Corrupción en Chaco: la Corte dejó firme la condena a un exfuncionario por el manejo de fondos de publicidad oficial

Horacio Rey, exsecretario general de la Gobernación durante la gestión de Domingo Peppo, fue condenado a cinco años y seis meses de prisión por asociación ilícita. La causa investigó contrataciones irregulares y presuntos desvíos de recursos del fideicomiso FAPPO

Un hombre de traje habla ante dos micrófonos en un atril, con un teléfono inteligente montado en un soporte en primer plano
La Corte Suprema dejó firme la condena a cinco años y seis meses de prisión de Horacio Rey, ex funcionario del gobierno de Chaco, por asociación ilícita en el caso FAPPO
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La Corte Suprema de Justicia resolvió rechazar por inadmisible el recurso de queja presentado por la defensa de Horacio Rey, ex secretario general de la Gobernación de Chaco durante la gestión del exgobernador Domingo Peppo. De este modo, dejó firme la condena a cinco años y seis meses de prisión efectiva por asociación ilícita, en una causa por el manejo de fondos públicos y pautas publicitarias oficiales.

El expediente se conoció públicamente como el caso FAPPO, por el Fideicomiso de Pauta Publicitaria Oficial. La acusación sostuvo que parte de esos recursos habría sido direccionada a empresas fantasma o vinculadas con funcionarios, mediante contrataciones irregulares.

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La Justicia provincial consideró a Horacio Rey jefe de una asociación ilícita vinculada con el manejo de fondos públicos. En el mismo proceso también fue condenado Gustavo Katavich, ex administrador del Fideicomiso de Administración de Pauta Publicitaria Oficial (FAPPO). La investigación alcanzó además a otros exfuncionarios y particulares, entre ellos Paulo Andrés Butticé, Miguel Ángel Vilte, Carlos Rubén David Osuna y María Laura Aguirre.

En el mismo fallo resuelto este jueves, la Corte intimó a la defensa a efectuar el depósito previsto por el artículo 286 dentro de los cinco días de la notificación, bajo apercibimiento de ejecución. Se refiere a la norma que prevé que quien interpone una queja debe hacer un depósito judicial previo a la orden de la Corte. Actualmente, el monto fijado es de $1.400.000.

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Por su parte, el ministro Ricardo Lorenzetti añadió en su voto que el rechazo de un recurso mediante el artículo 280 no implica que la Corte confirme ni declare acertada la decisión apelada. Se trata de una decisión de inadmisibilidad, aunque en este caso mantiene sin modificaciones la resolución de la justicia chaqueña.

Antecedentes

La situación judicial de Horacio Rey se divide en dos causas distintas vinculadas con presuntas maniobras de corrupción y lavado de activos.

El exgobernador chaqueño, Domingo Peppo
El exgobernador chaqueño, Domingo Peppo

En la causa provincial conocida como FAPPO, la Justicia investigó el posible desvío de fondos del Fideicomiso de Administración de Pauta Publicitaria Oficial. La hipótesis acusatoria sostuvo que, desde la estructura estatal, se habrían efectuado contrataciones con fundaciones y empresas que cobraron por servicios que no habrían prestado.

Rey fue condenado inicialmente a siete años de prisión por asociación ilícita y defraudación agravada contra la administración pública. El Superior Tribunal de Justicia de Chaco anuló la condena por el delito de fraude debido a errores en el juicio, pero mantuvo la responsabilidad por asociación ilícita y ordenó establecer una nueva pena.

En marzo de 2023, la Cámara Tercera en lo Criminal de Resistencia le impuso una pena de cinco años y seis meses de prisión efectiva por asociación ilícita. En junio de 2024, el mismo tribunal ordenó su detención al entender que se habían agotado los recursos disponibles, aunque la defensa argumentaba que aún quedaba pendiente una presentación ante la Corte Suprema, que acaba de ser rechazada por el máximo tribunal.

En paralelo, Rey está involucrado en otra investigación, de jurisdicción federal, llamada “Lavado I”. El expediente aborda el presunto reciclaje de dinero que, según la fiscalía, provenía de actos de corrupción cometidos entre los años 2011 y 2018.

La acusación describió una estructura que habría permitido canalizar fondos de origen ilegal hacia la compra de inmuebles, vehículos y embarcaciones, el pago de servicios y la capitalización de empresas. Según esa hipótesis, algunos de los acusados habrían participado a través de compañías beneficiadas por licitaciones, mientras que otros habrían actuado como prestanombres para la adquisición de bienes.

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