Un grupo de cinco países propuso que los ministros de Relaciones Exteriores de la Organización de los Estados Americanos (OEA) se reúnan el próximo 2 de octubre para examinar posibles acciones frente a la situación política en Nicaragua, después de que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo avanzara con restricciones que impedirían la participación electoral de sectores opositores.
La iniciativa fue presentada por Paraguay, con el respaldo de Argentina, Chile, Estados Unidos y Perú, de acuerdo con un borrador de agenda al que accedió AFP, agencia internacional de noticias. La propuesta será sometida a votación este miércoles 23 de septiembre durante una sesión del Consejo Permanente prevista para las 10h (14h GMT).
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El documento plantea que la reunión extraordinaria de consulta de cancilleres tenga lugar el viernes 2 de octubre de 2026. En esa instancia, los jefes de la diplomacia regional deberán considerar “la situación en Nicaragua y las acciones apropiadas”, según el texto.
El Consejo Permanente definirá este miércoles si convoca a los cancilleres
La convocatoria necesita la aprobación de los Estados miembros reunidos en el Consejo Permanente, órgano político que mantiene sesiones regulares en la sede de la OEA en Washington.
El mecanismo había sido aprobado el 19 de agosto, cuando el organismo resolvió convocar una reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores para abordar la crisis nicaragüense. Se trata de una herramienta excepcional dentro de la estructura política de la OEA, reservada para situaciones que los países consideran de especial gravedad regional.
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La discusión llega después de semanas de negociaciones entre las delegaciones. El respaldo de Paraguay, Argentina, Chile, Estados Unidos y Perú refleja la búsqueda de una posición coordinada ante las últimas decisiones institucionales adoptadas en Managua.
La agenda propuesta evita anticipar medidas concretas. Su formulación se limita a abrir un debate entre los cancilleres sobre las respuestas que cada gobierno y el organismo hemisférico podrían impulsar ante el cierre del espacio electoral en el país centroamericano.
El veto a la oposición profundizó las tensiones con el gobierno de Ortega y Murillo
El detonante inmediato de la convocatoria es la decisión del oficialismo nicaragüense de prohibir la participación de la oposición en las elecciones. A comienzos de septiembre, la Asamblea Nacional aprobó el veto electoral, en un contexto de creciente concentración de poder alrededor de la pareja presidencial formada por Daniel Ortega y Rosario Murillo.
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El régimen sandinista ha calificado a dirigentes y grupos opositores como “traidores a la patria”, una acusación que ha acompañado medidas contra organizaciones políticas, medios de comunicación, entidades civiles y críticos del Ejecutivo.
La propuesta de los cinco países busca trasladar esa situación al máximo nivel político de la OEA. Los cancilleres deberán evaluar si la organización puede promover una respuesta conjunta, aunque el texto preliminar no precisa qué alternativas se someterían a consideración.
Nicaragua ya no forma parte del organismo. El país formalizó su salida de la OEA en noviembre de 2023, luego de un proceso de ruptura que comenzó en 2021, cuando el gobierno de Ortega denunció la Carta de la organización tras recibir cuestionamientos por la situación institucional y electoral.
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La salida de Nicaragua no impide que la OEA discuta la crisis regional
La desvinculación formal de Managua limita la capacidad de la OEA para intervenir de manera directa en asuntos internos nicaragüenses, pero no impide que los Estados miembros debatan la situación del país ni adopten posiciones diplomáticas.
El organismo tampoco cuenta con atribuciones propias para aplicar sanciones económicas. Las eventuales medidas de presión deben ser decididas e implementadas por cada Estado, de acuerdo con su legislación y su política exterior.
Estados Unidos ha promovido durante este año sanciones económicas dirigidas contra integrantes del gobierno nicaragüense, entidades estatales y estructuras vinculadas al poder político. Washington busca que otros países de la región adopten medidas de aislamiento diplomático frente al gobierno de Ortega y Murillo.
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