Oficialismo impulsa paquete de reformas que busca cambiar la elección de magistrados, reorganizar el Poder Judicial y ampliar la extradición en Costa Rica

La confrontación entre el oficialismo y el Poder Judicial sumó un nuevo capítulo este martes con la presentación de un amplio paquete de reformas constitucionales y proyectos de ley que buscan transformar aspectos clave del sistema judicial y fortalecer las herramientas del Estado contra el crimen organizado. Las iniciativas, impulsadas por las diputadas del Partido Pueblo Soberano (PPSO) Marta Esquivel y Kattia Mora, llegan apenas días después de que la presidenta Laura Fernández calificara como un “golpe de Estado” la resolución de la Sala Constitucional que anuló la segunda devolución de la nómina de magistrados suplentes y ordenó mantener en sus cargos a los actuales integrantes de ese tribunal.

Las propuestas abarcan cambios en la forma de elegir a los magistrados, una reorganización administrativa del Poder Judicial, la ampliación de las causales de extradición de costarricenses, el reconocimiento del derecho a la autodeterminación informativa, el uso de dispositivos de conducción eléctrica por parte de la Fuerza Pública y nuevas medidas para endurecer las consecuencias legales para las personas que permanezcan prófugas de la justicia.

Uno de los proyectos más relevantes plantea una reforma al artículo 164 de la Constitución Política para modificar el procedimiento de nombramiento de magistrados propietarios y suplentes. La iniciativa pretende eliminar la participación de la Corte Suprema de Justicia en la etapa preliminar de selección de candidatos y trasladar todo el proceso a la Asamblea Legislativa, que asumiría de manera exclusiva la evaluación y designación mediante procedimientos públicos y criterios objetivos.

Según explicó la diputada Marta Esquivel durante la presentación del paquete legislativo, la intención es eliminar una etapa que, a criterio del oficialismo, ha generado cuestionamientos sobre la transparencia del proceso.

“Este proyecto no tiene la menor complejidad; eliminamos la etapa preliminar de la que hoy tenemos tantas dudas”, afirmó la legisladora al referirse a la conformación de las nóminas de candidatos, actualmente a cargo de la Corte Suprema.

Otra de las reformas impulsadas por el oficialismo propone modificar la estructura administrativa del Poder Judicial mediante cambios a la Ley Orgánica de ese poder de la República. El proyecto plantea trasladar las funciones administrativas, operativas, disciplinarias y presupuestarias que actualmente ejercen los magistrados al Consejo Superior del Poder Judicial, con el argumento de que la Corte Suprema debe concentrarse exclusivamente en impartir justicia.

La iniciativa modifica 17 artículos de la legislación vigente y otorgaría al Consejo Superior competencias relacionadas con la administración institucional e incluso con la elaboración de ternas para nombramientos del fiscal general, la dirección del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y los propios integrantes de ese órgano administrativo, aunque la decisión final continuaría en manos de la Corte.

“Los magistrados deben utilizar su tiempo para impartir justicia; no para administrar una institución”, sostuvo Esquivel.

El paquete también incorpora una reforma al artículo 32 de la Constitución Política para ampliar las causales por las cuales un costarricense podría ser extraditado. La propuesta forma parte de la agenda de seguridad anunciada previamente por la presidenta Laura Fernández y pretende incluir delitos como legitimación de capitales, tráfico ilícito de migrantes, tráfico de armas y órganos, sicariato, crimen organizado transnacional y ciberdelitos que comprometan la seguridad nacional.

En paralelo, la diputada Kattia Mora presentó una iniciativa para reformar el artículo 24 de la Constitución e incorporar expresamente el derecho a la autodeterminación informativa como una garantía fundamental. La propuesta busca fortalecer el control que tienen las personas sobre sus datos personales y establecer de manera explícita ese derecho dentro del capítulo de garantías individuales relacionado con la intimidad y el secreto de las comunicaciones.

Las iniciativas del oficialismo no se limitan a reformas constitucionales. Entre los proyectos de ley ordinarios figura una propuesta para autorizar el uso de dispositivos de conducción electrónica, conocidos como táser, por parte de la Fuerza Pública como una herramienta de fuerza intermedia entre el bastón policial y el arma de fuego. El texto establece condiciones para su utilización, procesos de capacitación obligatoria, controles institucionales y restricciones orientadas a evitar abusos durante las intervenciones policiales.

Asimismo, la bancada oficialista impulsa una reforma para impedir que las personas procesadas o condenadas obtengan beneficios legales mientras permanezcan prófugas de la justicia. La iniciativa propone suspender los plazos de prescripción de la acción penal y del cumplimiento de las penas durante el tiempo en que una persona se mantenga en condición de rebeldía o evada a las autoridades.

El paquete legislativo también contempla un proyecto para regular la pólvora sonora mediante la prohibición de los dispositivos de alto impacto, con el objetivo de reducir las afectaciones que este tipo de explosivos generan en personas con discapacidad, adultos mayores, menores de edad, animales y el ambiente.

Aunque las iniciativas marcan una de las ofensivas legislativas más ambiciosas impulsadas por el oficialismo desde el inicio de la actual administración, su aprobación dependerá de complejos acuerdos políticos. Las reformas constitucionales requieren el respaldo de al menos 38 diputados, por lo que el Partido Pueblo Soberano necesitará sumar el apoyo de legisladores de oposición. Las propias diputadas reconocieron que, por ahora, ese proceso de negociación aún no ha comenzado.

De prosperar, las propuestas abrirán un amplio debate político y jurídico sobre el equilibrio entre los poderes del Estado, la independencia judicial y las herramientas legales para enfrentar el crimen organizado, en un contexto de creciente tensión entre el Gobierno y el Poder Judicial.