Una experta de las Naciones Unidas advirtió sobre la escalada de ataques contra los abogados en Nicaragua, después de que cerca de 2,000 profesionales fueran excluidos del registro oficial de la Corte Suprema de Justicia sin aviso previo ni un proceso individual que les permitiera defenderse. La medida les impide representar a clientes, presentar escritos judiciales y realizar trámites notariales.
La relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la independencia de magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite, afirmó este miércoles que las exclusiones comprometen las garantías judiciales de los ciudadanos y afectan el derecho a contar con una defensa legal independiente.
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Según la experta, los abogados fueron retirados del sistema profesional sin que se les notificara la decisión y sin procedimientos disciplinarios o administrativos que explicaran las razones de cada caso. Tampoco habrían tenido una oportunidad efectiva para recurrir la medida ante una autoridad independiente.
“Estas destituciones atentan contra el derecho fundamental a un juicio justo”, señaló Satterthwaite. La relatora sostuvo que la situación requiere una respuesta de la comunidad internacional ante las restricciones que enfrentan los sectores independientes en el país.
La exclusión del registro limita la defensa de los ciudadanos
No figurar en el registro judicial supone la imposibilidad de ejercer tareas esenciales para la profesión. Los abogados afectados no pueden presentar documentos en causas judiciales, representar a personas ante los tribunales ni realizar actos notariales.
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La medida puede tener un alcance mayor que la situación laboral de los profesionales excluidos. Al restringir quiénes pueden actuar ante la Justicia, también condiciona la capacidad de los ciudadanos para elegir a sus defensores o recibir asesoramiento jurídico.
Satterthwaite indicó que los abogados que asumieron la defensa de personas privadas de libertad por razones políticas, promovieron causas de derechos humanos o denunciaron abusos del régimen enfrentaron obstáculos adicionales para ejercer. Entre ellos mencionó vigilancia, acoso, amenazas, exilio forzado y cancelación de licencias profesionales.
“La profesión jurídica ha sido objeto de un acoso particular en Nicaragua”, afirmó la relatora. En su evaluación, las decisiones contra los profesionales del derecho forman parte de un patrón de represalias contra quienes cuestionan actuaciones de las autoridades o defienden a sectores críticos del gobierno.
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Una circular ordenó verificar la inscripción antes de prestar servicios
La experta también expresó preocupación por la Circular 2026 del Consejo Nacional de Administración Judicial y Carreras Profesionales. La normativa ordena a los jueces y a los órganos judiciales comprobar, como requisito obligatorio, que los abogados estén inscriptos en el sistema antes de prestarles servicios.
En los casos en que un profesional no figure en el registro, la circular dispone su remisión a la Dirección de Regulación, Supervisión y Control de Abogados y Notarios de la Corte Suprema de Justicia para regularizar su situación.
Para la relatora, esta exigencia transmite un mensaje preocupante porque consolida las restricciones sobre profesionales que ya fueron apartados del sistema. La obligación de verificación puede afectar el funcionamiento cotidiano de la defensa legal y limitar el acceso a trámites judiciales y notariales.
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La denuncia se conoció en medio de los cambios normativos aplicados en Nicaragua desde el año 2023. Satterthwaite recordó que ese año entraron en vigor reformas constitucionales vinculadas con la revocación de nacionalidad y con las facultades disciplinarias y regulatorias de la Corte Suprema de Justicia.
ONU recordó la inhabilitación de 26 abogados en 2023
Según la relatora, esas reformas abrieron la puerta a restricciones arbitrarias sobre el ejercicio de la abogacía y los servicios notariales, en particular contra profesionales considerados críticos del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
La experta recordó que 26 abogados fueron inhabilitados después de ser despojados de su nacionalidad. El caso se sumó a las denuncias de organizaciones de derechos humanos sobre el deterioro de las garantías judiciales y civiles en el país desde 2018.
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“Nicaragua debe cesar de inmediato estos ataques contra la profesión jurídica y el derecho a un juicio justo”, reclamó Satterthwaite. La relatora envió una comunicación para exponer sus preocupaciones sobre la exclusión de abogados y sus consecuencias.
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