La Corte Internacional de Justicia (CIJ), el máximo tribunal de la ONU, concluyó este jueves que Myanmar cometió genocidio contra la minoría musulmana rohinyá. Es la primera vez en sus 80 años de historia que la corte declara a un Estado responsable de ese crimen. La sentencia, aprobada por nueve votos contra seis, obliga al país asiático a permitir el regreso seguro de los refugiados, a investigar y castigar a los sospechosos y a pagar indemnizaciones.
“Myanmar ha cometido un genocidio contra el grupo de los rohinyás en el norte del estado de Rakáin”, dijo el presidente de la corte, Yuji Iwasawa, al leer durante casi tres horas un fallo de 191 páginas, el segundo más largo de la historia del tribunal. Por la misma mayoría, los jueces consideraron que el país incumplió su obligación de prevenir ese crimen, que establece la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948.
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Una intención que costó probar
El genocidio exige probar algo más que las matanzas: que hubo intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo Es el requisito más difícil de demostrar, y la corte lo dio por acreditado. Concluyó que la “única deducción razonable” es que Myanmar quería destruir “una parte sustancial” del pueblo rohinyá.
Para llegar a esa conclusión, los jueces describieron una violencia sistemática. Las fuerzas de seguridad mataron al menos a 10.000 personas, una cifra que la corte tomó de una misión independiente de la ONU y consideró “respaldada por el expediente”. También documentaron “violencias sexuales generalizadas”, con al menos 1.834 violaciones durante las “operaciones de limpieza” de 2017, y una “violencia extrema” contra los niños. Las aldeas fueron “sistemáticamente destruidas” y sus habitantes, reemplazados por población no rohinyá.
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Qué ordena la corte
El fallo no se limita a la declaración. Myanmar debe “permitir y facilitar el regreso, con total seguridad, voluntario y con dignidad” de los desplazados, devolver o reemplazar sus bienes y ofrecerles rehabilitación física y psicológica. Los jueces fijaron el derecho a una “compensación adecuada”, pero no el monto: le dieron al país dos años para presentar un informe sobre cuánto y cómo pagará, y evaluarán después si es suficiente.
La corte, que resuelve disputas entre Estados y no juzga a personas, ordenó además que Myanmar investigue y sancione a los responsables. Los jueces consideraron insuficientes los intentos anteriores: el país, dijeron, “no ha investigado genuinamente” a sus soldados y comandantes.
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El camino hasta el fallo
La represión de 2017 empujó a cerca de 750.000 rohinyás a Bangladesh, donde hoy viven más de un millón de refugiados en campamentos. El Ejército la presentó como una respuesta a ataques de un grupo insurgente rohinyá contra puestos policiales, y desde entonces rechaza que haya habido genocidio. El caso llegó a La Haya en 2019, cuando Gambia, un país de mayoría musulmana, lo presentó ante la CIJ. En 2020, la corte ya había ordenado a Myanmar adoptar medidas de emergencia para proteger a los rohinyás.
El general Min Aung Hlaing, que estaba al mando de las Fuerzas Armadas en 2017, derrocó en 2021 al gobierno de la premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi. En 2024, el fiscal de la Corte Penal Internacional pidió una orden de arresto contra él. En Argentina, un tribunal emitió en 2025 órdenes de captura contra altos mandos birmanos, en un proceso basado en el principio de jurisdicción universal.
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El caso podría sentar un precedente para la demanda de Sudáfrica ante la CIJ contra Israel por la guerra en Gaza, según la AFP. Israel rechaza esa acusación.
Un cumplimiento incierto
Las sentencias de la CIJ son vinculantes e inapelables, pero la corte carece de medios para hacerlas cumplir. Myanmar vive una guerra civil desde el golpe de 2021, y el Ejército de Arakán, una milicia étnica rakáin, controla gran parte del estado de Rakáin.
El secretario general de la ONU, António Guterres, instó a Myanmar a garantizar el regreso de los desplazados. El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, dijo que espera que el fallo sea un “punto de inflexión” para los rohinyás.
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En Cox’s Bazar, el mayor campamento de refugiados del mundo, los rohinyás siguieron la lectura en una pantalla gigante. Algunos lloraron al oír el veredicto. “Quiero justicia”, dijo a la agencia AFP una mujer de 23 años, que sobrevivió a una violación.
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