Elecciones 2017: ¿a los candidatos les importan los niños?

"Los niños son el futuro de nuestro país", "Primero los niños", "Los niños y los ancianos son las más vulnerables y necesitan del Estado", etcétera. Frases de ocasión, eslóganes de campaña, speeches de dirigentes políticos, funcionarios u opositores a quienes poco les importan, en verdad, los niños.

Desde hace nada menos que 12 años los niños de la Argentina carecen de su defensor de las niñas, los niños y los adolescentes, una figura legal creada en el año 2005, mediante la ley de protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes (ley 26061). Esta normativa establecía que la designación del defensor debía cumplirse en el plazo de 90 días desde su entrada en vigencia. Noventa días que, por arte y magia de la clase política, se convirtieron en 12 años.

Obviamente el sayo les cabe principalmente a los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández y, en parte, también, a la actual gestión de Mauricio Macri. Pero salvo pequeñas gotas de vehemencia aportadas por unos pocos dirigentes y, eso sí, muchas ONG, las grandes fuerzas políticas como el kirchnerismo-PJ, PRO, UCR, Coalición Cívica, GEN, Frente Renovador y la izquierda, nada hicieron por instalar un tema que golpea a millones de niños en la Argentina.

¿Por qué es tan importante la designación de un defensor de los niños? La ley de protección integral de los derechos de niñas, niñas y adolescentes crea el sistema de protección integral de derechos de la infancia y la adolescencia, y establece que esté conformado por todos aquellos organismos, entidades y servicios que diseñan, planifican, ejecutan y supervisan las políticas públicas destinadas a la promoción, la prevención, la asistencia, la protección, el resguardo y el restablecimiento de los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes.

Asimismo, la ley indica que, para lograr sus objetivos, el sistema de protección integral de derechos de las niñas, los niños y los adolescentes debe contar, entre otros medios, con organismos administrativos y judiciales de protección de derechos. Esto quiere decir que las personas menores de 18 años de edad ya no pueden ser consideradas meros objetos de cuidado, sin derechos ni garantías, sino que, por el contrario, han pasado a ser titulares de la totalidad de derechos humanos consagrados, cuyo respeto y garantía se encuentra a cargo del Estado.

Según el Centro para la Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), tomando como medición el último trimestre de 2016, en la franja de chicos de hasta 4 años, casi la mitad (43,8%) era pobre. Pero si la mirada se extendía hasta los 14 años, la situación empeoraba: 47,9% de ellos vivía (vive) en la pobreza.

En sintonía, Unicef informaba para el mismo período del año pasado que hay 5,6 millones de chicos pobres en la Argentina. ¿Cómo no va a ser considerado importante?

Por ese motivo, las ONG vienen pujando para el cumplimiento de la ley 26061 y la designación del defensor, al considerar que eso conllevaría la realización de una encuesta nacional nutricional que informe sobre la situación actual de la niñez, la implementación de una política coordinada e integral para cumplir con los derechos de la primera infancia, y la asignación del presupuesto necesario para garantizar las necesidades de todas los niños de nuestro país, según el colectivo Infancia en Deuda.

El defensor de los niños es una figura tan necesaria que tendrá la importante tarea, no sólo de promover y proteger los derechos de la infancia, la niñez y la adolescencia plasmados en la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas, en nuestra Constitución y ley nacional, sino también la de ser portavoz de esos derechos para todos los niños de nuestro país. Asimismo, deberá velar y controlar el cumplimiento efectivo de esos derechos tanto en los ámbitos ejecutivo, legislativo y judicial como en el sector público no estatal.

Tal fue la desidia de la política hacia los niños que, en agosto de 2016, la Corte Suprema de Justicia debió exhortar a ambas Cámaras a nombrar un defensor del pueblo, a la vez que la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, sala III, dictó sentencia con base en una acción de amparo que presentaron en 2015 distintas organizaciones de la sociedad civil. Una vergüenza.

Nueves meses se tomaron los legisladores del oficialismo y de la oposición para, finalmente el 31 de mayo pasado, conformar la comisión bicameral que debe, entre otros puntos, designar al defensor del niño. Un mes después, no hay novedades en el horizonte.

El mérito de lo logrado hasta ahora no es de la dirigencia política en su conjunto ni de un gobierno sino de organizaciones como la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Asociación por los Derechos civiles (ADC), Fundación Sur, el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), Haciendo Camino, Aldeas Infantiles, la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (Asdra), el Colectivo de Derechos de Infancia y Adolescencia, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) y la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM).

¿Será esta deuda uno de los puntos principales en las campañas políticas de Esteban Bullrich, Cristina Fernández, Sergio Massa, Florencio Randazzo, Margarita Stolbizer, Elisa Carrió o Martín Lousteau, por citar algunos nombres rimbombantes de la campaña electoral? Por el momento, no parece serlo, ya sea por desconocimiento o desidia.