Como ente autárquico, la futura Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), absorberá las funciones y recursos de la AGP y de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables.
De esta forma, el gobierno llevará a cabo una profunda reestructuración del sector portuario ya que el nuevo organismo asumirá importantes responsabilidades, como son las de regular el puerto de Buenos Aires y gestionar el dragado y balizamiento de la Hidrovía, la cual se encuentra en un proceso de licitación no exento de cuestionamientos.
Por su parte, desde el Ministerio de Economía, destacan que el nuevo organismo estará encargado, además, de fomentar inversiones privadas, reducir los costos logísticos del comercio exterior y modernizar la infraestructura portuaria bajo un enfoque estratégico.
De confirmarse lo trascendido, el Presidente de la Nación, Javier Milei, haría efectivo el cambio a través de un decreto a partir del 1 de enero de 2025, de acuerdo con el cual la flamante ANPYN dependería directamente del ministerio de Economía.
Capacidad de gestión
En cuanto a su campo de acción, el nuevo organismo tendrá autarquía económica-financiera, por lo que podrá operar de manera independiente en términos financieros, con personería jurídica propia y facultades para actuar tanto en el ámbito público como privado.
Además, al absorber las funciones de la AGP SAU, la nueva agencia asegura la continuidad de los procesos en marcha al asumir las competencias, responsabilidades y funciones que tenían estos organismos.
Con base en el texto trascendido del futuro Decreto, la nueva autoridad será responsable de regular y supervisar todos los aspectos relacionados con la habilitación y control de puertos, el dragado de accesos, las concesiones portuarias y la gestión ambiental de las instalaciones. Además, se fomentará la inversión privada en puertos y vías navegables, en concordancia con las políticas orientadas a la modernización del sistema logístico nacional.
Uno de los cambios más relevantes será la modificación del artículo 22 de la Ley 24.093 sobre actividades portuarias, que designa a la ANPYN como la autoridad encargada de la aplicación de la ley, cuya función será asesorar al Ejecutivo nacional en lo referente a la habilitación de puertos y garantizar el cumplimiento de las normativas vigentes.
Relevancia para el comercio exterior
El nuevo enfoque que propone el Gobierno tiene como objetivo mejorar la competitividad del sistema portuario argentino, incrementando la eficiencia y reduciendo costos en el ámbito logístico. La ANPYN también impulsará la colaboración público-privada para fortalecer la infraestructura y los servicios logísticos, con un enfoque especial en los centros de transferencia de carga y las instalaciones ferroportuarias.
En cuanto a la infraestructura, el Decreto establece que se implementarán estándares tecnológicos y protocolos de ciberseguridad para los actores del sistema portuario y fluvial. Asimismo, se asumirá un rol activo en la evaluación ambiental de las actividades y proyectos en los puertos y vías navegables, en coordinación con las autoridades pertinentes en cada situación.
Todos estos aspectos son fundamentales para abordar uno de los mayores desafíos que presenta Argentina en su comercio exterior, como es el de sumar eficiencia en sus operaciones logísticas para mejorar la competitividad de sus productos de cara a los mercados internacionales.
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