
La Cámara Federal de Casación Penal suspendió el trámite de una queja presentada por la defensa del italiano prófugo Leonardo Bertulazzi contra el avance de su extradición, hasta que se entregue a la Justicia o sea capturado.
La decisión fue tomada por la Sala II de ese tribunal y se dispuso además devolver el expediente al juzgado federal de María Servini. La discusión se reanudará cuando Bertulazzi se presente ante la Justicia o sea detenido, luego de haberse fugado de su arresto domiciliario el 10 de noviembre pasado.
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El ex terrorista italiano, condenado a 27 años de prisión en su país, se escapó la semana pasada de su arresto domiciliario en San Telmo para evitar su extradición. Pocos días antes, la jueza había dado por concluida la etapa judicial del proceso. Esta decisión fue recurrida ante Casación, se rechazó el recurso por no tratarse de una cuestión apelable y la defensa fue en queja directa el 9 de noviembre, un día antes de la fuga.
Los planteos del italiano prófugo
El 4 de noviembre, la jueza resolvió remitir el tema al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, dentro de las atribuciones previstas por la Convención de Extradición entre Argentina e Italia y la Ley 24.767 de Cooperación Internacional en Materia Penal.
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La defensa pretendía que se suspendiera ese trámite mientras evaluaba la presentación de un eventual recurso en el fuero contencioso administrativo.
Pero Bertulazzi se fugó y Servini ordenó la “inmediata captura y detención”. Lo ocurrido derivó en la decisión de Casación de suspender el trámite de la queja para “resguardar las garantías de debido proceso y defensa en juicio”, según la resolución judicial a la que accedió Infobae.
Se recordó que los tribunales deben decidir los recursos según las circunstancias vigentes al momento de dictar sentencia, aun cuando esos hechos sean posteriores a la presentación del planteo.
El abogado de Bertulazzi, Rodolfo Yanzón, centró su planteo de defensa en el derecho a refugio de Bertulazzi, condenado en ausencia en un tribunal de Génova por el secuestro del empresario Pietro Costa. El prófugo ya había sido reconocido como refugiado por la CONARE veinte años atrás, pero el gobierno de Javier Milei revocó esa decisión y eso reabrió el trámite judicial a cargo de Servini y la fiscal federal Alejandra Mangano.
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Recompensa millonaria
El Gobierno ofreció una recompensa de $20 millones para quien lo entregue o aporte información de utilidad para dar con su paradero. El 10 de noviembre, Bertulazzi logró quitarse su tobillera electrónica sin que suene en la central de alarmas del Servicio Penitenciario Federal: la envolvió en un tensiómetro con carne de cerdo. Saltó cinco pisos hacia un baldío con un arnés y se fue caminando.
Una vez que la Corte Suprema de Justicia avaló la extradición, la jueza Servini revocó en julio de 2025 la prisión domiciliaria de la que gozaba Bertulazzi y ordenó su traslado a la Unidad Antiterrorista de la Policía Federal, pero Casación anuló ese fallo contra el ex integrante de las disueltas Brigadas Rojas y siguió bajo arresto domiciliario con tobillera electrónica en un departamento en Defensa al 600, en San Telmo.
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La decisión de suspender el trámite del recurso de la defensa porque Bertulazzi está prófugo fue de los jueces Guillermo Yacobucci, Angela Ledesma y Alejandro Slokar, este último por su propio voto.
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