido, y con ello la posibilidad de seguir contando con el FMI para cumplir con los compromisos financieros internacionales. El precio de dicha incertidumbre lo puede pagar el Gobierno actual, dado que se verá reflejado en el riesgo país, que si bien descuenta el futuro a mediano plazo, impacta la economía en el corto plazo con tasas de interés elevadas y en general magra respuesta de la inversión.

Este escenario solo podría mitigarse si la oposición diera señales creíbles de continuidad de los compromisos asumidos con el FMI —este escenario parece hoy poco probable.

El escenario internacional también introduce diversos factores de incertidumbre, principalmente efectos negativos. La fase del ciclo económico en Estados Unidos amenaza con disparar nuevos aumentos de la tasa de interés internacional con la consecuencia de flujos negativos de capitales hacia las economías emergentes. La amenaza latente de una guerra comercial de Estados Unidos con China, sumada a la desaceleración del crecimiento en este último país, puede agravar la desaceleración de la economía mundial con fuerte impacto sobre las exportaciones de la Argentina, vía deterioro de los términos de intercambio y vía cantidades.

Asimismo, si el nuevo Gobierno en Brasil profundiza su apertura comercial al mundo, el complejo industrial argentino fuertemente vinculado con el Mercosur podría padecer un shock adverso.

Por otro lado, este escenario externo negativo podría tener ciertas compensaciones en la medida que: la desaceleración del crecimiento mundial disminuya la presión alcista de tasas de interés (atenuando la huida hacia activos de calidad que afecta negativamente a emergentes); y el recambio político en Brasil, principal socio comercial de la Argentina, facilite una mayor recuperación de su economía.

Aun así, los principales interrogantes no son ni políticos ni externos; los plantea la misma política económica doméstica.

En primer lugar, el shock monetario —emisión cero hasta junio 2019— podría traer resultados positivos si se impone la credibilidad del programa, y disminuye la inflación, permitiendo una recuperación del consumo y el nivel de actividad. Sin embargo, la existencia de factores inerciales como las cláusulas gatillo de salarios, las paritarias, la indexación de las jubilaciones y los ajustes pendiente de tarifas de energía y transporte vuelven dificultosa la coordinación de expectativas a la baja y en el camino corre el riesgo de una profundización de la recesión tal como ha ocurrido en países con programas similares (Ucrania). El muy elevado costo del dinero genera disrupción en la cadena de pagos creando deudas no sustentables para vastos segmentos del sector pymes. Ello repercute sobre su capital de trabajo contrayendo la oferta de bienes, lo que ayuda a perpetuar la inflación.

En segundo lugar, el cumplimiento de las metas fiscales puede verse dificultado por la presión social y política resultante del programa de ajuste. El mayor peso del ajuste viene del sector privado a través de mayores impuestos. Pero una recesión profunda impacta fuerte sobre el sector privado y afecta la recaudación por menor actividad, por mayor evasión y porque financieramente a las empresas les conviene endeudarse con la AFIP. El alto grado de indexación del gasto público, particularmente del gasto social y de jubilaciones, genera rigidez al sector público obligándolo a recortar partidas de inversión pública que son las que más impactan sobre el potencial económico de mediano y largo plazo. La rigidez a la baja del gasto llevó a desandar reformas estructurales clave para ganar competitividad, tales como las retenciones a las exportaciones agropecuarias, reducciones del impuesto a los bienes personales, impuesto a las ganancias, ingresos brutos y al cheque, comprometiendo así la inversión.

En tercer lugar, el programa financiero del Gobierno está incompleto más allá del 2019. En un contexto probable de continuado aislamiento del financiamiento voluntario externo, la Argentina se verá obligada en 2020 o bien a extender el programa financiero con el FMI o bien a reestructurar pasivos extendiendo plazos. Esta fuente de incertidumbre es también la que alimenta el creciente riesgo país que se duplicó en lo que va del año.

En cuarto lugar, hay factores estructurales que pueden contribuir a que no se produzca una recuperación económica como muchos analistas vaticinan. Tras las revelaciones de los "cuadernos de la corrupción" en la obra pública, se abrió un nuevo capítulo de procesamientos judiciales nunca vistos anteriormente y comprometiendo a unas cuantas decenas de ex funcionarios y empresarios. Más allá del beneficio de largo plazo de estas investigaciones, en la transición hacia nuevas reglas de juego, podría ocurrir que se paralice buena parte de la inversión. El precedente del Lava Jato en Brasil da la pauta del costo económico que pueden tener estos procesos. La transición hasta la adopción de nuevas reglas de juego para la inversión puede ser larga y costosa en términos de inversión perdida.

Más allá de que también habrá factores que favorecerán el devenir económico, particularmente las fuertes inversiones que se están produciendo en Vaca Muerta, una excelente cosecha (tras un pésimo 2018) y sectores que se hallan favorecidos por un tipo de cambio más competitivo (turismo, minería, y el sector transable en general), ¿qué opciones tiene el actual-futuro Gobierno frente a esta diversidad de posibles escenarios adversos?

1. Acuerdos con la oposición para consensuar pautas básicas de revisión de las variables fiscales de modo de asegurar la continuidad de la asistencia del FMI después de 2019. Ello podría comprender cambios en las variables de ajuste, introducción de reglas anticíclicas fiscales (admitir déficits más elevados en la parte baja del ciclo), revisión de la edad de retiro en función del aumento de longevidad (crucial para reducir el desequilibrio que generan las jubilaciones), y particularmente extensión del programa para estabilizar el ratio de deuda pública a PBI en 2, 3 años, elevando el superávit fiscal primario a un valor cercano al 3% del PBI (comparable al servicio de interés de la deuda). Esto última sería crucial para la reducción del riesgo país y por ende el costo de financiamiento empresario y del gobierno.

2. Aprovechar el buen posicionamiento internacional de Argentina tras la reunión cumbre del G20 en Buenos Aires para encarar en paralelo con el programa del FMI una extensión voluntaria de los vencimientos de deuda externa en manos de privados en 2020-2023. Posiblemente esto se refleje en una disminución del riesgo país beneficiando a los acreedores (ejemplo, un Uruguay 2003), tal vez sin que sea necesario ofrecer una tasa más elevada.

3. Adoptar una política monetaria más gradual en lo monetario —metas monetarias convergentes a un dígito para 2023. La dirección y persistencia en la reducción de la inflación es más importante que la magnitud de la reducción. La Argentina está demasiado acostumbrada a experimentos de desinflación extremos que no resultan en última instancia sustentables y en el proceso se perjudica siempre a los más vulnerables. Los ejemplos de Chile y Colombia, entre otros, dan cuenta del éxito de los programas de desinflación gradual con consistencia macroeconómica.

4. Las adopción urgente de nuevas reglas de juego para evitar una parálisis de la inversión por el destape de la corrupción requiere: acelerar los tiempos de la Justicia en el procesamiento de las causas claves y ejemplares; ampliar la autonomía de los entes responsables de auditar el funcionamiento Estado; fortalecer la Agencia de Defensa de la Competencia y la Oficina Anti Corrupción— colusión y corrupción van a menudo juntos—; adoptar una ley de integridad empresaria (que acompañe la recién aprobada ley penal empresaria); y acelerar los procesos de recuperación de activos de la corrupción.

5. La mejora del clima de inversión para un plan de desarrollo requiere sellar acuerdos mínimos y básicos con la oposición que aseguren la estabilidad macroeconómica, alejando en forma definitiva a los sectores vulnerables como principal variable de ajuste antes las crisis.

6. Sobre esta base, los sectores políticos deberían consensuar una estrategia de desarrollo de mediano y largo plazo de: estabilidad y transparencia de los marcos regulatorios competitivos para los sectores de infraestructura y mercados de capitales; profundización de la reforma tributaria creando un sistema simple, eficiente y equitativo que promueva a la vez la formalización; creación de ventanillas únicas y soluciones en línea para reducir la carga burocrática y costo de efectuar trámites, pagar impuestos y obtener permisos; estrategia de apertura comercial gradual en el marco de acuerdos de comercio consistentes con la reducción del sesgo proteccionista del Mercosur; profunda modernización del sistema educativo acorde con la economía de la innovación donde la Argentina aún tiene un gran potencial inexplotado.

El autor es economista. Ex economista líder del Banco Mundial y gerente del BCRA. En la actualidad se desempeña como desarrollista inmobiliario.