
Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pidieron al Tribunal Oral Federal 2 que designe un administrador recaudador judicial para intervenir sobre bienes vinculados a Lázaro Báez alcanzados por órdenes de decomiso en relación con la condena del caso Vialidad. El planteo se apoya en una investigación que tramita en Río Gallegos, donde se analiza la existencia de una presunta estructura dedicada a administrar y movilizar activos relacionados con el empresario.
Los representantes del Ministerio Público Fiscal señalaron que los elementos reunidos indican que los bienes decomisados “siguen siendo explotados y generando frutos”, entre ellos alquileres y producción agropecuaria. Según sostuvieron, esos ingresos se percibirían “fuera de todo control jurisdiccional, por medio de terceros y bajo directivas del propio condenado”.
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La solicitud apunta a que un administrador recaudador judicial inspeccione cada propiedad para “verificar su estado de ocupación” e “individualizar a los ocupantes”. En caso de que los inmuebles estén alquilados, deberá identificar a las partes de los contratos, los montos acordados y las modalidades de pago.
Los fiscales también solicitaron que los inquilinos sean notificados de que los alquileres están “sujetos a decomiso” y que “la única forma de cumplir con sus obligaciones será depositando las sumas de dinero correspondientes en la cuenta de autos”.
En su presentación, Luciani y Mola afirmaron que detectaron indicios de que Báez, aun detenido, “continuaría dando directivas sobre la gestión de bienes que integran su patrimonio, a través de personas de su confianza”. El escrito identifica a Cristian Sebastián Ibáñez como presunto operador de hecho y menciona a Claudia Noemí Insaurralde, pareja del condenado.
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Los bienes que los fiscales buscan poner bajo control judicial
La hipótesis fiscal se apoya, entre otros elementos, en comunicaciones interceptadas con autorización judicial entre septiembre y octubre de 2026, que reflejarían instrucciones sobre las estancias Alquinta y La Entrerriana, la firma Austral Agro SA y contratos de alquiler de inmuebles vinculados con distintas sociedades.

La presentación presta especial atención a los departamentos ubicados en Zapiola 55, en Río Gallegos. Según el escrito, la administración de esas unidades habría pasado de una inmobiliaria local a una financiera de la zona y “hoy no se conoce quién percibe los cánones locativos”.
Los fiscales indicaron que la gran mayoría de los inmuebles y vehículos identificados en la investigación ya estaban alcanzados por el decomiso dispuesto en la causa Ruta del dinero o comprendidos en la ejecución de la medida ordenada en el expediente Vialidad.
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Luciani y Mola sostuvieron que, si los bienes decomisados generan ingresos mediante contratos de alquiler, esos recursos también deben quedar comprendidos por la orden judicial. Con ese argumento, solicitaron al tribunal que adopte medidas para asegurar los activos y resguardar los ingresos que producen.
Entre los bienes que los fiscales buscan poner bajo control judicial en Santa Cruz figuran las estancias mencionadas, seis unidades del edificio de Zapiola 55, los inmuebles de Badial SA ubicados en Gregorio Funes 840, 850 y 880, un predio de Kank y Costilla SA donde funciona un lavadero y una propiedad situada en Córdoba 45. La presentación también incluye una camioneta Toyota Hilux de Austral Agro SA y un Ford Mondeo con pedido de secuestro.
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El TOF 4 ordenó liquidar Austral Agro y puso sus bienes bajo control estatal
Por otra parte, en el marco de la causa Ruta del dinero, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 4 resolvió avanzar con la liquidación del paquete accionario de Austral Agro SA, una empresa cuyo 70 % pertenece a Lázaro Báez y el 30 % a su hijo Martín. La medida busca destinar el valor de la firma y sus activos al pago de las multas impuestas por la condena dictada contra el empresario en ese expediente.
La resolución dispuso inscribir las acciones a nombre del Estado Nacional, con asignación a la Unidad de Información Financiera (UIF), y requirió la intervención urgente de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE). El organismo deberá asumir el control operativo de la sociedad y administrar sus bienes y los ingresos que produzcan.
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