Luchar contra la corrupción para lograr un país viable

Hace unos días, en una nota publicada en Infobae, el diputado Fernando Iglesias afirmó: "La política de austeridad de Cambiemos lleva dos años de aplicarse en la Cámara, con lo que se destruyó el enorme kiosco que habían formado durante el kirchnerismo entre ciertos diputados y ciertas agencias de viaje". Agregó : "Nadie se hace rico en política con dietas y pasajes, sino mediante la corrupción".

No se necesita mayor abundancia para, a la luz de los resonantes casos que la Justicia tiene pendiente con funcionarios y empresarios amigos del gobierno anterior, concluir, junto con el diputado Iglesias, que la corrupción en nuestro país es un hecho tan significativo como indignante. ¿Nada nuevo, no?

Aclaremos que nuestro país no es el único ni el más afectado por este fenómeno. Y que en muchos países, cada uno en su nivel, existe la sensación de que el fenómeno corrupción se incrementa y extiende. Por ejemplo, lo vemos en una encuesta de Gallup, que, en Estados Unidos, para el año 2014, los norteamericanos en un 75% opinaban que la corrupción en su país se había incrementado con respecto al 2009, cuando el 66% opinaba en ese sentido. En Israel, otro país desarrollado, de acuerdo con Gallup, en 2017, el 76% opinó que la corrupción en su país estaba extendida.

La percepción de la población

Yendo a otras latitudes, en una encuesta llevada a cabo por el Americas Barometer y LAPOP en los años 2016-2017 y plasmada en el informe The political culture of democracy in the Americas, cuando se le preguntó a la gente sobre la afirmación: "Más de la mitad de todos los políticos son corruptos", los encuestados respondieron de manera afirmativa, en Brasil, 83%; en México, 77%; en Argentina, 65 por ciento.

Para muestra adicional, solo en las emisiones de febrero y marzo de la revista The Economist se hace referencia a sonados casos de corrupción en: Sudáfrica, Angola, Corea del Sur, India, Francia, Eslovaquia, Japón, Israel, Italia, Ucrania, China y Arabia Saudita.

Lo que sí podemos encontrar es una correlación significativa entre el grado de competitividad de un país y su nivel de corrupción percibida.

Si se toman los puntajes de 15 primeros países y los 15 siguientes que lideran como más virtuosos el ranking de percepción de corrupción de Transparency International y los correlacionamos con sus puntajes de competitividad según el ranking de competitividad del World Economic Forum, vemos que los primeros 15 alcanzan un puntaje  de 82,66 en el primero, en percepción de corrupción y en el de competitividad, de 5,49. Los segundos alcanzan 66 puntos y 4,67 puntos, respectivamente.

La Argentina ocupa el lugar 95 entre 176 países en el ranking de Transparency Internacional y 104 entre 138 países en el de competitividad del World Economic Forum.

En suma, podemos afirmar con total seguridad que a mayor nivel de corrupción, menor competitividad y, por ende, menor nivel de vida.

Es aceptado el hecho de que la corrupción y la corruptela no pueden eliminarse. Y, como dice el dicho: "Mal de muchos, consuelo de tontos". Sin embargo, en el camino de mejora que ha iniciado Argentina y en relación con su proceso de inserción en el mundo, es clave hacer todos los esfuerzos posibles para llevarla al mínimo posible.

El aporte del sistema judicial

Si buscamos inversiones y confianza, debemos no solo minimizarla, sino hacer funcionar mucho mejor a la Justicia.

Corrupción ha habido y habrá tanto en el ámbito público como en el privado, pero cuando se difunde y es significativa, conspira contra el crecimiento económico sustentable.

El fenómeno corrupción afecta la competencia entre las empresas y favorece a las que incurren en prácticas ilegales, en detrimento de aquellas que muestran un comportamiento honesto. Genera una asignación ineficiente de los recursos, lo que perjudica a sectores de la economía en los que podrían ser necesarios. Deteriora la calidad de las leyes y las regulaciones, y gravita negativamente en las adjudicaciones de licitaciones y concesiones.

Sus efectos son, entre otros, el incremento del riesgo país, la incertidumbre y la inestabilidad jurídica que impactan negativamente sobre la inversión, lo que conduce a un menor crecimiento económico, disminuye el empleo, promueve el trabajo informal, y afecta la recaudación de impuestos y el balance de pagos por la fuga de los fondos hacia paraísos fiscales.

Todo esto es socialmente regresivo. Se desvían recursos en perjuicio de las clases y los grupos sociales de menores ingresos, se reduce el gasto social y, en casos extremos, se pone en peligro la salud o la vida de la gente.

Siguiendo con la afirmación surgida de la correlación expuesta arriba, podemos concluir que mientras nuestro país no haga disminuir significativamente sus históricos patrones de corrupción, no será posible caminar en forma sustentable hacia el horizonte del desarrollo.

El autor es director de la Unidad de Competitividad de Abeceb.