
Una mujer que dormía en su vivienda de Santos Lugares, en la zona oeste del Gran Buenos Aires, resultó herida cuando el cielorraso de su habitación se desplomó durante la madrugada. La Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de San Martín confirmó la condena contra los propietarios de la unidad situada en el piso superior, al considerar acreditado que las filtraciones de agua desde esa vivienda provocaron el derrumbe, aunque redujo la indemnización por los daños materiales.
La demandante había iniciado una acción por daños y perjuicios tras el episodio ocurrido el 11 de octubre de 2020. Según sostuvo en su presentación judicial, se había acostado cerca de las 22.30 y, alrededor de las 3.45, el cielorraso de una habitación se desprendió y cayó sobre su cuerpo mientras dormía. Indicó que quedó cubierta por escombros y ladrillos, logró incorporarse con dificultad y luego fue trasladada a un centro médico.
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La reclamante —actualmente de 76 años— atribuyó el derrumbe a filtraciones de agua provenientes de la vivienda del primer piso, cuyos propietarios fueron demandados. También afirmó que había advertido con anterioridad sobre problemas de mantenimiento en el sector superior del inmueble y que, tras el episodio, un profesional constató deterioros vinculados con el ingreso de agua desde la terraza.


En la demanda, presentada en abril de 2022, pidió una indemnización inicial de $2.354.200, con la posibilidad de que el monto se ajustara según la prueba reunida durante el proceso. El reclamo incluyó incapacidad física, daño psicológico, daño moral, tratamientos, gastos médicos y de traslado, además de la reparación de la habitación afectada y de otros bienes dañados.
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Los demandados reconocieron que estaban a cargo de la vivienda ubicada sobre la de la reclamante, aunque negaron responsabilidad por lo ocurrido. Su defensa se centró en que la mujer había realizado reformas en su propia unidad antes del derrumbe y que esas obras podían haber tenido incidencia en el desprendimiento del techo.
En el caso, seguido por Infobae, el Juzgado en lo Civil y Comercial n.° 4 de San Martín consideró acreditado que el episodio ocurrió. Para ello, valoró un acta notarial realizada pocos días después del hecho, fotografías que mostraban escombros sobre una cama y declaraciones testimoniales. También tuvo en cuenta la documentación médica que registró la atención de la demandante luego de la caída del cielorraso.
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La sentencia de primera instancia dio especial relevancia a una pericia arquitectónica. El experto concluyó que existían filtraciones desde la vivienda superior hacia la planta baja, con marcas de humedad en los muros interiores. Según ese informe, el agua acumulada incrementó el peso sobre la estructura y superó la resistencia de los ladrillos cerámicos, lo que produjo el derrumbe.
El juez descartó que las reformas atribuidas a la demandante hubieran sido la causa del episodio. Señaló que el perito arquitecto había respondido de forma negativa a esa hipótesis y que la parte demandada no logró demostrar una circunstancia que la eximiera de responsabilidad. El caso fue encuadrado bajo las reglas de responsabilidad por el riesgo o vicio de las cosas.
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En materia de lesiones, la resolución de primera instancia tuvo por acreditado que la mujer ingresó a una guardia médica tras el hecho con politraumatismos, dolor en el hombro derecho y limitaciones de movilidad. La historia clínica incorporada al expediente consignó una fractura no desplazada en la clavícula derecha y tratamientos posteriores, entre ellos sesiones de kinesiología.

La pericia médica determinó una incapacidad física del 17% vinculada con secuelas en el hombro derecho. El juzgado otorgó $8,5 millones por incapacidad sobreviniente, aunque rechazó el pedido por un futuro tratamiento kinesiológico porque el especialista indicó que, por el tiempo transcurrido, no había un tratamiento que pudiera mejorar la funcionalidad del segmento afectado.
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La evaluación psicológica concluyó que el hecho había provocado un trastorno por estrés postraumático, sin una patología previa registrada, y estimó una incapacidad psíquica del 30%. El magistrado fijó $9 millones por daño psicológico y $1,5 millones para un tratamiento de dos años con sesiones semanales, de acuerdo con la recomendación de la experta.
El fallo también reconoció $4 millones por daño moral y $500 mil por gastos médicos, de farmacia, traslados y tratamientos. El juez consideró que el derrumbe dentro de la vivienda, mientras la demandante descansaba, generó padecimientos físicos y anímicos que debían ser reparados. La condena total de primera instancia ascendió a $28,5 millones, más intereses.
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Respecto del daño material, el juzgado había elevado a $5 millones la indemnización por la reparación del cielorraso y la impermeabilización del sector afectado. Lo hizo pese a que el perito arquitecto había calculado en octubre de 2023 que los trabajos requerían $1.888.973,10, al entender que ese valor podía haberse desactualizado durante el trámite judicial.
La Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de San Martín modificó ese punto. Los jueces sostuvieron que el informe arquitectónico había detallado los materiales, la mano de obra y las tareas necesarias, además de fundamentar los valores tomados para el presupuesto. Por ese motivo, concluyeron que no había razones suficientes para apartarse de la estimación técnica.
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El tribunal redujo entonces el rubro de daño material a $1.888.973,10 y confirmó los restantes conceptos cuestionados por los demandados. También rechazó los planteos sobre una supuesta doble indemnización entre daño psicológico y moral, al señalar que se trata de perjuicios distintos: el primero exige una constatación profesional de una patología, mientras que el segundo repara el sufrimiento y la alteración emocional derivados del hecho.
La Cámara también mantuvo la imposición de costas a los demandados. Para el daño material, dispuso aplicar un interés anual puro del 6% desde el hecho hasta el 20 de octubre de 2023, fecha de la pericia arquitectónica, y desde entonces la tasa pasiva más alta hasta el pago efectivo. La regulación de los honorarios profesionales quedó diferida para una etapa posterior del expediente.
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