El régimen de Ortega y Murillo mantiene a 23 personas en desaparición forzada en Nicaragua

La desaparición de presos por razones políticas o como resultado de purgas internas se ha convertido en una práctica sostenida y creciente del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, denuncian organismos de derechos humanos. Al menos 23 personas permanecen actualmente en condición de desaparición forzada. En algunos casos, sus familias llevan más de dos años sin conocer su paradero, estado de salud o situación legal.

“El régimen de Nicaragua ha llegado hasta donde ningún otro país de la región ha llegado”, dice el abogado Yader Valdivia, del Colectivo de Derechos Humanos Nunca Más.

El Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas de Nicaragua documentó, en su corte al 31 de mayo de 2026, nueve casos de desaparición forzada que mantiene el régimen de Ortega y Murillo.

Sin embargo, una actualización reciente, discutida en una audiencia ante organismos internacionales en la que participaron la Unidad de Defensa Jurídica, el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional y el Instituto Race and Equality, eleva esa cifra a 23 personas en condición de desaparición forzada.

La lista real es todavía más amplia, porque decenas de familiares y allegados de presos políticos permanecen desaparecidos sin que sus casos hayan sido reconocidos públicamente hasta ahora.

El Mecanismo define la desaparición forzada como la privación de libertad acompañada del ocultamiento del paradero y la condición de la persona detenida, lo que impide a sus familiares acceder a información verificable sobre su ubicación, su estado físico, su situación jurídica y sus condiciones de reclusión.

El líder indígena miskito Brooklyn Rivera Bryan permaneció oculto por el Estado durante más de 970 días antes de ser mostrado, a fines de mayo de 2026, en estado crítico con fallas multiorgánicas. Murió tres días después, convertido en el séptimo preso político fallecido bajo custodia estatal desde el inicio de la actual escalada represiva.

De los nueve casos que el Mecanismo reconocía hasta finales de mayo, ocho corresponden a identidades públicas y uno permanece bajo reserva por razones de seguridad familiar.

Douglas Gamaliel Álvarez Morales, de 46 años, campesino y exmiembro de la guerrilla contrarrevolucionaria nicaragüense conocido en los años ochenta con el alias Relámpago, residía desde hacía tres décadas en Costa Rica cuando el gobierno costarricense lo extraditó a Nicaragua el 16 de febrero de 2024, acusado de participar en el homicidio de una policía y un civil. Fue presentado con grilletes y uniforme de presidiario en el penal La Modelo el 19 de febrero de ese año, y desde entonces no se ha vuelto a tener información oficial sobre él. Según han informado otros reos, permanece en aislamiento absoluto en la celda de castigo conocida como El Infiernillo, con grilletes permanentes y sin acceso a patio ni contacto externo.

Víctor Boitano Coleman, coronel del Ejército, de 64 años, pasó a retiro en 2007 y publicó varios libros críticos del sandinismo, lo que le costó persecución y una detención arbitraria en 2011. Regresó a Nicaragua en septiembre de 2023 y fue detenido de forma violenta en su vivienda de Managua el 23 de abril de 2024, por agentes con uniforme y vestidos de civil que no presentaron orden judicial. Padece diabetes, hipertensión, problemas circulatorios, apnea del sueño y afectaciones de salud mental.

La Comisión Interamericana le otorgó medidas cautelares en diciembre de 2024 y la Corte Interamericana ordenó su liberación en marzo de 2025, sin que el Estado haya informado de ninguna acción adoptada. Su esposa, Eugenia Valle Olivares, ha exigido públicamente una prueba de vida.

Eddie Moisés González Valdivia, mayor del Ejército en retiro y catedrático universitario de 67 años, es un excombatiente sandinista histórico, hermano de la periodista Nohelia González, perseguida por el régimen. Fue detenido el 14 de julio de 2024 en su vivienda de Estelí, resultó herido de bala en el enfrentamiento y fue trasladado a un hospital, desde donde las autoridades impidieron cualquier visita o información sobre su estado.

La Comisión Interamericana le otorgó medidas cautelares en septiembre de 2024, tras concluir que permanece recluido de forma incomunicada en el penal La Modelo sin acceso a su expediente judicial, que fue borrado del sistema electrónico del Poder Judicial. Padece laberintitis crónica, diabetes e hipertensión. En julio de 2026 se cumplieron dos años de su desaparición forzada.

Steadman Fagoth Müller, líder miskito y exasesor presidencial para pueblos originarios de 73 años, fue detenido de madrugada el 14 de septiembre de 2024 en territorio indígena Li Lamni, un día después de denunciar públicamente el despale de territorios indígenas por colonos armados.

Fue trasladado en helicóptero a Managua y acusado de intentar sustraer armamento del Ejército. Su familia denuncia que vive con diabetes dependiente de insulina, enfermedad cardíaca y secuelas de derrames cerebrales previos. La Corte Interamericana ordenó su liberación en marzo de 2025, sin ejecución por parte del Estado. En junio de 2026, medios oficialistas difundieron fotografías suyas, visiblemente deteriorado, que su hija rechazó como una puesta en escena. Cumplió 73 años en prisión el 5 de agosto de 2026, su segundo cumpleaños privado de libertad.

Larry Javier Martínez Romero, obrero y activista opositor de Masaya de 31 años, participante en las protestas de 2018, fue detenido el 13 de agosto de 2025 en una ola de redadas que sumó al menos 22 arrestos de opositores en Carazo, Masaya, Granada y Rivas, ejecutados sin orden judicial días después de que Ortega ordenara capturar y procesar a quienes considerara que conspiraban contra su gobierno. Su familia desconoce su paradero desde entonces.

Salvadora del Socorro Martínez Aburto, ama de casa de 68 años y esposa del coronel en retiro Carlos Brenes Sánchez, fue detenida el 14 de agosto de 2025 junto a su esposo en la finca que ambos administraban entre Jinotepe y Masatepe. El 7 de abril de 2026 el régimen la condenó, en el mismo proceso que a su esposo, a 15 años de prisión por traición a la patria. La Corte Interamericana advirtió en abril de 2026 que no se ha podido verificar de forma fidedigna el paradero de ninguno de los dos cónyuges. De forma extraoficial se presume que está recluida en el penal femenino La Esperanza. El Parlamento Europeo exigió su liberación inmediata en una resolución aprobada en junio de 2026.

Carlos Ramón Brenes Sánchez, coronel del Ejército en retiro de 70 años, se retiró en 1994 y se convirtió en una de las voces críticas más consistentes del giro autoritario del orteguismo, como fundador del Grupo Patriótico de Militares Retirados. Fue recapturado el 14 de agosto de 2025 en la misma redada en que detuvieron a su esposa, y condenado junto a ella a 15 años de prisión. Padece diabetes crónica y su salud se ha deteriorado en prisión, según ha denunciado su hija. Permanece en aislamiento solitario en el penal La Modelo pese a que la Corte Interamericana ha exigido información oficial sobre su paradero.

Ricardo José Mendoza Yrigoyen, de 64 años, descrito por sus allegados como un hombre ajeno a la política y aficionado a la naturaleza, la literatura y el fútbol. Fue detenido la noche del 23 de enero de 2026 cuando cerca de veinte agentes armados irrumpieron sin orden judicial en su vivienda de Managua. No opuso resistencia. El Grupo de Reflexión Excarcelados Políticos (GREX) ha señalado que no existe ninguna acusación registrada en su contra, aunque han circulado versiones no confirmadas sobre una eventual condena de 15 años. La Comisión Interamericana le otorgó medidas cautelares en junio de 2026.

El noveno caso reconocido por el Mecanismo hasta mayo permanece bajo reserva de identidad a solicitud de la familia, por razones de seguridad, aunque la organización lo incluye en el mismo llamado a que el Estado presente pruebas de vida.

El abogado Yader Valdivia, del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, sostiene que la desaparición forzada se ha constituido en una política de Estado del régimen, “aplicada con mayor saña durante los últimos tres años”.

Recuerda que uno de los primeros casos que evidenció esta práctica fue el de Puerta de la Montaña, donde las personas permanecieron 18 meses bajo desaparición forzada, y advierte que hoy hay casos que ya llevan hasta dos años en esa condición.

El régimen apuesta, dice, a desaparecer a las personas opositoras o a quienes percibe como tales.

Una fuente del GREX consultada para esta actualización explica quiénes componen ese salto de nueve a 23 casos. Entre ellos están seis familiares y amigos de Brooklyn Rivera que permanecen desaparecidos desde la muerte del líder miskito. Algunos aún no han aceptado que su situación se haga pública, mientras que otra parte ya lo autorizó y será incluida esta semana en el registro oficial del Mecanismo.

La misma fuente añade a esa lista el abogado Kenthyn Aarón Téllez Madriz, del bufete Kenthyn Téllez y Asociados, de quien no se tiene noticia desde hace diez meses. Según el Grupo de Reflexión Excarcelados Políticos, Téllez fue contratado en junio de 2025 para hacerse cargo del caso del empresario cubano estadounidense, también desaparecido, Alain Piedra Hernández.

El Grupo de Reflexión Excarcelados Políticos aportó a esta actualización un listado propio de personas desaparecidas que todavía no figuran en el registro público del Mecanismo. Entre ellas, Elvia Junieth Flores Castillo, madre de dos hijos de Daniel Ortega, desaparecida desde marzo de 2025, y su pareja sentimental, Nataniel Tercero Solórzano, desaparecido desde el 15 de enero de 2025, el mismo día en que fue confiscado el centro de adicciones Don Divino, en Estelí.

Sobre Tercero Solórzano, la organización precisa que su familia no tiene ningún contacto con él, que no recibe paquetería ni visitas, y que se conoce de forma extraoficial que fue condenado a siete años de prisión.

Dentro del mismo expediente, que el Grupo de Reflexión identifica incluye a Lin Pérez Solórzano, desaparecida desde el 15 de enero de 2025, y a Luis Carlos Baltodano Villareal, conocido como el Tico, exdirector del Centro de Ayuda contra las Adicciones, CEPA Joven, en San Juan de Limay, un centro que también fue clausurado por el régimen. Baltodano Villareal está desaparecido desde el 17 de enero de 2025.

La lista de desaparecidos varía con el tiempo. Algunos casos han sido retirados después de que el régimen presenta “pruebas de vida” de las personas reportadas como desaparecidas. Así ocurrió con Angélica Chavarría, pareja sentimental del fallecido general Humberto Ortega; la periodista Fabiola Villarreal; el médico Yerri Estrada; y, más recientemente, el obispo emérito Juan Abelardo Mata, entre otros.

Sin embargo, Valdivia señala que mientras algunos reaparecen, en parte como resultado de la presión ejercida por organismos de derechos humanos y medios de comunicación, otros desaparecen. “Los desaparecidos, lejos de ir a la baja, van creciendo”, afirma el abogado.