Condenan a tres personas por estafa agravada tras vender viviendas deterioradas como nuevas en El Salvador

El Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador impuso condenas a tres personas por su participación en una estafa agravada continuada vinculada a la venta fraudulenta de viviendas, comercializadas como si fueran nuevas, según la información divulgada por Centros Judiciales este jueves.

Los condenados son René Armando A., Omar Alexander F. y Manuel Rodríguez R., quienes fueron considerados responsables de afectar tanto a particulares como a la entidad donde trabajaban.

La investigación judicial determinó que los implicados conformaron una estructura dedicada a la venta engañosa de viviendas en sectores catalogados como peligrosos, como el distrito de Ayutuxtepeque, dentro del municipio de San Salvador Centro entre 2007 y 2008.

Las propiedades, ofrecidas bajo la premisa de ser nuevas, en realidad se encontraban en condiciones antiguas y deterioradas.

De acuerdo con datos presentados durante el juicio y recogidos por Centros Judiciales, el grupo no solo simuló la procedencia de los inmuebles, sino que además los ofertó como parte del inventario de la institución para la que trabajaban, cuando en realidad no pertenecían a dicho entidad.

Sanciones impuestas y alcance de la estafa inmobiliaria

Durante los años mencionados, al menos siete personas resultaron víctimas de esta modalidad de fraude. El papel de René Armando fue presentado como el de supuesto evaluador de inmuebles, función que desempeñaba junto con los demás señalados para legitimar las operaciones ante los interesados. El tribunal comprobó que las viviendas, lejos de ser nuevas, mostraban un deterioro significativo y carecían de la documentación adecuada para su comercialización legal.

Durante la audiencia, la Fiscalía detalló que Omar Alexander habría aprovechado su conocimiento previo de los procesos institucionales, tras su paso por la entidad, para otorgar credibilidad a las transacciones.

Mientras que la intervención de Manuel Rodríguez se centró en la promoción y negociación directa con víctimas, facilitando así la circulación de información falsa sobre la autenticidad y el estado de los inmuebles implicados.

La resolución judicial, divulgada por Centros Judiciales, estableció diferentes sanciones para los tres implicados. René recibió una pena de tres años de prisión, la cual fue reemplazada por trabajos de utilidad pública. Omar recibió una condena de dos años, igualmente sustituida por trabajos de utilidad pública. Por su parte, a Manuel se le concedió la suspensión condicional de la ejecución de la pena, bajo estrictas reglas de conducta establecidas por el tribunal.

Además de las penas privativas de libertad, el tribunal ordenó que los condenados deberán restituir un monto aproximado de USD 257,013.56 a las víctimas, en concepto de responsabilidad civil.

El tribunal ponderó tanto la gravedad del daño causado como la continuidad de las acciones fraudulentas constatadas a lo largo de los años señalados. La Fiscalía expuso que los imputados utilizaron documentación falsa y promesas inexistentes para cerrar las operaciones, lo que propició que las víctimas entregaran sumas considerables de dinero a cambio de viviendas que no reunían las condiciones prometidas.

Las penas impuestas y la obligación de restitución económica forman parte de las medidas adoptadas para reparar el daño ocasionado a las víctimas.