Al menos 115 personas murieron bajo custodia de la dictadura cubana entre el 1 de febrero de 2024 y el 30 de junio de 2026, según un informe especial elaborado por la ONG Cubalex. El relevamiento reconstruyó los fallecimientos de personas privadas de libertad por resolución judicial y encontró que, en la mayoría de los casos, existieron problemas relacionados con la atención médica. El documento también expone muertes asociadas con desnutrición, enfermedades transmisibles, violencia y situaciones en las que la versión oficial del fallecimiento es cuestionada por los elementos recopilados.
Cubalex vinculó 80 de los 115 casos, alrededor del 70% del total, con negligencia o negación de atención médica. La documentación menciona enfermedades que no recibieron tratamiento adecuado, interrupciones de terapias y demoras frente a cuadros que requerían intervención.
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También se identificaron 21 muertes relacionadas con desnutrición severa o inanición, mientras que otras 12 estuvieron vinculadas con tuberculosis. En determinados establecimientos, estos casos se concentraron durante el período analizado, una situación que el informe relaciona con problemas en la provisión de alimentos, la atención sanitaria y la prevención de enfermedades.
“Su recurrencia y concentración en determinados establecimientos señalan deficiencias graves en la provisión de alimentación, la atención sanitaria y la prevención de riesgos colectivos”, sostiene Cubalex en su análisis.
El relevamiento también incorporó muertes en las que hubo intervención directa de agentes del régimen. La organización contabilizó nueve casos de ejecución extrajudicial, definidos en función del uso directo de la fuerza estatal o de indicios de violencia física. A esto se agregan fallecimientos que fueron considerados especialmente preocupantes por las circunstancias que rodearon el deceso.
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Uno de los puntos examinados son las muertes atribuidas oficialmente a suicidios. En esos expedientes, Cubalex encontró antecedentes de depresión sin atención, intentos previos que no tuvieron seguimiento y situaciones de trato degradante. La organización sostiene que determinar una muerte como autolesiva no elimina la necesidad de investigar qué ocurrió durante el período previo y si las autoridades cumplieron con sus obligaciones de protección.
La misma consideración se aplica a los casos en los que otro preso aparece como responsable de la muerte. “No excluye el examen de las acciones u omisiones estatales que pudieron contribuir al desenlace”, advierte el informe al referirse a esta cuestión.
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Santiago de Cuba acumuló 29 fallecimientos, la cifra más elevada del registro, seguida por La Habana, con 21, y Mayabeque, con 16. Las tres provincias concentraron más de la mitad de los casos. Guantánamo sumó 11 muertes y quedó en el cuarto lugar, con una particular concentración de fallecimientos durante 2026 relacionados con desnutrición, inanición y tuberculosis. Granma registró siete.
El informe también recoge siete casos de personas que recibieron una excarcelación o una licencia extrapenal poco antes de morir.
El perfil de las víctimas muestra una marcada mayoría masculina: 112 hombres y tres mujeres. La edad promedio de las personas fallecidas fue de 41,9 años. Cubalex indicó además que 31 de los casos correspondían a personas afrodescendientes, equivalentes al 27% del total.
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Presos políticos
El panorama penitenciario se desarrolla mientras aumenta la cantidad de personas encarceladas por motivos políticos. Prisoners Defenders informó que tenía registrados 1.339 presos políticos al cierre de agosto de 2026, después de incorporar 19 casos y registrar siete bajas durante ese mes. La cifra incluía 155 mujeres y 38 personas que habían sido detenidas cuando todavía eran menores de edad.
La organización también reportó problemas sanitarios entre quienes permanecen encarcelados por razones políticas. Según su registro, 463 presos padecían patologías médicas graves, mientras que otros 54 presentaban trastornos graves de salud mental sin recibir, según la ONG, atención médica o psiquiátrica adecuada.
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Entre septiembre de 2025 y agosto de 2026, Prisoners Defenders incorporó 281 nuevos casos a su listado de presos políticos, lo que elevó a 2.167 el número acumulado de personas encarceladas por razones políticas desde julio de 2021. De ese total, la organización señala que 2.020 ingresaron a prisión desde entonces.
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