Declarada traidora en Nicaragua, enferma de cáncer en Costa Rica: la exiliada que denuncia el sistema que la dejó sin atención

Urania Castrillo Molina enseña la cicatriz que le dejó una mastectomía sin pudor, pero con dolor. “No es fácil meterte al baño y verte la herida. Vos mirás bonito así como me ves ahorita, pero es una herida que me deformó el cuerpo”, relató la exiliada nicaragüense a Onda Local en febrero de 2026, portal de periodismo centroamericano.

Lleva más de dos años enfrentando un cáncer de mama lejos de su país.

También lejos de un sistema de salud que, según denuncia, la trató con sospecha por su condición de refugiada.

Una voluntaria de la Cruz Roja que el régimen declaró traidora

Castrillo dejó Nicaragua en 2018. Durante más de tres décadas había trabajado como voluntaria de la Cruz Roja, hasta que se negó a cumplir una orden que le llegó desde el poder.

“Como cruzrojista, tenía mi obligación de cumplir y de no acatar la orden presidencial ni vicepresidencial de dejar morir a las personas o de entregarlas”, contó a Onda Local.

Esa negativa a abandonar a los manifestantes heridos durante la represión del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo le costó la persecución.

“Comenzó la persecución política y se me declaró traidora a la patria”, recordó la refugiada en el video divulgado en febrero.

Desde entonces vive en San José, Costa Rica, donde asegura haber encontrado el rechazo por ser nicaragüense. “Agarraron xenofobia y me decían: sí, todos los nicas delincuentes se vienen a refugiar aquí a este país. Ah, sí es nica, ahí déjala que se muera. Eso ya es discriminación, xenofobia”, relató a Onda Local.

El sistema costarricense, aunque constitucionalmente universal, exige en la práctica estar afiliado al Seguro Social para recibir atención completa. Sin papeles, sin seguro y sin recursos para pagarlo, miles de refugiadas quedan fuera de consultas especializadas y tratamientos, según documentó el portal.

Mamá Tara y la barrera del idioma miskito

La discriminación que describe Castrillo no es un caso aislado. Susana Marlei Cunningham, conocida como Mamá Tara, lo vive desde otro frente: el de ser mujer indígena miskita exiliada.

“La inmensa mayoría de las mujeres miskitas no tenemos acceso a la salud por falta de seguro médico, por falta de documentos. Entonces, es una limitante muy grande con las enfermedades que hemos venido enfrentando”, dijo a Onda Local.

Mamá Tara es referente para decenas de familias miskitas que se asentaron en la comunidad de La Carpio, en San José. Cuando enferman, el recorrido institucional se vuelve un laberinto.

“Si acudimos al Hospital México, el Hospital México nos transfiere nuevamente al EBAIS de Carpio. Y el EBAIS de Carpio dice: no hay campo y se tienen que trasladar al EBAIS de Clorito, que es un poco distanciado de acá”, relató ante Onda Local. Con fiebre, vómito y sin dinero para moverse, muchas familias pasan hasta una semana sin atención ni medicamento, según describió.

A eso se suma el idioma. “No lo atienden porque le dice: esta señora es de habla raro, no le vamos a atender”, resumió Mamá Tara.

Lo que dicen las organizaciones de derechos humanos

Ana Quirós, directora del Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (CISAS), explicó a Onda Local la contradicción del sistema costarricense. “En Costa Rica se habla de que el sistema de salud es gratuito, obligatorio y universal. Sin embargo, es universal para el que paga, no es universal para cualquier vecino”, señaló.

Quirós advirtió que, sin afiliación al Seguro Social, la población migrante nicaragüense “no va a tener acceso a salud y no va a tener acceso a medicamentos ni atención más sofisticada”.

Yoswel Martínez, presidente de la Asociación Intercultural de Derechos Humanos (ASIDEHU), precisó ante Onda Local que la gratuidad real solo alcanza a menores de edad, mujeres embarazadas y personas con VIH. Las mujeres adultas sin esas condiciones, en general, quedan excluidas.

Martínez recordó el caso de Carmelita Julio Pichi, exiliada nicaragüense que murió el 30 de noviembre de 2023. Según relató a ASIDEHU, el hospital que la atendió sostiene que ella firmó una renuncia a los servicios médicos, mientras que familiares y testigos describen una secuencia distinta.

“Fue una situación de negligencia, fue una situación de negativa de atención médica también. Nada más la tratan para estabilizarla y le dan salida. Y cuando la quieren volver a llevar, le dan negativa de atención médica”, explicó Martínez a Onda Local. El caso llegó hasta la Presidencia de Costa Rica, pero cuando se citó a la Caja para declarar, la institución no se presentó.

Redes de apoyo que intentan llenar el vacío

Ante ese panorama, organizaciones como SOS Nicaragua Derechos Humanos y la Red de Mujeres Pinoleras organizan jornadas médicas y de atención primaria para canalizar a las mujeres hacia servicios esenciales, según documentó Onda Local.

Pero Quirós advirtió los límites de ese modelo. “Muchos de los problemas de salud requieren de una vigilancia constante. Si yo sufro de diabetes, de poco me sirve ir a una jornada de un día y no volver a tener atención hasta la próxima jornada, que podrá ser el año entrante o el siguiente”, explicó ante Onda Local.

Castrillo, pese a todo, insiste en no bajar los brazos. “Creo que la mejor forma de enderezar las cosas es denunciar y denunciar y no callar”, afirmó a Onda Local.

Para la elaboración del reportaje, Onda Local solicitó el 19 de enero una entrevista a la Caja Costarricense de Seguro Social para conocer su posición institucional. La entidad confirmó la recepción de la solicitud ese mismo día, pero no respondió, por lo que no fue posible incluir su versión.