La situación de los bosques en Honduras se agrava. De acuerdo con la tercera entrega del informe Estado de País 2026, titulada Cambio Climático: Bosque y vidas en riesgo, el país enfrenta una posible desaparición total de su cobertura forestal en un plazo de 71 años si no se toman medidas urgentes.
El estudio, elaborado por la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), señala que en los últimos 11 años Honduras ha perdido aproximadamente 900 mil hectáreas de bosque. Esta pérdida sostenida es consecuencia de la deforestación, los incendios forestales y la explotación ilegal de recursos naturales.
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Aunque Honduras posee una de las mayores riquezas en biodiversidad a nivel mundial, esa ventaja natural se contrapone a la alta vulnerabilidad del país frente a fenómenos climáticos extremos, ubicándolo entre los países más afectados por desastres naturales.
El informe advierte: de mantenerse las condiciones actuales, para el año 2094 los bosques hondureños podrían desaparecer por completo. El daño ambiental sería irreversible y traería consecuencias directas sobre la economía, el abastecimiento de agua y la seguridad alimentaria de la población.
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Riesgo forestal
Abordar el cambio climático debe ser prioritario en todas las políticas públicas, conforme a las recomendaciones de la Organización de Naciones Unidas (ONU). Esto significa que no solo las instituciones ambientales, sino todo el aparato estatal, debe asumir responsabilidades definidas.
El informe identifica como principal amenaza la explotación ilegal de los recursos naturales: en 2025 se registraron 527 denuncias por este tipo de delitos, una cifra que supera ampliamente otros problemas ambientales como la contaminación del aire, agua o suelo. Este dato confirma que el saqueo de los recursos naturales representa el mayor desafío ambiental del país.
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A pesar de la dimensión del problema, el financiamiento sigue siendo limitado. Según el informe, en 2025 la Fiscalía Especial del Medio Ambiente recibió apenas 11.8 millones de lempiras, lo que representa solo el 0.4 % del presupuesto total del Ministerio Público. Esta baja asignación restringe su capacidad para investigar y sancionar delitos ambientales.
Defensores amenazados
La debilidad institucional también se refleja en la protección a los defensores del medio ambiente. En la última década, al menos 111 personas han sido asesinadas por su labor ambiental y el 92 % de estos casos permanece impune. La falta de garantías de justicia y seguridad dificulta la labor de quienes defienden los recursos naturales.
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El documento enfatiza la urgencia de revertir la tendencia: Honduras aún está a tiempo de cambiar el rumbo, pero el margen de acción es cada vez más reducido. La puesta en marcha de políticas efectivas, el fortalecimiento institucional y el compromiso de todos los sectores son determinantes para evitar que los bosques del país desaparezcan en las próximas décadas.
El informe expone con claridad la magnitud de la crisis ambiental que atraviesa Honduras. Esta situación no solo evidencia debilidades en la gestión ambiental, sino también la falta de acciones sostenidas y coordinadas para frenar el deterioro de los recursos naturales y su impacto, a pesar de las advertencias constantes sobre sus consecuencias.
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