
Un juzgado civil y comercial de La Plata condenó a una aseguradora a pagar el valor actualizado de un vehículo robado, más $8 millones por daño moral y daño punitivo. La sentencia consideró que la compañía incumplió el contrato al rechazar la cobertura bajo una acusación de fraude que, según la resolución, no logró demostrar durante el proceso.
El caso se originó por el robo de un Volkswagen Vento 2.0L GLI, ocurrido el 13 de mayo de 2024 en la localidad bonaerense de Virrey del Pino, partido de La Matanza. El demandante sostuvo que circulaba por una calle cuando fue interceptado por dos personas que viajaban en motocicleta.
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Según el planteo presentado en la demanda, uno de los ocupantes descendió del rodado y, con un arma de fuego, obligó al conductor a bajar del automóvil. Los asaltantes se llevaron el vehículo, que estaba cubierto por una póliza contra robo o hurto total emitida por la aseguradora demandada.

El reclamante, actualmente de 47 años, realizó la denuncia policial y, al día siguiente, informó el siniestro a la compañía. También afirmó que aportó los documentos requeridos tanto por la aseguradora como por la consultora designada para investigar el hecho, entre ellos la denuncia policial, la licencia de conducir, el título del automotor, la verificación técnica vehicular y constancias registrales.
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La aseguradora sostuvo una versión distinta. Reconoció que la póliza estaba vigente al momento del episodio y que contemplaba una cobertura de $28,82 millones ante robo o hurto total. Sin embargo, afirmó que el hecho no había ocurrido en las condiciones relatadas y que existían elementos que permitían sospechar de una maniobra fraudulenta.
La aseguradora indicó que pidió información adicional al asegurado, como una declaración ampliatoria, datos de personas mencionadas en el expediente, comprobantes sobre infracciones de tránsito, registros de Telepase y copia completa de la causa penal. Tras considerar que esa documentación no había sido entregada, rechazó la cobertura en agosto de 2024.
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En su defensa, la compañía argumentó que la falta de colaboración habilitaba la pérdida del derecho a cobrar la indemnización, conforme a la Ley de Seguros. También planteó que la denuncia había sido falsa y solicitó el rechazo total de la demanda, con costas para el reclamante.
La jueza concluyó que el robo quedó acreditado a partir de la investigación penal iniciada por el episodio, en la que se incorporó un pedido de secuestro del vehículo. La resolución destacó además que el supuesto fraude invocado por la aseguradora no fue probado con elementos suficientes dentro del expediente civil.
El fallo señaló que el informe elaborado por la consultora contratada por la empresa no alcanzaba, por sí solo, para demostrar una conducta dolosa del asegurado. Para aplicar la exclusión de cobertura por fraude, sostuvo la magistrada, la aseguradora debía acreditar de manera amplia y concluyente que existió una intención de engañar para obtener un pago indebido.
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La sentencia, del Juzgado en lo Civil y Comercial n.° 1 de La Plata, analizó el conflicto bajo las normas del contrato de seguro, el Código Civil y Comercial y la Ley de Defensa del Consumidor. En ese marco, remarcó que existe una relación de consumo entre quien contrata una póliza para proteger su vehículo y la compañía que presta el servicio de cobertura.
La decisión estableció que la indemnización principal no deberá limitarse al monto nominal asegurado al momento del robo. En cambio, ordenó que se determine, durante la etapa de ejecución de sentencia, el valor que tenga el vehículo al tiempo del pago efectivo o, si ya no se fabrica, el precio de una unidad de características similares.
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Para llegar a esa conclusión, el juzgado consideró que la demora atribuida a la compañía no podía perjudicar al asegurado mediante la pérdida de poder adquisitivo de la suma contratada. La resolución citó criterios judiciales que procuran mantener una relación razonable entre el riesgo cubierto y el valor de reposición del bien sustraído.

La magistrada también reconoció $3 millones por daño moral. Fundamentó ese rubro en las molestias, la incertidumbre y las consecuencias personales que podía producir la falta de pago de la cobertura, especialmente porque la empresa atribuyó al reclamante una conducta fraudulenta que luego no quedó acreditada en el juicio.
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En cambio, el fallo rechazó el pedido por privación de uso del vehículo. La jueza entendió que el demandante no presentó pruebas concretas sobre gastos de transporte u otras erogaciones derivadas de no disponer del automóvil, por lo que no correspondía fijar una reparación por ese concepto.
Además, la sentencia impuso $5 millones por daño punitivo. Consideró que la aseguradora incumplió deberes contractuales y de información dentro de una relación de consumo, y que el rechazo de la cobertura sin pruebas suficientes de fraude justificaba la aplicación de una multa civil.
La condena dispuso que la empresa pague el valor actualizado de la unidad y los $8 millones correspondientes al daño moral y punitivo dentro de los diez días una vez que la sentencia quede en condiciones de ejecución. Las costas del proceso fueron impuestas a la aseguradora, mientras que la regulación de honorarios quedó pendiente para una etapa posterior.
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