En las seis décadas que llevo de vida, jamás he estado en el banquillo de los acusados; jamás nadie me ha acusado de nada ante un tribunal civil, penal o comercial y la única vez que recibí una carta documento fue por asuntos de consorcio. De los cuarenta y dos años que llevo trabajando, solo cuatro años y cuatro meses transcurrieron a cargo del Estado. Desde diciembre, cuando asumí como diputado nacional, gano menos de lo que ganaba antes, y cualquiera puede comprobarlo acompañándome a la AFIP a verificar los impuestos abonados con el único requisito de depositar la diferencia a favor de una entidad de beneficencia. Y sin embargo, hace un par de viernes, vi mi foto en una pantalla de televisión al lado de un cartel rojo que anunciaba que había cometido un crimen feroz: canjear $77.000 en pasajes.
Ahora bien, desde diciembre vengo sosteniendo en las redes sociales y públicamente que el sistema de canje de pasajes es un mecanismo legal pero impropio, comprometiéndome a donar lo recaudado y a hacer lo posible para cambiar el sistema. De manera que doné a la Cooperadora del Garrahan lo recibido (eran $105.300 y no $77.000) y envié una nota al Presidente de la Cámara solicitando que no se me acreditara en el futuro el dinero de los pasajes no canjeados por ningún medio. De inmediato pasé de ser un cuasi convicto cuyos crímenes podían compararse a los de la mafia K a convertirme en un paladín de la transparencia y la honestidad, mientras las acusaciones seguían lloviendo sobre el resto de los diputados. Pero no son tan fáciles las cosas.
En primer lugar, porque la Presidencia de la Cámara, a cargo de Emilio Monzó, era perfectamente consciente del problema y estaba actuando para solucionarlo. Sucede que Cambiemos es el primer oficialismo argentino que no posee mayoría en ninguna de las Cámaras, que cualquier decisión que tome debe ser consensuada con el resto de los bloques y que en diciembre estuvimos muy ocupados en aprobar el paquete legislativo más amplio de la historia, y en que el Gordo Bazooka y su banda de lúmpenes tirapiedras no quebraran la barrera policial y nos lincharan. Después vinieron las vacaciones, la vuelta al trabajo en medio de la constitución de las discusiones importantes sobre la constitución de las comisiones y la sesión de aprobación de las leyes que reemplazaron al DNU del Ejecutivo. Cualquiera entiende que pelearse con toda la oposición por un tema presupuestariamente insignificante puede despertar muchas adhesiones en las redes sociales, pero no es la mejor estrategia cuando se hace imprescindible aprobar leyes que implican ahorros de millones de dólares.
La política de austeridad de Cambiemos lleva dos años de aplicarse en la Cámara. Los pasajes que hoy se entregan ya no son innominados ni perennes, con lo que se destruyó el enorme kiosco que se había formado durante el kirchnerismo entre ciertos diputados y ciertas agencias de viaje. Tampoco se imprimen en la Ciccone de Boudou, que cobraba cinco millones por el gesto. Estas medidas por sí solas permitieron un ahorro de 75 millones en el gasto total en pasajes. Pero no es todo, la gestión de Monzó viene haciendo cambios importantes en la reducción del presupuesto de la Cámara, cuyo gasto por legislador es menor al de 30 legislaturas provinciales de las 32 existentes. En dos años, las reducciones al presupuesto en Diputados han significado ahorrar 70 millones en asesores y 17 millones en servicios generales. El gasto en combustible se redujo en un 72 por ciento. Por primera vez hay control de presentismo y el número de designados en planta permanente bajó de los 164 anuales de la gestión Fellner y los 267 anuales de la gestión Domínguez, a los 35 anuales promedio de la gestión Monzó. Nada de esto es suficiente ni justifica el mecanismo de canje de pasajes, que debe ser abolido y creo que lo será a la brevedad; pero desmiente terminantemente la idea todoeslomismista de que no hay ninguna diferencia entre este Gobierno y la mafia que lo precedió.
Hacen bien los ciudadanos en ponernos la vara de Suiza después de un cuarto de siglo de ponerle al peronismo la de Uganda. Es parte del desafío que aceptamos cuando elegimos formar parte de este Gobierno. Pero también es justo señalar que el solo hecho de que se discutan hoy acciones absolutamente legales en las que está involucrada una porción infinitesimal de los recursos públicos, y que esto sucede después de 12 años de saqueo de miles de millones y de centenares de muertos por inundaciones, choques de trenes y accidentes en rutas indignas, demuestra los avances conseguidos en solo dos años de gestión. Es por eso que la Argentina avanzó veinte puestos en los índices de Transparencia Internacional después de décadas de rodar hacia abajo. Y es por eso también que el Gobierno puede hacer mucha más obra pública al mismo tiempo que reduce gradualmente el déficit fiscal: de 2015 a 2017 hubo una disminución del 18% en el costo del kilómetro de vías férreas, del 35% en el de rutas y del 53% en autopistas. Lo simbólico tiene su importancia, sin dudas. No solo hay que serlo sino parecerlo, faltaba más. Pero aquí estamos hablando de miles de millones de dólares y no de monedas; lo que implica miles de kilómetros más de rutas, autopistas y vías construidas con el mismo dinero; con un impacto directo en las condiciones de vida de todos.
En cuanto al canje de pasajes: el mecanismo está mal, por eso renuncié a él, y debe ser abolido, pero eso no quiere decir que alguien haya robado nada. Es legal, y existe desde hace tres décadas. El modo en que lo juzguemos depende en buena parte de cuánto creamos que debe ganar un diputado. Quienes creen que $100.000 es una remuneración apropiada —y hasta exagerada, ya que muchos diputados no la merecen— ven los pasajes canjeados como un sobresueldo. Los diputados —y quienes creen que $140.000 son más adecuados a un puesto de tanta responsabilidad y piensan en los diputados que desempeñaron un papel crucial en la denuncia y caída del régimen kirchnerista— ven el canje de pasajes como una especie de salario en negro que, como los tickets-canasta, debería ser blanqueado y pagar el 35% de ganancias como el resto de los ingresos de cada legislador. ¿Quién tiene razón? Sin dudas, la primera opinión es mayoritaria y no necesita ser argumentada. Por lo tanto, admitiendo la legitimidad de ambas posturas y sin tomar partido por ninguna, déjenme argumentar la segunda opinión.
En primer lugar, no parece haber motivo para que los diputados nacionales ganen menos y dispongan de menores recursos que los provinciales. En segundo lugar, nadie se hace rico en política con dietas y pasajes, sino mediante la corrupción. Para bajar el déficit, ese es el punto a atacar, porque de él dependen miles de millones de dólares y no miles de pesos. Tercero, el total que recibe un diputado y sus asesores le cuesta menos al Estado que dos pilotos de Aerolíneas y, entre diputados y asesores, el único que cobra un poco más que un camionero argentino es el diputado. Cuarto, quienes estamos a favor de un país basado en el mérito y no en un sistema populista deberíamos incluir en esa perspectiva al Poder Legislativo Nacional. En este sentido: cada diputado forma parte de las aproximadamente 500 personas que tienen la responsabilidad de dirigir la Argentina. ¿Cobran más o menos esos 500 políticos que los 500 abogados-ingenieros-médicos-escribanos-etcétera con mejores ingresos en el país? La respuesta sobra. Quinto: ¿No es razonable que quienes emprendieron una carrera política cuyo techo son los menos de $200.000 que cobra el presidente de la nación aspiren a una remuneración similar a la de un profesional exitoso?
Continúo ganándome insultos. Sexto: lejos de la percepción popular, buena parte de los diputados ganaríamos mucho más en el sector privado que en el público. El de Carrió, tan criticada hoy por este tema, es un ejemplo contundente. Séptimo: bajar los ingresos de los legisladores implica aumentar la filtración de cerebros desde el sector público al privado; al que no se irían los inútiles, sino los más capaces. A nadie se le ocurriría bajar los sueldos de los directivos de una empresa con enorme potencial, como es la Argentina, cuyo principal problema es su pésima dirección, por la simple razón de que empobrecería la calidad de la toma de decisiones; un elemento decisivo cuando de ellas dependen los miles y miles de miles de millones de dólares del presupuesto nacional. Octavo: un Congreso donde los diputados cobraran como un maestro, como pide el trotskismo, sería probablemente un Congreso donde los diputados tendrían el nivel de los diputados trotskistas. O peor. Entrarían en él solamente los ricos y quienes están dispuestos a solucionar el problema de sus ingresos metiendo la mano en la lata. Se mire por donde se mire, un valor bajo de los ingresos de los legisladores no parece una buena opción.
Lo sé: existen diputados que no reúnen los requisitos mínimos para el cargo. Ganaban, y ganarían hoy, mucho menos en el sector privado. Pero ese no es un argumento contra la Cámara de Diputados, sino contra la manera en que los argentinos hemos elegido, por décadas, a nuestros legisladores. No han bajado en un plato volador ni se han hecho diputados por sorteo. Salieron de la misma sociedad argentina que hoy los insulta, pero es la misma que los engendró y los votó. No hay remedio a este aparente dilema, sino el de seguir votando mejor y exigiendo transparencia a nuestros representantes. Lamentablemente, después de años de populismo, buena parte de la población nacional no comprende la complejidad ni el valor de la tarea legislativa y, consecuentemente, percibe todo gasto en el Congreso como un exceso. Unos creen que con el Ejecutivo basta y sobra. Y muchos piensan que nuestro trabajo se reduce a aprobar leyes cuando es muchísimo más amplio, e incluye estar informados sobre un abanico infinito de temas, comunicarnos con todos los sectores de la economía y la sociedad civil, hablar con los ciudadanos, controlar al Poder Ejecutivo, participar del debate público en la Cámara y los medios; estudiar, rechazar o aceptar y tratar de mejorar las decenas de proyectos que ingresan cada mes en nuestras comisiones; que en mi caso son once. No es fácil ni es poco, el trabajo. Que unos lo hagan bien y otros no es otra cuestión, y se corrige también votando mejor.
La Argentina viene de un larguísimo período de decadencia presidido por dos fuerzas que han despreciado sistemáticamente la labor parlamentaria: el peronismo, que la redujo a un trabajo de escribanos, y el Partido Militar, que directamente la abolió. Recordar dónde nos llevaron estas aventuras acaso sirva para recordarnos el valor de la República y de su Congreso, única institución donde están representadas todas las fuerzas políticas, "corazón palpitante de la Democracia", según la famosa frase de Tocqueville. El Gobierno de Cambiemos está comprometido con la transparencia y la austeridad. Si el tema de los pasajes ha cobrado notoriedad hoy es, precisamente, por eso. Existe desde 1990, pero solo hoy la información está a disposición de los ciudadanos, que protestan, y con razón. Las recientes declaraciones del Presidente acerca de la necesidad de terminar con el sistema hacen suponer que el canje tiene los días contados. Es una buena noticia. Es la vara de Suiza después de 25 años de vara de Uganda, de "Roban, pero un dólar vale un peso", de "Roban, pero defienden los derechos humanos".
La vara de Suiza. Aceptamos el reto. No porque vayamos a ser Suiza en cuatro años, sino porque es esa la dirección hacia la que debemos movernos y no hacia Venezuela, como querían y siguen queriendo los partidarios del gobierno anterior.