
El asesinato de Delma Yolanda Olvera Pérez, regidora municipal de Yorito y defensora del territorio indígena tolupán, puso nuevamente en evidencia los riesgos que enfrentan quienes defienden las tierras ancestrales en Honduras.
La funcionaria había denunciado públicamente amenazas de muerte relacionadas con su labor comunitaria y advertido sobre los obstáculos que enfrentaba para proteger el territorio de su pueblo.
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Olvera Pérez fue asesinada junto a su hija y su compañero de hogar en la comunidad de Pacayal, durante los ataques armados registrados en el municipio de Yorito, departamento de Yoro, que dejaron un saldo preliminar de 12 personas muertas en cuatro escenas violentas.
Su muerte generó especial preocupación porque no se trataba solamente de una funcionaria municipal: era también una mujer indígena que había hecho públicas las intimidaciones que enfrentaba por defender los derechos territoriales de su comunidad.
En un testimonio que volvió a circular tras conocerse el crimen, la defensora relató las dificultades y los peligros de su labor. «No es fácil defender el territorio. Se encuentra con muchos obstáculos uno, incluso hasta con amenazas de muerte», había expresado.
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Sus palabras adquieren ahora una dimensión especialmente dolorosa. La mujer que había advertido sobre los riesgos de defender sus tierras terminó asesinada junto a dos integrantes de su familia.
Las amenazas que había denunciado
En su testimonio, Pérez recordó episodios de tensión que había experimentado su comunidad durante la defensa de su territorio, particularmente en 2019, cuando, según relató, ingresó maquinaria a tierras indígenas sin que se realizara una consulta libre, previa e informada a sus habitantes.
“Tener aquel pánico, sentir que en ese momento cualquier cosa puede pasar, que nos vamos a morir”, manifestó al recordar esos episodios, mediante un video divulgado en las úlitmas horas.
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Pese a las amenazas, había expresado su disposición de continuar con la defensa territorial. “Yo como mujer y como defensora, estábamos dispuestos a ofrendar nuestra vida por nuestro territorio”, afirmó.
Hasta el momento no se estableció oficialmente que el asesinato de la regidora estuviera motivado por su trabajo como defensora territorial. Sin embargo, las amenazas que había denunciado constituyen un antecedente que debe ser investigado para determinar si existe alguna relación con el crimen.
La magnitud de los hechos quedó también reflejada en un video difundido desde una cuenta vinculada presuntamente al denominado al “Cártel del Diablo”, en el que un hombre se atribuye los asesinatos y lanza nuevas amenazas contra la Policía Nacional y el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano.
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En la grabación, el individuo asegura haber participado en los ataques y advierte que continuará con acciones violentas. También dirige intimidaciones contra las autoridades y amenaza a la familia del titular del Legislativo.
La cuenta identificada como JT TJ fue relacionada con Esteban Gumercindo Ferrera Rodas, alias “El Diablo”, señalado como presunto cabecilla de esa organización criminal. La difusión del material incrementó la preocupación por la capacidad de intimidación de las estructuras criminales y por los riesgos que enfrenta la población de las comunidades afectadas.

Estado de excepción focalizado
Ante la gravedad de los hechos, el exdepurador policial Omar Rivera exhortó al Gobierno Central y al Congreso Nacional a respaldar a la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, el Ministerio Público y el Poder Judicial para capturar y procesar a los responsables.
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Rivera planteó que quienes estén involucrados en estos crímenes deben ser investigados, acusados y juzgados conforme a la ley, “No debe haber vacilaciones. Es momento de demostrar temple y firmeza. Estos crímenes no pueden debilitar nuestro compromiso de derrotar a las organizaciones criminales y recuperar la paz”, afirmó a medios de comunicación.

Rivera también propuso evaluar la declaratoria de un estado de excepción focalizado en Yorito, Sulaco, Victoria y municipios del norte de Francisco Morazán, con el propósito de fortalecer las operaciones de seguridad, investigación y persecución penal.
Por su parte, La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), organización hondureña de incidencia en seguridad y justicia, también se pronunció sobre la escalada criminal y consideró que las amenazas y reacciones violentas pueden producirse cuando las organizaciones delictivas sienten que las autoridades están afectando sus operaciones.
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Carlos Hernández director de la ASJ sostuvo que la prioridad debe ser concentrar las capacidades de seguridad en los municipios afectados hasta dar con los responsables.
“La Secretaría de Seguridad y todos los órganos de seguridad del Estado tienen que focalizarse en esa zona, crear el más grande contingente hasta dar con el paradero de los responsables” indicó.
Las posiciones de Rivera y la ASJ coinciden en reclamar una intervención más contundente de las instituciones, aunque el debate sobre un eventual estado de excepción también plantea la necesidad de establecer garantías para evitar abusos y proteger a la población civil.
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El asesinato de Olvera Pérez vuelve a colocar bajo atención internacional la situación de los defensores de los territorios indígenas en Honduras.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha documentado amenazas, agresiones y asesinatos contra integrantes de comunidades tolupanes que defienden sus tierras y recursos naturales. Entre los antecedentes figura la situación de la tribu tolupán de San Francisco de Locomapa, cuyos integrantes recibieron medidas cautelares de protección ante los riesgos que enfrentaban.
De momento las autoridades de seguridad han sido llamados a reunión de emergencia para atender la situación de inseguridad en Yoro y no descartan la intervención total del departamento.
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