Nicaragua otorga nueva concesión minera a firma china pese a las sanciones de Estados Unidos

El régimen de Nicaragua ha otorgado una nueva concesión minera a la empresa china Nicaragua Zhongwei Minería Grupo S.A., permitiendo la explotación de minerales a cielo abierto en 49,981 hectáreas de la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur. La entrega de este permiso ocurre en un contexto de crecientes sanciones por parte de Estados Unidos contra altos funcionarios y empresas nicaragüenses vinculadas al sector aurífero, medida que busca frenar los fondos que sostienen el control político del país.

La nueva concesión constituye el primer permiso de este tipo emitido por Nicaragua después de que, la semana anterior, el gobierno estadounidense sancionara a dos hijos de Daniel Ortega y Rosario Murillo, a un viceministro, a otros cuatro individuos y a siete empresas mineras implicadas en la extracción y comercialización de oro. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha declarado, según cita recogida por la agencia EFE, que todas estas entidades e individuos contribuyen a que “la dictadura de Murillo y Ortega genere fondos y mantenga el control político en Nicaragua”, y están “involucrados en la incautación forzosa de propiedades de ciudadanos estadounidenses en Nicaragua” relacionadas con la minería de oro.

Entre 2021 y 2026, Nicaragua ha concedido permisos en 75 lotes mineros a 17 empresas chinas, las cuales suman 1.077.448,49 hectáreas. Esta superficie representa más del 8,5 % del territorio nacional, cifra reportada por la Fundación del Río en su informe ‘Invasión minera china en Nicaragua’. Esta proporción de territorio cedido incluye áreas protegidas, territorios indígenas y afrodescendientes, lo que ha motivado críticas y demandas de anulación por parte de organizaciones ambientalistas y opositoras.

La concesión otorgada a Nicaragua Zhongwei Minería Grupo S.A. permite la explotación de un lote denominado Pio y fue certificada por la Dirección General de Minas de la Procuraduría General de Justicia. De acuerdo con la información de EFE, la firma está representada en Managua por un ciudadano chino con residencia nicaragüense. En el periodo mencionado, las autoridades han aprobado concesiones únicamente a compañías chinas, sin que se amplíe la competencia a otras nacionalidades.

Las denuncias de la Fundación del Río, dirigida por el ambientalista nicaragüense desnacionalizado Amaru Ruiz, subrayan que las firmas chinas con actividad minera en Nicaragua son de reciente constitución y mantienen un perfil bajo: “No cuentan con páginas web, ni hay pruebas de que formen parte de empresas que coticen en las bolsas de valores”.

La ONG ha detallado que estas empresas no han presentado credenciales de experiencia previa en el sector minero nacional o internacional. Tampoco se conocen estudios de factibilidad económica ni el monto de las inversiones comprometidas en el país.

“La expansión minera impulsada por intereses chinos trasciende la extracción de oro y plata”, advirtió la Fundación del Río. “Estos intereses también se orientan a la explotación de minerales considerados ‘críticos’”, entre los cuales la organización menciona cobre, cobalto, molibdeno, uranio, tungsteno, plomo, zinc, cromo y níquel.

La decisión del gobierno de Nicaragua de seguir adelante con nuevas licencias, pese a las restricciones impuestas por Estados Unidos, ha exacerbado las tensiones políticas y económicas. Diversas organizaciones ambientalistas y opositoras han exigido la inmediata anulación de las concesiones otorgadas, en especial aquellas que afectan territorios indígenas, áreas protegidas y comunidades afrodescendientes.

Con esta política, Nicaragua reafirma su alianza estratégica con China en un contexto regional marcado por la presión internacional y el endurecimiento de sanciones contra el régimen de Ortega y Murillo.

La ampliación de la actividad minera bajo control chino representa más de un millón de hectáreas entregadas para la exploración y explotación, afecta a sectores ambientalmente sensibles y alimenta el debate sobre la transparencia y legalidad de las inversiones extranjeras en el sector extractivo, según la documentación reunida por la Fundación del Río.