Casación ordenó que continúe la causa contra el exjuez Marcelo Bailaque y Santiago Busaniche

La Cámara Federal de Casación Penal ordenó este lunes que continúe el proceso contra el exjuez federal de Rosario Marcelo Martín Bailaque y el escribano Santiago Busaniche, acusados en una causa por presuntas maniobras de corrupción y extorsión. Los jueces Carlos Mahiques, Daniel Petrone y Gustavo Hornos rechazaron planteos de las defensas y, al mismo tiempo, hicieron lugar a los recursos del Ministerio Público Fiscal y la querella contra la suspensión que había frenado el avance del expediente hacia el juicio oral.

La discusión se produjo durante la etapa de control de la acusación, instancia previa al juicio en la que se define, entre otras cuestiones, qué hechos serán debatidos y qué prueba podrá utilizarse. El juez Aníbal Pineda, del Colegio de Jueces con funciones de revisión de Rosario, había dispuesto que, una vez dictado el auto de apertura a juicio, el trámite quedara suspendido hasta que la Corte Suprema resolviera una controversia planteada por la defensa de Bailaque acerca de cuál de los dos códigos procesales penales debía aplicarse al caso.

La fiscalía y la querella cuestionaron ese criterio. Sostuvieron que la suspensión no tenía respaldo expreso en la ley y que implicaba “paralizar sine die el avance del proceso hacia el debate oral”. Pidieron que las actuaciones continuaran mientras la Corte analiza la discusión procesal pendiente.

Casación les dio la razón. En el voto que abrió el acuerdo, el juez Petrone subrayó que la paralización había sido dispuesta “por fuera de toda previsión legal” y contrariaba los principios de “celeridad, simplicidad, desformalización y plazo razonable” que rigen el Código Procesal Penal Federal.

Mahiques coincidió en que la concesión del recurso extraordinario sobre el régimen procesal aplicable no justificaba detener el resto del trámite. Hornos adhirió y agregó que, frente a cuestiones “meramente ritualistas”, debían prevalecer razones orientadas a “una mejor y más pronta administración de justicia”.

El expediente contra Bailaque y Busaniche

La resolución alcanza a una de las causas en las que Marcelo Bailaque, quien dejó de ser juez federal de Rosario el 1° de julio de 2025, tras la aceptación de su renuncia al Juzgado Federal N° 4, está acusado por presuntas maniobras de corrupción cometidas durante su actuación como magistrado.

Según la acusación del Ministerio Público Fiscal, Bailaque habría intervenido junto con Santiago Busaniche, el empresario Fernando Whpei y el exfuncionario de la AFIP Carlos Vaudagna en una maniobra destinada a presionar a dos empresarios mediante actuaciones judiciales y fiscales.

La fiscalía postula que, en uno de los casos, se exigieron USD 200.000 para evitar que un empresario fuera perjudicado en una causa penal y que finalmente entregó USD 160.000. Busaniche aparece acusado por su presunta intervención como intermediario en esa operatoria.

En ese expediente, su defensa cuestionó, entre otros puntos, un supuesto cambio en el rol atribuido al acusado. Sostuvo que inicialmente había sido señalado como partícipe necesario de prevaricato, allanamiento ilegal y falsedad ideológica de documento público, pero que luego la acusación pasó a presentarlo como instigador y agregó el delito de abuso de autoridad.

También pidió anular el acuerdo de colaboración celebrado entre Whpei y el Ministerio Público Fiscal, al considerar que sus declaraciones eran contradictorias con las de otro imputado colaborador.

Casación rechazó esos planteos. El máximo tribunal penal del país consideró que las defensas no demostraron la existencia de una cuestión federal suficientemente fundada que habilitara esa instancia de revisión y que sus agravios expresaban una discrepancia con las decisiones adoptadas durante el control de la acusación.

Los planteos sobre la prueba

En una segunda resolución dictada este mismo lunes, la Casación Federal declaró inadmisible otra impugnación presentada exclusivamente por la defensa de Bailaque, vinculada con decisiones probatorias tomadas durante la misma etapa procesal.

El recurso cuestionaba, entre otros puntos, la exclusión de determinados testigos, la admisión de otras declaraciones y la aplicación del artículo 165 del Código Procesal Penal Federal.

El tribunal explicó que las resoluciones que admiten o rechazan pruebas antes del juicio no son, en principio, sentencias definitivas y solo excepcionalmente pueden ser revisadas por Casación si generan un perjuicio imposible de reparar posteriormente.

Según escribió Petrone, “la mera invocación de la relevancia de la prueba cuya producción fue denegada no resulta suficiente para franquear la instancia extraordinaria”. Para los camaristas , la defensa no explicó de qué manera esas decisiones ocasionaban un perjuicio actual e irreparable ni acreditó una afectación que exigiera una intervención inmediata.

Los jueces también desestimaron el planteo contra la aplicación del artículo 165. Al respecto, recordaron que declarar inconstitucional una norma constituye una medida excepcional y concluyeron que la defensa no había demostrado una incompatibilidad manifiesta con garantías constitucionales.

Así las cosas, en el expediente compartido por Bailaque y Busaniche, el máximo tribunal penal federal dejó sin efecto la suspensión y dispuso la “continuidad del proceso según su estado”, mientras la discusión sobre el régimen procesal aplicable permanece pendiente ante la Corte Suprema.