Las claves de la investigación a Claudio “Chiqui” Tapia por presunto enriquecimiento ilícito

Propiedades, vehículos, viajes al exterior y nivel de vida de Claudio “Chiqui” Tapia quedaron en la mira judicial desde ese viernes a partir de una denuncia por supuesto enriquecimiento ilícito, que cuestiona la evolución de su patrimonio desde que asumió como funcionario público en la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE) en 2016. Se trata de determinar si existió un incremento patrimonial “apreciable” que no pueda justificarse con ingresos legales, ya sea de manera directa o por medio de terceros.

La presentación se originó en una denuncia del empresario Guillermo Tofoni, enfrentado con Tapia pero por un tema contractual en su rol de presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, cargo por el que no percibe salario y que no forma parte de la investigación que abrió el fiscal federal Gerardo Pollicita.

Tofoni planteó en su denuncia diferencias entre las declaraciones juradas patrimoniales de Tapia, sus ingresos y la adquisición, venta o registración de inmuebles, vehículos y activos líquidos durante el período bajo análisis. La denuncia ubica el salto patrimonial en 2019.

La investigación -una vez que el juez federal Ariel Lijo resuelva si ordena las medidas que le pidió el fiscal- apuntará al patrimonio declarado por Tapia como funcionario en el CEAMSE. Según la documentación citada por Pollicita, fue vicepresidente del organismo en representación de la Ciudad de Buenos Aires hasta 2024 y pasó a presidirlo en nombre de la provincia de Buenos Aires gobernada por Axel Kicillof desde enero de 2025.

El salto de 2019

Tofoni tomó como referencia la declaración jurada de 2017, en la que Tapia habría informado cuatro propiedades, con un valor fiscal conjunto cercano a $17 millones; un vehículo y activos líquidos por debajo de $1,5 millones. Según la denuncia, al tipo de cambio de entonces esa liquidez equivalía a unos US$43.000.

El planteo central es que en 2019 se habrían incorporado cuatro inmuebles al patrimonio declarado. La denuncia menciona una casa de 315 metros cuadrados en Beccar, partido de San Isidro; un departamento de 291 metros cuadrados en Caballito; una propiedad en Cardales o Ingeniero Maschwitz; y un terreno de 2.430 metros cuadrados en Campana, que habría sido comprado con crédito hipotecario.

El denunciante sostuvo que esos bienes están ubicados en zonas de alto valor de mercado y advirtió que la información disponible no permitiría reconstruir con precisión las fechas, los montos de compra y las fuentes de financiamiento. La fiscalía recogió esos elementos como hipótesis iniciales que deben ser verificadas mediante medidas de prueba.

También se menciona la venta, en 2020, de una casa de Tapia en Caballito por US$950.000. Para Tofoni, la diferencia entre esa operación y el valor declarado al momento de adquisición requeriría ser examinada junto con los ingresos informados en el período.

Además, depósitos declarados en 2024 y su ausencia en 2025 forman parte de la pesquisa. Al respecto, se pide esclarecer la evolución de los activos líquidos. La declaración jurada de 2024 habría registrado más de $1.002 millones en depósitos bancarios, $39 millones en efectivo y US$246.206 en una caja de ahorro valuados al tipo de cambio oficial.

La presentación calcula que ese conjunto representaba una liquidez cercana al millón de dólares. Sin embargo, señala que en la declaración jurada presentada en julio de 2025 se habría consignado cero pesos en efectivo y cero en depósitos bancarios.La investigación buscará determinar el origen y destino de esos fondos, así como establecer si los movimientos guardan relación con ingresos, consumos, créditos, inversiones, ventas de activos o transferencias que puedan ser documentadas.

Los sueldos de Tapia

La denuncia también cuestionó cambios en la registración de bienes ubicados en San Juan. Dos inmuebles que antes figuraban como propios habrían aparecido luego dentro del patrimonio ganancial, con valores fiscales menores a los informados en declaraciones anteriores. Uno de los bienes, además, habría cambiado su descripción de vivienda a terreno.

Entre los elementos mencionados también figura un predio en Exaltación de la Cruz. Tofoni sostuvo que una propiedad declarada en 2006 con una superficie de 230 metros cuadrados se habría ampliado mediante dos parcelas linderas hasta alcanzar aproximadamente 6.100 metros cuadrados.

Los ingresos de CEAMSE y Conmebol serán objeto de contraste. En el requerimiento, Pollicita detalló, según la denuncia, los ingresos que Tapia habría declarado en julio de 2025. La documentación citada incluye una remuneración anual de $100.233.144 por su cargo en CEAMSE, con una dedicación declarada de 15 horas semanales.

A ello se sumaría una retribución anual de $718.536.500 de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), donde Tapia figura como vicepresidente segundo y habría declarado una dedicación de dos horas semanales. La función en la AFA, según esa declaración, fue consignada como ad honorem.

El denunciante Tofoni calculó ingresos anuales superiores a $818 millones, además de otros conceptos: unos $44 millones por la venta de un vehículo, $30 millones en viáticos de la AFA por viajes internacionales y alrededor de $130 millones por intereses de plazos fijos y diferencias de cambio. La fiscalía pidió que esos montos sean contrastados con los datos oficiales, bancarios, tributarios y laborales disponibles. El objetivo es establecer si existe una correspondencia razonable entre el patrimonio exteriorizado, las disponibilidades, los gastos y las fuentes de fondos declaradas.