El régimen de Nicaragua reconoce crisis en zonas francas tras pérdida histórica de empleos

El régimen de Nicaragua admitió por primera vez la existencia de una crisis profunda en el sector de zonas francas, tras la pérdida de casi 40,000 empleos en los últimos tres años. Así lo consignó el diario La Prensa, que recogió tanto declaraciones oficiales como el testimonio de empresarios y fuentes del sector, quienes advierten que la situación podría mantenerse a pesar de las recientes reformas legales y fiscales implementadas por el Gobierno.

Fernando Sánchez, director ejecutivo interino de la Corporación de Zona Franca (CZF), reconoció que entre 15,000 y 16,000 empleos se perdieron directamente en las empresas, aunque aclaró que ninguna cerró completamente, sino que redujeron su tamaño y su plantilla.

“Sí compactaron, redujeron trabajo, redujeron empleo, pero eso es con la visión de poder recuperar cuando la situación lo permitiera”, agregó Sánchez.

El detonante de la crisis fue el impacto de los aranceles recíprocos impuestos por Estados Unidos durante la administración de Donald Trump, junto a la caída abrupta de pedidos de grandes marcas internacionales que maquilan prendas de vestir en Nicaragua. A esto se suman la reubicación de operaciones hacia países vecinos y la reducción de la capacidad productiva en muchas empresas, especialmente en el sector textil, que representa entre el 50% y 60% de la actividad de las zonas francas en el país.

Según datos del Banco Central de Nicaragua citados por La Prensa, en enero de 2026 operaban en el país 167 empresas bajo el régimen de zona franca, que empleaban a 100,566 personas. Estas cifras distan significativamente de las 187 empresas y 138,027 trabajadores registrados en 2022, reflejando una contracción severa del sector y la salida de compañías hacia El Salvador, Guatemala y Honduras.

El régimen, encabezado por Daniel Ortega, ha intentado paliar la crisis mediante la aprobación exprés de un paquete de reformas legales para estimular las inversiones y la sostenibilidad de las zonas francas. Estas reformas, aprobadas en la Asamblea Nacional sin consulta amplia, incluyen exenciones fiscales a las empresas durante 15 años, renovables, y buscan dinamizar las exportaciones y fortalecer la producción nacional. No obstante, fuentes del sector citadas por La Prensa consideran insuficientes estas medidas y sostienen que los beneficios fiscales no detendrán la reducción de empleos ni la migración de empresas a otros países. Además, insisten en que las empresas de zonas francas requieren exoneraciones similares a las que reciben empresas chinas bajo regímenes especiales en otras regiones.

El análisis de La Prensa señala que la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos se produjo en dos etapas: un arancel global del 10% para la mayoría de países de la región y del 18% para Nicaragua, lo que dejó al país en desventaja competitiva. A ello se sumó la decisión de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), que tras una investigación por violaciones a derechos laborales y humanos, excluyó a Nicaragua de beneficios del tratado DR-Cafta. Así, a partir de 2026, los productos nicaragüenses no cubiertos por el acuerdo comenzaron a pagar un arancel del 0% inicialmente, que subirá al 10% en 2027 y al 15% en 2028, según la evolución del cumplimiento de los compromisos por parte del gobierno nicaragüense.

El Gobierno sostiene que, gracias a la eliminación de algunos aranceles y la aplicación de las nuevas reformas, el sector de zonas francas podría recuperar hasta 20,000 empleos en 2026. Sánchez, de la CZF, afirmó que la meta es cerrar el año con 120,000 empleos en el sector y superar los 4,000 millones de dólares en exportaciones, impulsados por las facilidades fiscales y la reducción de barreras comerciales. Sin embargo, voces empresariales se muestran escépticas. Según fuentes consultadas por La Prensa, buena parte de las empresas coreanas están trasladando hasta el 60% de su capacidad instalada, junto con personal técnico y trabajadores calificados, hacia otros países de Centroamérica. Esto reduciría las exportaciones de zonas francas al menos en un 10% y pone en duda la posibilidad de que se recuperen los empleos en el corto plazo.

Además, las demandas de las empresas por una mayor estabilidad jurídica, la agilización de trámites y la creación de una comisión para atender los problemas con entidades estatales, no fueron abordadas por el régimen durante el anuncio de las reformas. También existe preocupación en el sector por la falta de un acuerdo tripartito que garantice previsibilidad en los ajustes al salario mínimo, cuyo pacto vigente expira en 2027 y aún no hay señales de apertura al diálogo por parte de las autoridades.

En 2025, las empresas de zonas francas exportaron 3.581,1 millones de dólares, en su mayoría textiles y arneses automotrices, que representaron el 81% de los ingresos totales del sector. Ahora la incertidumbre y la migración de empresas ponen en jaque el modelo de crecimiento basado en la maquila y las exportaciones bajo el régimen de zonas francas. El reconocimiento oficial de la crisis marca un giro en el discurso del Gobierno, pero los empresarios advierten que la recuperación será lenta y queda sujeta a factores externos que Nicaragua no controla.