
La Justicia bonaerense rechazó una demanda por daños y perjuicios contra un vecino del Partido de la Costa, a quien se le atribuía la instalación de una bomba elevadora de agua que provocaba ruidos, vibraciones y un eventual riesgo de humedad en una vivienda lindera. La sentencia de primera instancia impuso las costas del proceso a la demandante.
La reclamante ―actualmente de 61 años― había iniciado la acción en noviembre de 2021. Solicitó que se ordenara el retiro y la demolición de las obras que consideraba irregulares, la reparación de presuntos daños en su inmueble y una indemnización de $300.000, más intereses. También pidió que se contemplaran los gastos que pudieran demandar futuras reparaciones.
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Según la presentación judicial, la bomba había sido instalada en noviembre de 2020 dentro de la propiedad vecina, junto a habitaciones de la casa de la demandante. La mujer sostuvo que entre ambas construcciones no existía una medianera que aislara la instalación y que, cada vez que el equipo entraba en funcionamiento, se escuchaban ruidos y se percibían vibraciones en las paredes.


La demanda indicó que el sonido afectaba el descanso nocturno de la reclamante. De acuerdo con su relato, había tenido dificultades para dormir, tomó medicación y debió trasladarse a otra habitación. También afirmó que la situación repercutió en su grupo familiar y le causó un perjuicio moral.
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El reclamo incluyó la preocupación por una posible filtración de agua o aparición de humedad en el futuro. La demandante planteó que la ubicación de la bomba podía generar ese problema en la pared lindera, con consecuencias para la vivienda y para quienes la habitaban. Ese punto fue formulado como un daño eventual, no como una afectación ya comprobada.
Antes de acudir a la Justicia, la mujer denunció la situación ante la municipalidad local. Expuso que había realizado varios reclamos administrativos por ruidos molestos y que recibió una respuesta oficial según la cual el inconveniente ya había sido solucionado. Sin embargo, sostuvo que las molestias continuaban.
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También remitió una carta documento al propietario de la vivienda lindera. Allí lo intimó a cambiar la ubicación de la bomba y a colocar mecanismos que redujeran los ruidos. Ante la falta de una solución que considerara suficiente, promovió la demanda civil y solicitó una compensación económica por los daños denunciados.
El demandado fue declarado rebelde en una primera etapa del expediente, debido a una notificación que se tuvo por válida. Más tarde planteó la nulidad de esa medida y señaló que había tomado conocimiento del juicio varios meses después. El Juzgado en lo Civil y Comercial n.º 2 de Dolores hizo lugar a ese planteo al advertir que la persona notificada y el demandado eran homónimos.
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Una vez regularizada la notificación, el propietario de la bomba contestó la demanda. Negó los hechos y sostuvo que la cabina donde se encontraba el equipo no estaba montada sobre la medianera. Afirmó que se trataba de una construcción de ladrillo con aislación hidrófuga y que la instalación había sido adaptada tras una inspección municipal.

La defensa indicó que la bomba tenía una potencia de 0,5 HP y que contaba con aislación acústica y un apoyo para evitar la transmisión de vibraciones. También sostuvo que, al momento de la mediación previa, el problema ya estaba resuelto. Por ese motivo, pidió que se rechazara el reclamo y cuestionó la existencia de daños y de un vínculo entre la instalación y las molestias alegadas.
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La prueba central del caso fue una pericia de ingeniería realizada en ambos inmuebles. El experto revisó el gabinete de la bomba, examinó las paredes, tomó mediciones de sonido y evaluó las condiciones de funcionamiento de la instalación. El informe concluyó que el equipo no producía ruidos molestos ni vibraciones en la vivienda lindera.
Según la pericia, la bomba estaba ubicada dentro de una cabina con una pared divisoria, revestida en su interior con material aislante. Además, se encontraba apoyada sobre una base de hormigón y poliestireno expandido, destinada a absorber vibraciones. El profesional informó que la construcción cumplía con la normativa vigente y no presentaba observaciones técnicas.
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Durante la inspección, el perito registró niveles sonoros de entre 25 y 32 decibeles en el ambiente de la demandante. Consideró que esos valores eran bajos y adecuados para espacios destinados al descanso. También indicó que no detectó daños en la pared divisoria ni elementos que permitieran prever perjuicios futuros por humedad o filtraciones.
La sentencia también analizó declaraciones de testigos de ambas partes. Algunas personas convocadas por la demandante señalaron que habían escuchado un zumbido o percibido vibraciones en oportunidades anteriores. No obstante, la jueza entendió que esos relatos eran referenciales y no alcanzaban para desvirtuar las conclusiones técnicas de la pericia.
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En cambio, los testimonios ofrecidos por la defensa fueron valorados junto con el informe del ingeniero y una constatación posterior de la instalación. Entre ellos se destacó la declaración de una persona que conocía el funcionamiento de bombas de agua y afirmó que el equipo estaba aislado, no tenía contacto con la pared lindera y emitía un sonido normal para ese tipo de aparato.

La magistrada aplicó las normas del Código Civil y Comercial que regulan los límites entre propiedades vecinas y la responsabilidad por daños. Explicó que una instalación dentro de un inmueble no puede provocar molestias que excedan la tolerancia habitual ni causar perjuicios al vecino, pero señaló que esos extremos deben estar probados en el expediente.
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En este caso, el fallo concluyó que no se acreditó que la bomba hubiera provocado ruidos molestos, vibraciones, daños materiales ni un riesgo concreto de humedad. Tampoco se tuvo por demostrada una relación causal entre la instalación y los perjuicios reclamados. Por esa razón, la demanda fue rechazada y la regulación de honorarios quedó diferida hasta que la resolución quede firme.
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