A dos meses del operativo en el que fue abatido Nemesio “El Mencho” Oseguera Cervantes en Tapalpa —un municipio turístico del sur de Jalisco—, las investigaciones federales no han reportado avances sustanciales más allá del proceso iniciado contra dos personas detenidas en el lugar, señalados como escoltas que custodiaban al capo en su intento de huida.
La Fiscalía General de la República no ha informado el estado de otras líneas abiertas tras los hechos, como la posible sustracción de evidencia o la indagatoria sobre vínculos de funcionarios con el grupo criminal.
De acuerdo con un artículo de Proceso, los únicos procesados son Andrés “N” y Genaro “N”, identificados como escoltas del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Ambos fueron vinculados a proceso el 1 de marzo por delitos relacionados con portación de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y permanecen en prisión preventiva en el penal del Altiplano. El mismo reporte señala que no se ha dado a conocer el avance de otras investigaciones anunciadas tras el operativo ni de las indagatorias por posibles irregularidades en el resguardo del sitio.
El 22 de febrero de 2026, fuerzas federales desplegaron un cerco terrestre y aéreo en un complejo de cabañas donde se encontraba el líder criminal. De acuerdo con la información oficial, el capo resultó herido durante el enfrentamiento y falleció mientras era trasladado en helicóptero a un hospital.
Durante esa jornada se registraron 252 bloqueos e incendios de vehículos y establecimientos en al menos 20 entidades del país, con mayor incidencia en Jalisco, Michoacán y Guanajuato.
El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que se documentaron 27 agresiones contra fuerzas federales, con saldo de 60 personas fallecidas —entre ellas 25 integrantes de la Guardia Nacional—, además de decenas de heridos y 70 detenidos en siete estados.
En cuanto a las diligencias ministeriales, la Fiscalía reconoció que no aseguró de inmediato los inmuebles donde ocurrieron los hechos debido a condiciones de seguridad, lo que permitió el ingreso de personas ajenas antes del resguardo oficial. Esta situación, según la propia institución, pudo haber comprometido la preservación de indicios y la cadena de custodia, lo que limitaría su uso como prueba en procesos judiciales.
También se informó la apertura de una carpeta para investigar posibles irregularidades en el manejo del sitio, sin que hasta ahora se haya dado a conocer su avance.
Turistas varados en importante destino de peregrinación
En ese contexto, estos hechos del 22 de febrero también evidenciaron la presencia del grupo criminal en zonas vinculadas al turismo religioso en Jalisco. En San Juan de los Lagos, considerado uno de los principales destinos de peregrinación del país con alrededor de cuatro millones de visitantes al año, se reportó la quema de al menos 60 vehículos durante esa jornada.
La violencia interrumpió accesos carreteros y afectó la movilidad de peregrinos provenientes de distintas entidades, quienes quedaron varados ante el cierre de vialidades y comercios. Algunos permanecieron resguardados durante varias horas dentro de la basílica, mientras otros fueron trasladados a albergues provisionales ante la imposibilidad de continuar su trayecto.
En comunidades cercanas, como Mezquitic, habitantes brindaron apoyo a los visitantes afectados mediante la entrega de alimentos y artículos básicos. De manera simultánea, se reportaron ataques en la región, incluido uno contra instalaciones de la Guardia Nacional.
Otros municipios de Los Altos de Jalisco también registraron afectaciones. En Lagos de Moreno se documentaron bloqueos carreteros, mientras que en localidades como San Diego de Alejandría, Unión de San Antonio y Cañadas de Obregón se reportaron incendios en sucursales del Banco del Bienestar.
Algunos de los testimonios recabados por corresponsales de Proceso refieren que la jornada de violencia alteró la actividad económica vinculada al turismo religioso y evidenció la alta circulación de dinero en efectivo en estos destinos, lo que facilita que muchos negocios incurran en lavado de dinero, pues la región es una zona de mucho poder adquisitivo.
De acuerdo con el análisis de Proceso, el control del CJNG en regiones de Jalisco, incluidas zonas de peregrinación, se ha consolidado en un contexto reciente marcado por disputas entre otros grupos del crimen organizado.
El investigador Jorge Ramírez Plascencia —entrevistado por ese medio— sostuvo que esta marcada presencia responde, en parte, a la fragmentación interna del Cártel de Sinaloa y al debilitamiento de organizaciones como Santa Rosa de Lima y el Cártel del Noreste, lo que ha permitido al CJNG ampliar su influencia en la región, aunque bajo condiciones que podrían modificarse en el actual contexto político y de seguridad.
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