El ataque de las cibertropas

Dos meses y medio pasaron desde el 1º de agosto de 2017, último día en que se vio con vida a Santiago Maldonado, hasta el 20 de octubre, cuando cincuenta y cinco peritos determinaron por unanimidad que el cuerpo hallado en el río Chubut no fue arrastrado ni manipulado, y que Santiago Maldonado se había ahogado intentando cruzar un río helado y correntoso sin saber nadar. Fueron dos meses y medio en los que el país fue mantenido en vilo sembrando la sospecha de que Gendarmería Nacional había retomado las prácticas de desaparición forzada de la dictadura. Dos meses y medio en los que el Presidente y su Ministra de Seguridad fueron equiparados a Videla sin que existiera una sola prueba confiable de que Maldonado hubiera sido secuestrado por las fuerzas de seguridad. Dos meses y medio de angustias e incertezas que todos los argentinos nos hubiéramos evitado si los jueces a cargo hubieran cumplido su deber, desoído las absurdas invocaciones acerca de una supuesta "tierra sagrada", establecido que el Estado de derecho rige en todo el territorio, y ordenado inspeccionar el lugar que los perros marcaban insistentemente, y en el que, con una demora de dos meses y medio, fue encontrado el cadáver de Maldonado.

Y los riesgos que se corrieron fueron peores. La aparición del cuerpo en la semana previa a las elecciones impactó fuertemente en la opinión pública, y habría bastado que el juez a cargo decretara el secreto de sumario sobre la autopsia para que los argentinos hubiéramos tenido que votar bajo la sombra admonitoria de un joven presumiblemente víctima de un abuso represivo. ¿Cuántos miles o millones de ciudadanos habrían votado contra el Gobierno en ese caso? ¿Cómo habría influido esta alteración en la composición de las Cámaras y en la sustentabilidad política del Gobierno cuyas dificultades se revelarían ese mismo diciembre? ¿Es posible cancelar completamente la sospecha de que la desestabilización del Gobierno fue, precisamente, el objetivo de la campaña de desinformación y difamación montada alrededor de Maldonado? ¿No lo hace pensar la lista de sus impulsores: esos organismos de derechos humanos que han abdicado de sus funciones para convertirse en cuevas operativas del kirchnerismo?

La actuación del periodismo argentino merece un párrafo aparte en todo esto. Por dos meses y medio, ese importante sector de la prensa que la picardía criolla ha denominado "Corea del Centro" se dedicó a alimentar irresponsablemente la teoría de la "desaparición forzada", tomando por creíbles afirmaciones delirantes de un grupo terrorista como el RAM y fuentes de confiabilidad más que dudosa, como el famoso mapuche que lo había visto todo con unos binoculares que después extravió. Rápidamente, en las escuelas controladas por los Baradel de turno se dio por cierto que Gendarmería Nacional era un gigantesco escuadrón de la muerte. Consternadas redacciones se sacaron fotos exhibiendo el cartel "¿Dónde está Santiago?". Una de las expresiones más angelicales de Maldonado se transformó en un ícono exhibido en todos los lugares públicos. Y desde todas las editoriales progres de la patria se clamó: "El Estado es responsable". Pero el Estado no era responsable más que de disolver un bloqueo a una ruta nacional e intentar detener a quienes lo habían ejecutado por violar la ley. Habría bastado que los periodistas y las organizaciones de derechos humanos exigieran que el Estado inspeccionara el lugar que señalaban los perros para enterarnos inmediatamente de dónde estaba Santiago Maldonado; pero no: eso era lo que pedíamos los malos, los derechosos, los nostálgicos de la dictadura que queremos vivir en un país en el que nadie esté por encima de la ley y ningún territorio escape al Estado de derecho.

Hoy, cuatro meses más tarde, demostrado abundantemente que la desaparición forzada fue un bluff alentado con objetivos políticos, ni las organizaciones de derechos humanos, ni los periodistas de Corea del Centro le han pedido disculpas a nadie. Ni al Presidente, ni a la Ministra, ni a los gendarmes injustamente sometidos al escarnio. Mucho menos se han disculpado con los ciudadanos argentinos que estuvimos a punto de ir a votar en medio de la más impresionante opereta mediática de los últimos tiempos. ¿Silencio de radio? Para nada. Mucho peor: la filial argentina de Amnesty International acaba de publicar un informe ("El debate público limitado – Trolling y agresiones a la libre expresión de periodistas y defensores de derechos humanos en Twitter") casi tan vergonzoso como su anterior apoyo a la Operación Maldonado del comandante de las cibertropas, general Verbitsky. Con una rigurosidad metodológica digna del Indec de Moreno, el informe de Amnesty Argentina intenta vincular al Gobierno con supuestas agresiones a un grupo de "reconocidos periodistas y defensores de los Derechos Humanos" cuya lista incluye a Hugo Alconada Mon, Edi Zunino, María O'Donnell, Reynaldo Sietecase, Romina Manguel, Ernesto Tenembaum, Adolfo Pérez Esquivel y su propia directora, Mariela Belski: un total de nueve entre los once casos estudiados y un grupo a la que la denominación Corea del Centro le queda corta, ya que figuran en él varios coreanitos del norte.

"El presente informe documenta el accionar de cibertropas en Twitter con el fin de descalificar, agredir o intimidar a periodistas y defensores de derechos humanos de la Argentina… Estos ataques son coordinados y buscan inhibir la expresión de perspectivas plurales y limitar la circulación de opiniones diversas sobre temas cardinales del espacio público", sostiene Amnistía. Después de lo cual señala su origen y método: "El modus operandi de las agresiones… consiste en una secuencia de responsabilidades en cuyo origen hay funcionarios o voceros formales del oficialismo". Para finalizar, Amnesty me acusa directamente de ser unos de los responsables: "El caso de Fernando Iglesias (@FerIglesias) merece destacarse porque es a la vez una destacada figura de generación y reproducción de mensajes intimidantes y de noticias falsas, a la vez que desempeña un rol institucional como diputado por Cambiemos".

En qué sentido soy una "destacada figura de generación y reproducción de mensajes intimidantes y de noticias falsas" será algo que Amnesty Argentina deberá aclarar en Tribunales. A los efectos de esta nota, me permito constatar que las pruebas presentadas en el informe son inexistentes. La primera es un recorte de pantalla de un tweet de María O'Donnell:

En qué sentido la frase de mi tweet ("'El programa de' está de más") puede ser considerada intimidante o falsa es algo que Amnesty no aclara. Lo hago yo: todo comenzó con un mensaje de @davidvincent97 que twiteó: "Que desastre el programa de O'Donnell", al que yo señalé que sobraba "el programa de…". He allí la magnitud del "ataque intimidatorio": decir que María O'Donnell me parece un desastre periodístico; afirmación a la que agrego ahora mi tweet siguiente, que le envié: "No es una agresión, María. Es una opinión. Creo que tu forma de hacer periodismo es desastrosa. La vara de África por doce años. La de Suiza, hoy". La definición teórico-práctica de la línea periodística de Corea del Centro.

Evito mencionar las inconsistencias técnicas de un informe, el de Amnesty, que primero se arroga la autoridad de calificar a ciertos usuarios de Twitter como "trolls" y "cibertropas" para después acusarlos de ser trolls y cibertropas. No quiero aburrirlos con la falacia de la petición de principio. Pero acaso los diviertan algunas perlitas. Por ejemplo, el método utilizado para intentar implicar al Gobierno, que consistió en el análisis de las palabras predominantes en las biografías de las cuentas. Este fue el resultado gráfico, en el que se evidencia que las expresiones "Argentina" y "K" fueron las más mencionadas, mientras que las referencias al Gobierno fueron escasas…

Indiferente a la prueba que presentan, estas son las ridículas conclusiones del informe de Amnesty Argentina: "Como se puede ver, las biografías de las cuentas analizadas presentan una alta frecuencia de sintagmas ligados temáticamente al oficialismo. 'Cambiemos', 'Cambio', 'Macri'; son algunas de las palabras que se destacan en las autopresentaciones en la red". Estimados lectores: si quieren encontrarlas en el gráfico presentado por la propia Amnesty, ya saben: usen lupa.

Pero aún más absurda es la vinculación que encuentra Amnesty Argentina en la "escalada de difamación" contra su directora:

Señalo: mi tremenda campaña de "influencer" en la "escalada de difamación" con "claros vínculos políticos con el oficialismo" consistió en un tweet que ninguno de mis 239.300 seguidores de entonces retwiteó. ¡Intimidatorio!

Por supuesto, Página12 y sus sucursales operacionales en Perfil y La Política Online le dieron inmediata cabida a este delirio, de manera que me vi obligado a contestar una acusación inverosímil por radios y medios televisivos. Pero si hoy cito lo que me ocurrió, no es por pasión autorreferencial, sino porque me parece ilustrativo de lo que la propia Amnistía Argentina definiría como "modus operandi típico de una cibertropa". La cibertropa K, desde luego. La primera etapa en la campaña fue la de lograr que organizaciones de derechos humanos que habían sido ejemplares se transformaran en cuevas K a fuerza de favores y subsidios. La segunda es un informe claramente sesgado e intimidatorio contra mi persona, basado en la pretensión, muy difundida en las redacciones, de que los periodistas están autorizados a afirmar irresponsablemente cualquier cosa (en cuyo caso se habla de "libertad de expresión"), pero nadie puede criticarlos (en cuyo caso se habla de "ataques a la libertad de expresión" e "intimidaciones").

Es esto lo más grave. Es este el corazón del TODOESLOMISMO que se ha transformado en la bandera de Corea del Centro. Es este el intento grosero, proclamado con aires de neutralidad, de igualar las graves agresiones a los periodistas y las limitaciones a la libertad de expresión impulsadas por el kirchnerismo con la situación actual, en la que hasta Hebe de Bonafini tiene un programa en la TV pública y los cocineros argentinos insultan al Presidente. La respuesta a semejante ambición corporativa es simple: la libertad es un camino de ida y vuelta. Quien critica no puede pretender no ser criticado. Periodistas o no periodistas. Y en las redes sociales, buenas o malas, nos gusten o no nos gusten, rigen las mismas reglas para todos. La horizontalidad de la comunicación, que es su máxima virtud, es también su defecto más peligroso, ya que permite insultos, amenazas e intimidaciones. De ellas, no suele haber rastro en los informes de las cibertropas K, pero sí los hubo (y muy graves hacia mi persona) en los 12 años en que una mafia saqueó al país con la complacencia de muchos y la indiferencia culpable de demasiados.

El autor es diputado nacional 2007-2011 y 2017-2021 (República Argentina). Director de la Campaña por la Corte Penal Latinoamericana.