
La Corte Suprema de Justicia rechazó este jueves dos planteos de Walter Ricardo Bento, ex titular del Juzgado Federal N° 1 de Mendoza, con competencia penal y electoral, condenado a 18 años de prisión por encabezar una organización dedicada al cobro de sobornos a cambio de beneficios judiciales. En una de las resoluciones, el máximo tribunal dejó firme su destitución por mal desempeño, dispuesta en noviembre de 2023. En la otra, desestimó una queja contra el rechazo de una acción de habeas corpus vinculada con la revocación de su arresto domiciliario.
El primero de los expedientes, identificado como CSJ 2698/2023/RH1, “Bento, Walter Ricardo s/ remoción”, llegó a la Corte luego de que fuera denegado el recurso extraordinario presentado por el exmagistrado contra su expulsión del cargo. Bento había cuestionado distintas irregularidades que, según su defensa, afectaron las garantías del procedimiento mediante el cual fue apartado.
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En esta resolución, el máximo órgano judicial aceptó la excusación de su presidente, Horacio Rosatti, quien había intervenido previamente en las actuaciones desarrolladas ante el Consejo de la Magistratura. La decisión entonces fue firmada por los ministros Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz, junto con los conjueces Leopoldo Bruglia, Diego Perozziello Vizier y Alejandro Robiglio.
Al analizar el recurso, los magistrados recordaron que la revisión judicial de los procesos de destitución se limita al control de las garantías del debido proceso. Señalaron que el juicio político busca determinar si un juez conserva las condiciones constitucionales y legales necesarias para ejercer su función, mediante reglas diferentes de las que rigen los procedimientos destinados a establecer responsabilidades penales.
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Con ese criterio, consideraron que los cuestionamientos formulados por Bento no tenían entidad suficiente para modificar lo resuelto por el Jurado de Enjuiciamiento y desestimaron la presentación.
Los motivos de la destitución
Bento fue removido el 8 de noviembre de 2023, después de que el Jurado considerara acreditadas cinco conductas constitutivas de mal desempeño. Había asumido al frente del juzgado mendocino en septiembre de 2006.
Entre los hechos examinados se encontraban diversas maniobras destinadas a interferir en la investigación penal que se desarrollaba en su contra. También se determinó que había vendido un inmueble sin informar deliberadamente su condición de persona políticamente expuesta, lo que impidió que la propiedad quedara alcanzada por una medida cautelar sobre su patrimonio.
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Otro de los cargos estuvo relacionado con la obtención de un crédito hipotecario destinado a vivienda única. Según estableció el Jurado, el entonces magistrado proporcionó información falsa para acceder al préstamo pese a ser propietario de otros inmuebles.

A esas irregularidades se sumaron omisiones en sus declaraciones juradas patrimoniales correspondientes al período comprendido entre 2005 y 2020, así como su inscripción en el concurso N° 475 para integrar la Cámara Federal de Casación Penal, aun cuando sabía que no reunía las condiciones exigidas para participar.
La destitución permitió hacer efectiva la prisión preventiva que pesaba sobre Bento, hasta entonces amparado por la inmunidad de arresto correspondiente a su investidura. El exjuez quedó detenido mientras avanzaba el juicio oral iniciado meses antes por presuntos hechos de corrupción cometidos durante su desempeño en la Justicia Federal de Mendoza.
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La condena penal y el reclamo por la prisión domiciliaria
El 6 de febrero pasado, el Tribunal Oral Federal N° 2 de Mendoza lo condenó a 18 años de cárcel, inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos y una multa superior a los 540 millones de pesos. La decisión fue recurrida ante la Cámara Federal de Casación Penal, por lo que la sentencia todavía no está firme.
El tribunal consideró probado que Bento había encabezado una asociación ilícita dedicada al cobro de dinero a cambio de resoluciones favorables para personas investigadas en causas penales. También lo declaró responsable de ocho hechos de cohecho pasivo, enriquecimiento ilícito, lavado de activos agravado, falsedad ideológica y ocultamiento e inutilización de un objeto destinado a servir como prueba.
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La investigación involucró a otras 32 personas, entre ellas integrantes de su familia. Su esposa, Marta Boiza, recibió una pena de seis años de prisión por lavado de activos, enriquecimiento ilícito y falsedad ideológica. Uno de sus hijos, Nahuel Agustín Bento Boiza, fue condenado a cinco años por lavado de activos agravado.

En paralelo, la defensa presentó distintas solicitudes para modificar las condiciones de detención del exmagistrado. Los pedidos se fundamentaron principalmente en la situación de salud de su hijo Facundo, quien tiene una discapacidad y requiere asistencia permanente.
En ese contexto, Bento promovió una acción de habeas corpus para cuestionar la revocación del arresto domiciliario que se le había concedido recientemente. Tras el rechazo de esa presentación, acudió de manera directa a la Corte Suprema a través de un recurso de queja.
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En este segundo expediente, FMZ 27574/2024/1/1/RH1, los ministros Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz, junto con los conjueces Juan Perozziello Vizier y Rocío Alcalá, aplicaron el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y dejaron firme el rechazo del hábeas corpus. Horacio Rosatti también permaneció excusado.
A principios de octubre, el Tribunal Oral Federal N° 2 de Mendoza había autorizado provisionalmente a Bento a salir del establecimiento penitenciario los viernes por la mañana y regresar los lunes a las 14, para pasar los fines de semana con su familia. La medida fue dispuesta por Jorge Gamal Abdel Chamia, juez subrogante del tribunal.
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