Un subjefe de la Fuerza Pública de Costa Rica fue condenado a tres años de prisión después de que las autoridades judiciales comprobaran que utilizó patrullas y personal policial bajo su mando para realizar diligencias personales, aprovechándose de los recursos del Ministerio de Seguridad Pública.
Se trata de un funcionario de apellidos Solís Blanco, quien se desempeñaba como subjefe de la Delegación de la Fuerza Pública de Flores, Heredia, y fue declarado culpable de tres delitos de peculado de uso, según informó este martes 10 de noviembre la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción.
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La sentencia fue dictada el 19 de octubre de 2026 por el Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, que además le impuso una inhabilitación de tres años para ejercer cargos, empleos o funciones públicas.
Sin embargo, el tribunal le concedió el beneficio de ejecución condicional de la pena durante tres años, por lo que no deberá cumplir la condena en prisión mientras respete las condiciones impuestas, entre ellas no cometer nuevos delitos durante ese período.
Utilizó patrullas para ir a un hotel y recoger sus pertenencias
Durante el proceso judicial, la Fiscalía logró demostrar que el funcionario utilizó recursos institucionales en tres ocasionespara atender asuntos ajenos a sus responsabilidades policiales.
Uno de los hechos consistió en trasladarse en una unidad oficial a una reunión privada en un hotel ubicado en Santo Domingo de Heredia.
En otra oportunidad, dispuso que una patrulla lo recogiera en su residencia, ubicada en Alajuela, mientras que el tercer episodio estuvo relacionado con un desplazamiento hasta su vivienda para recoger unos lentes de uso personal.
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De acuerdo con la investigación, estas actividades se realizaron mediante el uso de vehículos del Ministerio de Seguridad Pública y la participación de oficiales que se encontraban bajo su autoridad.
Los jueces concluyeron que el acusado aprovechó su posición jerárquica para disponer de funcionarios subordinados en actividades que no estaban relacionadas con las labores de seguridad ciudadana.
Tribunal determinó que hubo un uso indebido de recursos públicos
En su resolución, los jueces establecieron que las acciones de Solís Blanco constituyeron un desvío de bienes y servicios estatales de las funciones para las cuales habían sido asignados.
El tribunal consideró que estas conductas vulneraron los principios de probidad, legalidad y correcta administración de los recursos públicos, debido a que las patrullas y el personal policial fueron utilizados para atender necesidades particulares del funcionario.
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Además, los magistrados determinaron que el acusado se aprovechó de su rango dentro de la institución para disponer de oficiales subordinados en tareas ajenas al servicio público.
Deberá pagar más de ₡4,3 millones al Estado
La sentencia también incluyó una condena civil, luego de que el tribunal acogiera la demanda presentada por el Estado por los perjuicios ocasionados.
Según la resolución, el comportamiento del funcionario provocó un daño social al afectar la imagen del Ministerio de Seguridad Pública, la confianza de la ciudadanía en la labor policial y la credibilidad de la Administración Pública.
Por esta razón, deberá cancelar un total de ₡4,326,000 (USD 9.5 mil), distribuido de la siguiente manera: ₡3,000,000 por daño social (USD 6.5 mil), ₡600,000 (USD 1.3 mil) por costas personales y ₡726,000 (USD 1.5 mil) por honorarios profesionales de la querella, además de los intereses legales correspondientes.
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La Fiscalía recordó que el delito de peculado de uso se configura cuando un funcionario utiliza indebidamente bienes o recursos del Estado en beneficio propio, incluso cuando estos no sean apropiados de manera definitiva.
El caso fue tramitado bajo el expediente judicial 24-000005-1880-PE.
La resolución impone consecuencias penales, civiles y administrativas al exfuncionario, quien deberá cumplir con las condiciones establecidas por el tribunal durante los próximos tres años.
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