El Estado dominicano enfrenta una nueva obligación judicial tras una resolución que lo obliga a entregar RD$340.7 millones (aproximadamente USD 5.7 millones) en concepto de compensación por la ocupación de terrenos donde actualmente se ubica el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. La decisión, tomada por el Tribunal Constitucional, pone fin a un litigio por la expropiación de una franja de más de 15,000 metros cuadrados decretada en 1964, pero nunca saldada en su totalidad.
Otro episodio reciente de controversia sobre las propiedades que conforman el mayor complejo deportivo nacional ocurrió en 2023, cuando el Tribunal Superior Administrativo dispuso el pago de RD$472.8 millones (aproximadamente USD 7.9 millones) al empresario José Ramón Borrell Ponce. El motivo fue la ocupación estatal de terrenos dentro del área del Estadio Olímpico Félix Sánchez.
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La disputa sobre el Centro Olímpico tiene su origen en el Decreto 1886, emitido por el gobierno del Triunvirato en diciembre de 1964, que declaró de utilidad pública una parcela perteneciente a Nelly Elidia Pellerano de Ricart. Según publicó Diario Libre, esa extensión fue destinada al Parque Central Metropolitano, ubicado en el área del antiguo aeropuerto General Andrews.
El acuerdo de 1993 dejó un saldo sin pagar
Casi tres décadas después de la expropiación, el Estado y la propietaria original firmaron un contrato de permuta en 1993. Aunque parte del pago se cubrió con la entrega de un apartamento, el acuerdo reconoció que restaba un monto económico pendiente, supeditado a la disponibilidad presupuestaria.
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Ese saldo jamás fue cubierto. Por tal motivo, los herederos recurrieron a la justicia en 2021, reclamando que se fijara el valor justo de los terrenos ocupados. La controversia principal giró en torno a la tasación: mientras los demandantes calcularon el valor en RD$672 millones (aproximadamente USD 11.2 millones) mediante peritaje privado, el avalúo oficial del Catastro Nacional lo situó apenas por encima de RD$9.2 millones (alrededor de USD 153,000).
En noviembre de 2022, la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo fijó la indemnización definitiva en RD$340,736,293.72 (aproximadamente USD 5.7 millones), descontando el valor del apartamento previamente entregado. La cifra resultó de analizar y ponderar las pruebas presentadas por ambas partes.
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El Tribunal Constitucional cerró la puerta a nuevos recursos
La Dirección General de Bienes Nacionales intentó anular la sentencia alegando falta de sustento técnico y omisión de pruebas relevantes. Además, señaló que la Suprema Corte de Justicia había rechazado un recurso de casación por presentarse fuera de plazo, lo que, según la entidad, limitó el acceso a la justicia.
El Tribunal Constitucional desestimó todos los planteamientos. En su resolución, la alta corte recordó que la revisión constitucional no implica analizar nuevamente la valoración de pruebas ni sustituir el criterio de los tribunales ordinarios sobre el monto de una indemnización.
La decisión del Tribunal Constitucional agota la vía constitucional y deja firme la condena económica impuesta al Estado por terrenos expropiados hace más de seis décadas, tal como informó Diario Libre. Esto significa que el Estado dominicano debe cumplir con el pago ordenado por los tribunales, cerrando un proceso que se había mantenido abierto desde 1964 y que implica la entrega de una cifra millonaria a los herederos de la propietaria original.
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