El Juzgado Federal de Primera Instancia N° 4 de Rosario, subrogado por Carlos Vera Barros, dictó el procesamiento de la ex interventora del Servicio Penitenciario Federal (SPF), María Laura Garrigós de Rébori, en la causa que investiga la falta de controles sobre el uso de celulares por parte de presos vinculados con organizaciones narcotraficantes.
Para el magistrado, la exfuncionaria es responsable de los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos, por supuestamente haber omitido medidas destinadas a impedir comunicaciones no autorizadas desde cárceles federales entre el 11 de junio de 2020 y el 31 de diciembre de 2021.
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En su fallo, precisó que, desde sus lugares de detención, condenados o imputados por graves delitos vinculados con la criminalidad compleja lograron planificar y realizar “maniobras destinadas a mantener extra muros la vigencia de las organizaciones delictivas que lideraban”.
El juez consideró que Garrigós de Rébori “no arbitró los medios necesarios para la adquisición e instalación de dispositivos inhibidores de señales radioeléctricas en las distintas dependencias del SPF, de conformidad con lo establecido en el artículo 160 de la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad 24.660 y sus modificatorias”.
Asimismo, indicó que “tampoco adoptó las medidas bajo su órbita para recabar antecedentes que existieran dentro del SPF respecto del pedido de instalación de inhibidores y el tratamiento administrativo correspondiente a los pedidos concretos de adquisición e instalación de inhibidores que ya habían sido efectuados por las dependencias de los Complejos Penitenciarios Federales I (Ezeiza) y II (Marcos Paz) que alojaban detenidos de ‘alto riesgo’”.
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En la causa intervienen los fiscales Claudio Kishimoto y Matías Scilabra; el titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), Diego Iglesias; y María Garmendia Ortega, integrante de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA).
El Ministerio Público atribuyó a la ex titular del SPF durante el gobierno de Alberto Fernández no haber supervisado el cumplimiento de la prohibición de ingreso y tenencia de teléfonos celulares ni haber dispuesto mecanismos alternativos para evitar que internos de alto riesgo mantuvieran actividades delictivas desde sus lugares de detención.
La acusación
La causa se originó a partir de un control extraordinario realizado en el Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz, donde fue hallado un teléfono celular con batería, nano SIM y cable USB oculto dentro de un televisor en la celda de Ariel Máximo Cantero, conocido como “Guille” y señalado como líder de Los Monos.
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A partir de ese hallazgo, el Ministerio Público Fiscal dividió el expediente entre los presuntos delitos atribuidos a Cantero desde prisión y la posible responsabilidad de las autoridades penitenciarias por el acceso a dispositivos cuya utilización estaba prohibida.
Respecto de Cantero, la fiscalía argumentó que existían “numerosos antecedentes” relacionados con delitos que habría cometido desde la cárcel. La pesquisa también examinó la eventual “mera facilitación de los medios para el ingreso de los aparatos de telefonía utilizados por Cantero”.
Entre las restricciones dispuestas para internos vinculados con el narcotráfico figuraban el impedimento de mantener contacto con otros detenidos por delitos de esa índole, la prohibición de comunicaciones móviles y la instalación de inhibidores en el pabellón o módulo en el que se encontraran alojados.
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La defensa de la ex interventora del SPF intentó apartar a los fiscales del caso por una supuesta falta de objetividad. Sin embargo, primero la Cámara Federal de Rosario y luego la Cámara Federal de Casación Penal confirmaron su participación en la causa.
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