
La Dirección General de Aduanas (DGA) dispuso la aplicación de nuevos valores referenciales de exportación para garantizar el control fiscal en las operaciones de comercio exterior.
Mediante la Resolución General 5562/2024, se establecieron mecanismos para detectar desvíos en los valores de las mercaderías exportadas, asegurando que los bienes se declaren conforme a los precios usuales del mercado.
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Este nuevo esquema de control prevé que las operaciones de exportación pasen por distintos canales de selectividad para su evaluación, con el objetivo de perfeccionar el sistema de monitoreo del valor declarado.
Las exportaciones que presenten riesgos o desviaciones serán sometidas a una revisión más exhaustiva a través del canal rojo, mientras que las demás pasarán por canales de menor riesgo. De este modo, la medida busca prevenir maniobras fraudulentas que impacten negativamente en la recaudación fiscal.
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Valores referenciales y selectividad aduanera
Los valores referenciales son una herramienta fundamental para la Aduana, ya que permiten realizar un primer control sobre las declaraciones de exportación. Estos valores actúan como un mecanismo preventivo, identificando precios inusualmente bajos que podrían estar relacionados con prácticas de subfacturación o intentos de evasión fiscal.
En este marco, la DGA estableció que las destinaciones definitivas de exportación para consumo deberán ser evaluadas bajo los parámetros del sistema de selectividad. Este procedimiento, regulado por la Resolución General 1.921 y sus modificatorias, clasifica las operaciones de exportación en función del riesgo fiscal que representan.
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Las mercaderías con valores por debajo de los parámetros usuales son enviadas al canal rojo, donde se someten a una revisión exhaustiva del valor declarado. En cambio, las operaciones que no presentan irregularidades pueden ser cursadas por canales de menor rigurosidad, facilitando así su despacho aduanero.

Reactivación agropecuaria y control preventivo
Según se indica en el texto de la norma, el control de valores referenciales apunta, entre otras cosas, a reactivar sectores productivos clave, como el agropecuario.
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En agosto de 2024, el Decreto 697 fijó la alícuota del 0% para el derecho de exportación de un conjunto de mercaderías, con el fin de impulsar la competitividad de estos sectores. Sin embargo, esta medida de incentivo también aumenta el riesgo de maniobras de subfacturación, lo que llevó a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) a reforzar los mecanismos de control mediante esta nueva resolución.
En ese sentido, el análisis de riesgo implementado por la DGA no sólo busca proteger los intereses fiscales, sino también brindar mayor transparencia al comercio exterior argentino.
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Impacto en el sector exportador
Esta medida implica un aumento en los controles, aunque no un obstáculo. El sistema de selectividad permite que las operaciones de bajo riesgo continúen fluyendo sin mayores trabas, mientras que aquellas que despierten sospechas serán revisadas en mayor profundidad.
Este enfoque diferencial busca equilibrar la necesidad de control fiscal con la fluidez operativa del comercio exterior, permitiendo a las empresas exportadoras operar sin demoras injustificadas si sus valores de declaración son consistentes con los precios de mercado.
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Además, el sector exportador deberá prestar especial atención a la correcta clasificación de las posiciones arancelarias. El incumplimiento de las normas de declaración puede derivar en sanciones, así como en la retención de la mercadería hasta que se realicen las verificaciones correspondientes. Esto refuerza la importancia de la capacitación continua en normativas aduaneras y de comercio exterior para quienes participan activamente en este tipo de operaciones.
A través de la Resolución General 5562/2024, la Aduana responde a los desafíos que plantea el comercio exterior en un mundo cada vez más interconectado, donde las economías globales requieren mecanismos de control precisos y transparentes.
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Con esta resolución, la DGA introduce actualizaciones que buscan desburocratizar el proceso y modernizar el control aduanero. Esto se enmarca en una serie de medidas adoptadas por el Gobierno argentino para simplificar la operatoria estatal y garantizar mayor eficiencia en los procesos de exportación.
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