
La presa política cubana Ana Ibis Tristá Padilla, de 37 años, denunció desde la prisión de mujeres La Veguita, en Las Tunas, que su condena de 14 años de privación de libertad le cambió la vida y la separó de su familia. “Me arrebataron la vida y me robaron la libertad”, escribió en una carta difundida el 16 de noviembre por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH).
En el texto, dirigido a los cubanos dentro y fuera de la isla, Padilla cuestionó el proceso judicial que derivó en su encarcelamiento. La opositora afirmó que fue juzgada a partir de “mentiras” y “falacias”, y sostuvo que su caso tuvo un objetivo ejemplificador contra quienes manifiestan posturas críticas frente al gobierno cubano.
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“Este gobierno corrupto, manipulador, mentiroso e injusto me juzgó con mentiras, falacias, un juicio amañado donde se desmintió y dejamos al descubierto mi inocencia y aun así se empeñan en llevar a prisión a una persona inocente”, expresó la activista, según la carta divulgada por el OCDH.
La organización indicó que Tristá Padilla mantiene sus convicciones pese a la condena y a las condiciones de su reclusión. En otro pasaje de la misiva, la mujer se definió como una persona comprometida con sus ideas y con la libertad de Cuba. “Aquí estoy convertida en una roca incorruptible capaz de soportarlo todo sin desalentarme, porque creo en el cambio, en la libertad de los cubanos”, señaló.
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Una absolución por falta de pruebas fue anulada y derivó en una nueva condena
El caso de Padilla tuvo un giro judicial después de una primera absolución. De acuerdo con información publicada por Martí Noticias y recogida por otros medios independientes cubanos, un tribunal de Santiago de Cuba la había absuelto en noviembre de 2024 por insuficiencia de pruebas, junto con el activista Jarol Varona Agüero.
La Fiscalía recurrió aquella decisión y el Tribunal Supremo anuló la absolución en mayo de 2025. Tras un nuevo proceso, la mujer recibió una pena de 14 años por los delitos de propaganda contra el orden constitucional y otros actos contra la Seguridad del Estado. La sentencia quedó firme el 8 de agosto de 2026, tras el rechazo de los recursos de casación, según informó la organización jurídica Cubalex.
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Las acusaciones se vincularon con una convocatoria a una marcha en el parque Vicente García de Las Tunas, prevista para mayo de 2023, que finalmente no se realizó. Las autoridades también le atribuyeron la colocación de carteles de contenido político y presuntos preparativos para lanzar cócteles molotov.
El OCDH sostuvo que el nuevo juicio se apoyó en informes y testimonios de órganos de seguridad del régimen. La organización cuestionó que la condena se dictara después de que el tribunal inicial considerara que no existían elementos suficientes para acreditar la responsabilidad penal de la activista.

La carta también expone el impacto familiar y los problemas de salud
Padilla es madre de una hija y ha denunciado que la prisión la alejó de sus seres queridos. En su nueva carta, incluyó la separación familiar entre las consecuencias más duras de su encarcelamiento.
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Su situación también generó preocupación entre organizaciones de derechos humanos y medios independientes, que difundieron denuncias sobre su estado físico. La activista ha referido problemas renales, asma crónica, anorexia, dolores persistentes y dificultades para caminar. En una comunicación anterior, señaló que debía tomar medicamentos de forma continua para evitar complicaciones en los riñones.
organizaciones como Ciudadanía y Libertad y el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP) también reclamaron atención médica especializada, garantías para su integridad física y el fin de las represalias contra los presos por motivos políticos.
La carta difundida esta semana volvió a colocar el caso entre las denuncias de organizaciones opositoras y de derechos humanos sobre la actuación de la justicia cubana frente a activistas y críticos de la dictadura.
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