Muerte de Brooklyn Rivera: la ONU exige una investigación imparcial de la muerte del líder indígena preso en Nicaragua

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos exigió una investigación imparcial, rápida y efectiva sobre la muerte de Brooklyn Rivera, líder indígena miskito encarcelado en Nicaragua, y cuestionó las condiciones en las que ocurrió su deceso bajo custodia estatal.

Brooklyn Rivera, de 73 años, murió bajo detención tras pasar meses en prisión desde su regreso clandestino al país en 2023, y el régimen nicaragüense atribuyó su muerte a complicaciones por una infección bacteriana posterior a haber contraído COVID-19. Según esa versión, el exdiputado padecía problemas de salud preexistentes y en su etapa final permaneció con respirador mecánico tras una falla multiorgánica.

El deceso del exdiputado y presidente del disuelto partido Yatama ocurrió pocos días después de la difusión de imágenes que mostraron su deteriorado estado físico en un hospital de Managua. Las fotografías generaron indignación entre organizaciones de derechos humanos y familiares, que denunciaron la falta de información sobre su paradero y la atención médica recibida.

La familia sostuvo que Rivera estaba en buen estado de salud al momento de su arresto en septiembre de 2023 y responsabilizó al régimen por el deterioro físico que presentó en prisión. Su hija, Tininiska Rivera, reclamó que los restos sean entregados para que la familia pueda rendirle homenaje según las tradiciones miskitas.

Diversas organizaciones internacionales, como Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se sumaron a los pedidos de esclarecimiento ante denuncias de desaparición forzada y detención arbitraria. La portavoz de la ONU, Marta Hurtado, insistió en que las circunstancias de la muerte de Rivera siguen sin esclarecerse porque las autoridades mantuvieron oculto su paradero y se negaron a informar sobre su situación hasta cuatro días antes del anuncio oficial de su muerte.

Reed Brody, miembro del Grupo de Expertos en Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre Nicaragua, afirmó que la muerte de Rivera simbolizó el desmantelamiento de la autonomía indígena en el país y reflejó el patrón de desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias.

Desde 2018, la ONU documentó 124 casos de detención arbitraria de líderes indígenas y al menos 46 muertes violentas en la costa caribeña. La oficina de derechos humanos de la ONU registró otras tres muertes bajo custodia desde agosto de 2023, aparentemente vinculadas con malas condiciones de detención y atención médica insuficiente.

Rivera integró la resistencia contra el primer gobierno sandinista en la década de 1980, y su partido, Yatama, fue aliado político de Ortega tras el regreso del sandinismo al poder en 2007. La relación se fracturó por disputas vinculadas al respeto de los derechos y tierras indígenas.

En 2023, el régimen prohibió al partido Yatama participar en elecciones y negó la entrada al país a Rivera luego de que participara en un foro internacional sobre cuestiones indígenas. Rivera regresó clandestinamente y fue detenido en septiembre de ese año. Ese periodo de incomunicación fue calificado por la ONU como desaparición forzada.

La muerte de Rivera se produjo en un contexto de represión contra la disidencia. El Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas reportó 47 personas detenidas arbitrariamente en Nicaragua, con 11 sometidas a desaparición forzada.

Tras las protestas de 2018, cientos de personas siguieron encarceladas por motivos políticos. Muchas fueron liberadas y expulsadas del país en años posteriores hacia Estados Unidos o Guatemala.

La familia de Rivera y representantes de comunidades indígenas reiteraron el reclamo para que el cuerpo del líder miskito sea entregado y se realice una investigación independiente sobre las circunstancias de su muerte. Sostuvieron que la versión oficial no resultó creíble y denunciaron que el trato recibido por Rivera en prisión formó parte de una estrategia de persecución contra defensores de los derechos indígenas y la autonomía territorial.

El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, exigió al régimen nicaragüense que restablezca el acceso de la oficina de derechos humanos de la ONU al país, especialmente a los centros de detención, y reiteró la necesidad de prevenir la repetición de violaciones graves a los derechos fundamentales de líderes sociales, opositores y representantes de pueblos originarios.

(Con información de AP y EFE)