En la Cámara de Diputados, legisladores avanzan una reforma al Código Penal Federal para endurecer las sanciones por delitos contra el ambiente y la gestión ambiental, según expuso en tribuna el presidente de la Comisión de Justicia Julio César Moreno Rivera, legislador de Morena.
La iniciativa busca responder a la degradación de los ecosistemas en México y pretende garantizar que quienes explotan recursos naturales para lucro asuman consecuencias reales, proporcionales y efectivas, de acuerdo con el boletín de prensa oficial difundido por la Cámara de Diputados.
La propuesta legislativa prevé penas de prisión y sanciones económicas más severas para conductas como:
- Tala ilegal
- Tráfico de especies protegidas
- Uso indebido de sustancias peligrosas
Prácticas dañinas que, además de dañar la naturaleza, afectan directamente a comunidades enteras.
Moreno Rivera reconoce que por años, en México, los delitos ambientales han sido minimizados, provocando “ecosistemas degradados, especies en riesgo y comunidades afectadas”. Con la reforma se envía “un mensaje claro en México: el medio ambiente se protege con todo el rigor de la ley”.
El legislador ejemplifica el caso de una empresa que descarga residuos tóxicos en un río, acto que no sólo contamina el agua sino que tiene un efecto sobre la salud pública y destruye actividades productivas locales.
“Con esta reforma esta conducta se sancionará con mayor severidad, incluyendo penas de prisión y sanciones económicas que realmente inhiban estas prácticas”, afirmó el diputado de Morena ante sus pares.
Las sanciones económicas se ligarán a la capacidad de pago
El dictamen determina que la sanción económica para delitos ambientales se fijará bajo el esquema de días multa y no en Unidades de Medida y Actualización (UMA).
Moreno Rivera justifica la decisión en que vincular el castigo a la capacidad económica del infractor permite evitar que las grandes empresas asuman las multas como un gasto más de operación. “La sanción no debe ser igual para todos, sino proporcional a los ingresos de quienes cometen el delito ambiental. Muchos de estos ilícitos generan beneficios económicos significativos”.
Actualmente, el artículo 29 del Código Penal Federal prevé el pago en días multa como sanción ajustable a los ingresos del responsable. La Cámara de Diputados opta por mantener este mecanismo, considerando que un monto fijo puede ser ineficaz para desincentivar delitos empresariales de alto impacto ambiental.
Reforma no criminaliza la subsistencia rural
En relación con actividades de subsistencia en comunidades rurales, indígenas o afromexicanas, el propio dictamen enfatiza que la reforma no está dirigida a quienes aprovechan recursos naturales para satisfacer necesidades básicas. Moreno Rivera advierte que la excepción para estas personas ya se encuentra prevista en el artículo 423 del Código Penal Federal, por lo que no se incluirá una segunda disposición sobre el tema y se busca evitar contradicciones.
El legislador insiste: “Esta reforma no criminaliza la subsistencia, no criminaliza a quien corta leña para cocinar o a quien aprovecha recursos para su vida diaria. Está dirigida a quienes destruyen el medio ambiente con fines de lucro y ponen en riesgo nuestro patrimonio natural”.
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