Diferentes organizaciones denunciaron ante la CIDH el avance de las concesiones mineras en Nicaragua

Diversas organizaciones internacionales denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) los efectos de la expansión de concesiones mineras en Nicaragua, advirtiendo sobre consecuencias graves para los pueblos indígenas y afrodescendientes, el medioambiente y la autonomía territorial. La audiencia pública, celebrada en Washington D. C. durante el 196.º Periodo de Sesiones de la CIDH, reunió a representantes del Institute on Race, Equality and Human Rights (Race and Equality), la Fundación del Río y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil).

Según informó el portal lamesaredonda.net, el foco estuvo en el impacto territorial, ambiental y social del crecimiento de la minería y en la denuncia por el cierre de espacios democráticos y la concentración de poder en el país.

De acuerdo con la información recogida por lamesaredonda.net, las organizaciones argumentaron que el origen de la crisis reside en el incumplimiento histórico del Estado nicaragüense en la aplicación de la Ley 445, que ordena el saneamiento de los territorios indígenas.

Señalaron que la falta de reconocimiento legal de los derechos territoriales afecta a las comunidades indígenas del Pacífico, Centro y Norte de Nicaragua.

Además, indicaron que las reformas constitucionales y legales impulsadas por el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo han debilitado el régimen de autonomía de la Costa Caribe, subordinando a las autoridades indígenas y afrodescendientes al poder central nicaragüense.

En sus intervenciones, los representantes de Race and Equality, Fundación del Río y Cejil sostuvieron que el modelo extractivista prioriza la explotación de los recursos sobre los derechos de las comunidades. De acuerdo con el testimonio de Amaru Ruiz, presidente de Fundación del Río, el avance de colonos no indígenas sobre tierras comunales ha originado violencia sistemática, persecución y criminalización de líderes indígenas y afrodescendientes, incluso asesinatos y violencia sexual en diferentes regiones del país.

Ruiz afirmó que el Estado nicaragüense eliminó progresivamente las salvaguardas ambientales, incluyendo la supresión de los estudios de impacto ambiental previos y de las consultas públicas obligatorias, lo que ha facilitado la expansión minera.

El reporte de lamesaredonda.net detalla que la concentración del control institucional sobre el sector minero favoreció la extensión del modelo extractivo. Ruiz agregó que la minería ha incrementado el uso de mercurio y cianuro, mantiene la presencia de trabajo infantil y permite la explotación dentro de áreas naturales protegidas, algo inédito hasta la fecha. Según los datos presentados en la audiencia, existen 75 lotes mineros que afectan 19 áreas protegidas y dos reservas de biosfera, lo que implica más de 900 mil hectáreas de territorio comprometido.

Entre las zonas más dañadas destacan la Reserva de Biosfera Bosawas y la Reserva Biológica Indio Maíz, considerados los principales remanentes de bosque tropical del país.

Por su parte, Alejandra Manavella, abogada de Cejil, señaló que 62 lotes mineros afectan 18 territorios indígenas y afrodescendientes, comprometiendo el 25.5% de las tierras comunales. Además, las concesiones mineras impactan 163 ríos, 80 quebradas y cerca de 1,900 kilómetros de red hídrica, incluyendo zonas claves como Bosawas y Río San Juan.

Manavella vinculó directamente la expansión minera con desplazamientos forzados, criminalización y violencia contra quienes defienden los territorios. Entre 2013 y 2024, al menos 69 personas indígenas fueron asesinadas en este contexto, según los datos expuestos por las organizaciones ante la CIDH. Se mencionaron casos de persecución a líderes como Brooklyn Rivera, Nancy Henríquez, Steadman Fagoth y ocho guardabosques mayangnas.

Durante la audiencia, las comisionadas Rosa María Payá y Marion Bethel de la CIDH expresaron su preocupación ante la reiterada violación de los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes. Ambas subrayaron el debilitamiento de la autonomía, la violencia y la ausencia de garantías de consulta previa, libre e informada. Bethel pidió mayor profundidad sobre los efectos del mercurio en la salud, especialmente en mujeres, niñas y niños, y manifestó inquietud por el aumento de la violencia de género en comunidades vinculadas a la minería.

El relator especial de la CIDH, Javier Palummo, advirtió que la problemática trasciende el aspecto ambiental y constituye una crisis de gobernanza territorial. Palummo sostuvo que la superposición de concesiones sobre territorios colectivos y áreas protegidas debilita los mecanismos de evaluación y transparencia, creando un entorno que favorece la violencia y las violaciones de derechos humanos.

El cierre de la audiencia estuvo a cargo de Carlos Quesada, de Race and Equality, quien solicitó a la CIDH establecer un monitoreo permanente sobre la situación de Nicaragua, incorporando el seguimiento a los efectos de la expansión minera sobre los pueblos indígenas y afrodescendientes. Quesada instó a fortalecer el cumplimiento de sentencias internacionales y a coordinar acciones con Naciones Unidas para incrementar el escrutinio sobre el país.

Además, exhortó tanto al Estado nicaragüense como a los países de origen de inversiones mineras y a los mercados de destino a garantizar que las empresas respeten sus obligaciones en materia de derechos humanos, según refirió lamesaredonda.net.